|
Por
Horacio Cecchi
 Cuando
faltan apenas días para un fallo que se presume condenatorio, la
Cámara del Crimen de San Rafael dispuso la libertad bajo fianza
de entre 15 mil y 20 mil pesos, a siete de los nueve imputados por el
crimen de Sebastián Bordón, por haber cumplido más
de tres años en prisión sin recibir condena. De hacer efectivo
el pago, quedarán en libertad hasta el momento del veredicto. En
caso de resultar un fallo condenatorio que sea apelado, la prisión
se extenderá por seis meses. Si dentro ese plazo no se confirma
la sentencia, los imputados volverán a recuperar la libertad hasta
que quede firme. La decisión de la Cámara tiene lugar en
medio de una polémica contra la ley del 2 por 1, severamente cuestionada
por los representantes de la tolerancia cero, con el gobernador bonaerense
Carlos Ruckauf a la cabeza de la mano dura. Pero ayer la decisión
de los camaristas mendocinos no abrió la puerta de calle a vulgares
delincuentes sino a una estructura de la policía mendocina, acusada
por el crimen del estudiante. Mientras Luis Bordón, padre de Sebastián,
reconocía amargamente su respeto a los derechos humanos, incluidos
los de los imputados por el asesinato de su hijo, Ruckauf se tomó
un respiro en su campaña contra el Pacto de San José de
Costa Rica.
El juicio oral por el caso Bordón tiene nueve acusados: los ex
agentes Roberto Gualpa, Abelardo Cubillos y Daniel Gómez, el ex
cabo Esteban Merelo, y el ex comisario de Malargüe, Carlos Escobar,
imputados por el homicidio. El ex comisario de San Rafael, Hugo Trentini,
acusado de instigación al abandono de persona seguido de muerte.
El ex comisario Juan de Dios Atencio, la parapsicóloga Amanda Ledesma
y el camionero Hugo Vega Giménez están imputados por encubrimiento.
De ellos, Atencio y Ledesma ya habían sido excarcelados y se presentaron
al juicio sin custodios y con las muñecas libres. Los siete restantes,
todos ex policías, permanecían detenidos y solicitaron el
viernes pasado el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica,
y de la ley 24.390 o del 2 por 1. Esta última fija un límite
preciso a la prisión sin condena firme: 2 años, plazo que
se extiende a 3 en los casos complejos, como lo es el de Bordón.
Ayer por la mañana, la Cámara del Crimen de San Rafael,
compuesta por los jueces Domingo Mauricio, Mario Giambastiani y Jorge
Germanó, aceptó el pedido, fijando una fianza de 20 mil
pesos, salvo para Ledesma y Escobar, que deberán entregar 15 mil
como caución. De todos modos, los defensores consideraron “demasiado
alto” el monto, y solicitaron que sea aceptada una propiedad como
caución.
El año pasado ya habían hecho uso del recurso, al cumplirse
los dos años de prisión –como lo fija la ley del 2
por 1–, pero en aquella oportunidad los camaristas rechazaron el
planteo y extendieron el plazo un año más.
“Es una noticia triste y dolorosa –reconoció Luis Bordón,
padre del estudiante asesinado–. A pesar de todo, nosotros tenemos
los mismos ideales de siempre, que son el respeto a la ley y a los derechos
humanos. Fue realmente inesperado, pero no vamos a bajar los brazos y
vamos a seguir peleando como hasta ahora.”
“La decisión de la Cámara no implica que los considere
inocentes –dijo a Página/12 Diego Lavado, abogado de la familia
Bordón–. Es independiente de la culpabilidad que creemos completamente
probada. Al margen de que nos guste, siempre sostuvimos que la aplicación
del 2 por 1 es un derecho del imputado y consideramos que debe resolverse
de esa manera. De todas maneras, creo que las fianzas son demasiado benignas.
En casos de homicidio anteriores, la misma Cámara fijó fianzas
de entre 50 mil y 70 mil pesos. Por otro lado, también el año
pasado siguieron el mismo criterio de otorgar la libertad bajo fianza
en un caso de violación, y finalmente el imputado fue condenado.”
Para la semana próxima están agendados los alegatos y se
supone que la sentencia demorará unos 15 días más.
Hasta ese momento, si cualquiera de los beneficiados entrega la fianza
deberá ser liberado de inmediato. Pesea que en la Cámara
niegan que exista la posibilidad de una fuga, la cuestión eriza
la piel de la familia querellante. El miércoles pasado, se desató
un escándalo en la Policía Bonaerense, después de
que el ex policía Justo López, condenado a perpetua por
el asesinato del estudiante platense Miguel Bru y liberado después
de cumplidos los tres años de prisión sin condena firme,
fuera declarado prófugo de la Justicia.
|
