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Sin
muchas más herramientas en mano que el paquete de rebajas impositivas
a la inversión recientemente lanzado, el Gobierno confía en
un mejoramiento en las condiciones externas para acceder a una salida más
o menos inmediata de la recesión. Pero las perspectivas no indican
que se le presente un cielo libre de nubarrones. “La volatilidad de
los mercados americanos no cesa; el precio del petróleo es una incógnita
a futuro; nuestro vecino Brasil entró en una zona de mayor riesgo
(su tipo de cambio se está deslizando) y finalmente el flujo de capitales
externos se está replegando en los mercados emergentes”, señala
en su informe semanal de ayer la Fundación Capital. Adicionalmente
apunta que, internamente, “la liquidez se irá estrechando, ya
que el horizonte de fondeo para los bancos no luce despejado; por lo tanto,
el costo del dinero seguirá elevado”. El equipo económico atravesó la crisis política de octubre –renuncia del vicepresidente y recomposición del gabinete– habiendo pagado un alto costo, tanto en materia de fuga de depósitos como en la suba de las tasas que paga por la toma de dinero en el mercado. “El riesgo país no cede de los 800 puntos básicos (8 puntos por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos)”, asegura la Fundación Capital, que además pronostica que, “con mercados internacionales de deuda cerrados, el sector público volcará toda su presión por conseguir recursos en el mercado doméstico”. Ello alimentará el mantenimiento de altas tasas locales, lo cual permite prever que “resultará difícil sostener la recuperación por el lado del crédito”. Por otra parte, el informe señala que “la percepción generalizada de demora en la reactivación económica también inhibe a vastos segmentos que son potenciales demandantes de crédito”. Una excepción la constituye el crédito hipotecario, en particular en dólares que, a partir de agosto, evidencia una tasa de crecimiento equivalente al 20 por ciento anual. El mayor dinamismo de esta franja del mercado financiero estaría impulsada por la demanda de un sector de altos ingresos que, sin embargo, todavía no se transmite al nivel de actividad en la construcción. La conducción económica viene aplicando, desde que asumió en diciembre de 1999, una política a rajatabla para cumplir con las exigencias de los sectores más ortodoxos, bajando el déficit fiscal por una doble vía: aumento de impuestos y baja drástica del gasto, incluso al punto de echar mano de los salarios de empleados estatales aun en contra de la posición de la Justicia. El sacrificio de los más caros compromisos de la Alianza triunfante en las elecciones de octubre del año pasado se hicieron en nombre de bajar la tasa de riesgo país y generar “confianza” en el exterior. Sin embargo, otra vez a fin de año la opinión de las calificadoras de riesgo parecen manejarse con otros parámetros. La reducción del gasto no produjo mayor confianza, sino mayor recesión. Las decisiones de inversión se postergaron ante la falta de reacción de la actividad económica; el malhumor social derivó en una crisis política y los capitales financieros terminaron ahuyentados, como si el Gobierno hubiera tenido mano suelta para expandir el gasto y hacer política social con quienes la demandaban y necesitaban. El nuevo cuadro de situación es descripto por la Fundación Capital en estos términos: mientras se preserva la fortaleza del sistema financiero, el estancamiento de los depósitos y la suba del riesgo país amenazan la recuperación del crédito, minando así la reactivación. Tampoco las señales del exterior son alentadoras. Y por el modelo de inserción financiera y comercial elegida por Argentina, cada acontecimiento internacional repercute negativamente en el país en forma mucho más amplificada que en cualquier otro.
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