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Por
Pedro Lipcovich
“Donde
pisa el Primer Mundo no vuelve a crecer la hierba”, dice el cartel
que ayer quedó clavado en un bosque patagónico devastado.
La organización Greenpeace y entidades ambientalistas de Chubut
manifestaron en esas soledades contra un convenio que, según ellas,
“transfiere a la Argentina la responsabilidad por contaminación
ambiental causada en países desarrollados”. Ese convenio,
firmado 15 días antes de dejar su cargo por la ex secretaria de
Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, “permite establecer
“sumideros” en los que los bosques nativos son sustituidos por
pinos de corta vida”, según los ambientalistas. Los manifestantes
exigen que se anule el convenio y que, en la reunión de la Convención
Internacional sobre Cambio Climático que empieza el lunes que viene,
“la Argentina deje de ser un operador de la política de Estados
Unidos”.
A las tres de la tarde de ayer, más de cien personas se habían
reunido en el arroyo El Perdido, a pocos metros del lago La Plata y cerca
de la localidad de Alto Río Senguer, en el sudoeste de la provincia
de Chubut. Además del cartel antedicho, otras pancartas decían:
“No más talas de lengas”; “No a Prima Klima”.
Prima Klima es el nombre de una fundación alemana, vinculada con
empresas privadas. El 25 de noviembre del año pasado, la entonces
secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Julia
Alsogaray, y el entonces gobernador de Chubut, Carlos Maestro, homologaron
un convenio por el cual esta provincia y Prima Klima invertían,
a partes iguales, 2.200.000 pesos para un proyecto de “manejo de
bosques” que duraría cinco años, en el marco de la
Convención Internacional sobre Cambio Climático.
Según Juan Carlos Villalonga –quien participó en la
manifestación de ayer como responsable del Area Clima de la entidad
ambientalista Greenpeace Internacional–, el propósito de fondo
del proyecto es “generar bonos de carbono”. Un grupo de países
liderado por Estados Unidos, con apoyo de las grandes corporaciones petroleras
y automotrices, presiona para que la Convención les permita eludir
la reducción de quema de petróleo, gas y carbón en
sus países, reemplazándola por esos “bonos” que
se obtendrían plantando, en países pobres, árboles
que, al absorber carbono de la atmósfera, reducirían la
contaminación global.
“La validez del método es dudosa, deja de lado la solución
de fondo que es reducir la emisión de contaminantes y transfiere
al Sur la responsabilidad que corresponde a los países del Norte”,
afirmó el representante de Greenpeace. Villalonga agregó
que “el acuerdo dura cinco años, pero el bosque de pinos deberá
durar 50 años para garantizar que el carbono no retorne a la atmósfera
y su mantenimiento deberá correr por cuenta del Estado argentino”.
La concreción del proyecto quedó en manos del Ciefap (Centro
de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónica),
que depende de la Nación, de las provincias de esa región
y se mueve con subsidios internacionales. Víctor Antorena, del
grupo Vuquipura Mapu (que significa “natural de la tierra”),
denunciaba ayer que “talaron la lenga indiscriminadamente y han dejado
devastación. Cayeron árboles de todos los tamaños,
incluso los pequeños ‘renovales’”. Un bosque de
lenga –llamada roble patagónico– tarda 70 años
en regenerarse.
El plan es reemplazar la lenga por pinos: “Un bosque ya maduro no
rinde tantos bonos, ya que consume mucho menos carbono que los pinos en
crecimiento. Por eso talan y plantan pino”, explicó Villalonga.
La tala fue provisoriamente detenida en setiembre por decisión
judicial, luego de una presentación de la defensora del Pueblo
chubutense, Marcela Colombini, pero “continúan las presiones
para que se toleren estos ‘sumideros’”, sostuvo Villalonga.
Ayer hubo una protesta similar en El Foyel, cerca de Bariloche, Río
Negro, donde “talan el bosque natural para plantar pino junto al
Parque Nacional Nahuel Huapi, en un área donde seiba a desarrollar
un corredor biológico, aumentando el riesgo de incendios en la
zona”.
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