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Por
Cledis Candelaresi
No
hay un solo funcionario en el gobierno nacional que no avale una reestructuración
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el
objetivo de evitar que al fisco se le sigan escurriendo miles de millones
de pesos anuales. Con este propósito, la Jefatura de Gabinete promete
tener listo para fin de año su “plan estratégico”,
enmarcado en la reforma del Estado que impulsaba el ex vicepresidente
Carlos Alvarez, y que Fernando de la Rúa adoptó como propia.
Pero, al menos por ahora, sólo hay certeza acerca de dónde
podrían obtenerse los 200 millones de pesos que costaría
renovar el staff y el equipamiento informático.
Para este fin, según especulan en la Jefatura, podrían destinarse
préstamos ya concedidos por el Banco Mundial pero aún no
utilizados. Esta aplicación de fondos haría factible la
incorporación de personal altamente calificado –seguramente
en un número muy inferior a los dos mil quinientos empleados que
acaban de irse– y la compra de software y hardware adaptado a las
necesidades del organismo recaudador.
El presupuesto propio difícilmente permitiría atender estas
necesidades. Los 900 millones anuales asignados a la DGI y a la Aduana
son consumidos, en gran medida, por los 22 mil empleados. El actual titular
de Afip, el radical Héctor Rodríguez, se queja de no tener
recursos para los vitales viáticos de los inspectores o para publicitar
los vencimientos impositivos. “Este año tenemos cero recursos
para propaganda, contra los 60 millones que se destinaban a principio
de los ‘90”, se lamenta un colaborador del administrador actual.
Para resolver la cuestión, Chrystian Colombo probó una vez
más la amplitud que le celebran los legisladores, aun los de signo
opuesto. El jefe de Gabinete abrió un ronda de consultas que incluye
desde el justicialista presidente del Banco Provincia, Ricardo Gutiérrez,
a los técnicos de la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas, pasando por Juan Alemann y Domingo Cavallo. Este último
parece haber tenido más predicamento que el resto, promoviendo
en el Gobierno el debate acerca de privatizar la recaudación impositiva.
Uno de los adeptos a esta idea es el propio Colombo, quien la considera
con sumo cuidado, descartando de cuajo una tercerización masiva
de la cobranza de impuestos. El jefe de Gabinete es proclive a una privatización
selectiva que, a modo de prueba, podría comenzar por el monotributo.
En este esquema, la firma privada a la que se le encomiende la tarea podría
cobrar una comisión sobre el incremental, es decir, sobre el monto
que consiga aumentar, efectivamente, la recaudación.
Pero la fórmula cavallista también gana detractores, entre
ellos, el propio Rodríguez, quien sólo cree factible una
privatización periférica, por ejemplo, de los juicios que
encara la DGI para cobrar a los contribuyentes morosos o de las deudas
computadas en una moratoria específica, tal como hizo el gobernador
cordobés, José Manuel de la Sota. “Darle a una consultora
privada la base íntegra de datos de los contribuyentes resulta
disparatado. La empresa la puede utilizar hasta para operar sobre la bolsa”,
advierte el diputado justicialista Oscar Lamberto. Más cerca de
Colombo, un funcionario aliancista también alza su voz crítica.
“Si el Estado resigna su posibilidad de recaudar, ¿para qué
está?”
Pero el plan incluye dotar a la Afip de otros instrumentos que la hagan
más eficiente, como el tan pregonado cruce de datos con otros organismos
públicos para chequear la verdadera envergadura patrimonial de
los contribuyentes. El plan de renovación de la Administración
podría ir más allá, y promover cambios de política
tributaria, potestad de Economía. Técnicos próximos
a Colombo estiman grosso modo que empresas y particulares gastan más
de 1000 millones de pesos anuales en honorarios de contadores para realizar
presentaciones que les permitan eximirse del pago de impuestos. Sin tan
sólo una porción de aquel monto fuera destinada a las arcas
públicas, el Gobierno podría darse por satisfecho.
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