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Aparentemente
los últimos datos estadísticos provenientes de la
Provincia de Buenos Aires confirman, una vez más, el juego
morboso que se despliega institucionalmente, cada vez que se acude
al instrumento de la “mano dura”, a través del
discurso mediático y normativo, en la denominada lucha contra
la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Como era previsible,
el aumento del uso de la prisión preventiva, el crecimiento
de las manifestaciones de violencia institucional provenientes del
Estado y las balas que había que echar para combatir el crimen
pueden haber generado alguna ventaja política producto del
rápido impacto mediático y las excusas necesarias
para aumentos de presupuestos y de discrecionalidad en el ejercicio
del poder, pero, hoy como siempre, no han servido para asegurar
al ciudadano niveles razonables de paz social.
Por el contrario, han generado debilitamiento de las rotaciones
comunitarias, declive en las manifestaciones de solidaridad, escalada
sin fin del nivel de violencia, y falta notoria de compromiso de
la clase política y de las instituciones con las verdaderas
causas del delito que sucede en las calles (que ha logrado ocultar
al delito que sucede en otros lugares y que genera un impacto social,
sobre todo en países pobres, tremendo).
El camino es otro: presencia institucional cerca de la comunidad,
mutuo control de los operadores del sistema, participación
comunitaria, mayor tecnología en los sistemas de investigación
judicial, trabajo en equipo y sobre todo romper las barreras burocráticas
que separan la instancia de prevención de la instancia judicial.
En ello reside lo verdadero del concepto de prevención general.
Eficiencia y garantías no son vasos comunicantes en el sentido
de que un aumento en el nivel de uno requiere un descenso en el
nivel del otro. Se puede ser ineficiente en ambas dimensiones (como
lo demuestran las estadísticas dadas a luz en los últimos
días), como se puede ser eficiente en los des-sentidos (como
lo demuestran varios países de los llamados “desarrollados”).
Nunca sabremos cuántas muertes son producidas a diario sólo
por el efecto irracional de los discursos autoritarios, quizá
sean menos que las que fueran necesarias para la consolidación
de las garantías individuales.
* Fiscal
general. Profesor de Derecho Penal. Universidad de Buenos Aires.
Universidad de Palermo.
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