El presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Pablo Fernández, resolvió ayer la adopción de medidas preliminares destinadas a esclarecer la situación de la jueza correccional Emilia Martha García. El lunes, Página/12 había revelado que la jueza García participó de la ingeniería societaria ideada por el ex almirante Eduardo Emilio Massera y destinada a apropiarse de los bienes de personas secuestradas por los grupos de tareas de la Marina y desaparecidas en la Escuela de Mecánica de la Armada. 
Como parte de las actuaciones previas, el diputado freapasista Fernández solicitó la comparecencia de los autores de la nota periodística por el artículo 7 del Reglamento de la Comisión Acusadora, es decir con carácter informativo. Fernández sostuvo que �la cuestión es suficientemente grave como para que esta Comisión de Acusación inicie las medidas preliminares necesarias a fin de esclarecer los hechos�.
El nombre de la jueza Emilia Martha García tomó estado público a mediados del mes de octubre, cuando permitió que el mayor retirado Jorge Olivera, acusado de participar en la muerte de la joven Marie Anne Erize, acceda a la dcocumentación reservada de la Conadep. Este diario pudo saber entonces que la jueza era la misma persona que en 1977 asistió al escribano masserista Ariel Sosa Moliné en el montaje del aparato legal que sirvió para desapoderar a Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio Palma de la titularidad de Cerro Largo, la sociedad comercial propietaria de unos valiosos terrenos ubicados en Chacras de Coria. Los tres, junto al yerno de Cerutti, Omar Massera Pincolini, fueron secuestrados durante operativos realizados en Mendoza y en Buenos Aires en las primeras semanas de enero de 1977. En los sótanos de la ESMA, los titulares de Cerro Largo fueron obligados a transferir sus bienes. En esa tarea cooperaron contadores y escribanos navales que actuaban en la ESMA, pero también profesionales que constituían el aparato legalizador del ex almirante: entre otros Sosa Moliné y Emilia Martha García, que figuró como síndico suplente, síndico titular y luego accionista de Wil-Ri, una sociedad delictiva que se creó como �puente� para traspasar a los Massera las tierras de Chacras de Coria. El caso de �Chacra de Coria� es uno de los crímenes por los que Massera fue juzgado y condenado. 

Leiva sí, Marquevich no

En su sesión habitual de los martes, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió citar para el 14 de noviembre al juez federal Roberto Marquevich. Marquevich será citado por el artículo 7, o sea a prestar una declaración meramente testimonial. Ello debido a un súbito cambio de postura del consejero Juan Gersenobitz �representante por el colegio de abogados bonaerense�, quien cambió la decisión anticipada de convocarlo por el artículo 9 del reglamento, que prevé la oportunidad del descargo del acusado, paso previo al enjuiciamiento. 
Marquevich tiene pedidos de jury por su actuación en causas de enorme gravedad institucional: su vinculación con Alfredo Yabrán y sus actuaciones en la investigación del supuesto suicidio del brigadier Rodolfo Echegoyen; en la �operación Strawberry� (contrabando de cocaína) y la �mafia del oro�.
Por el contrario y siempre a instancias de Gersenobitz, el juez federal mendocino Luis Leiva (que investigó al banquero Raúl Moneta) fue citado a comparecer por el artículo 9, el próximo 5 de diciembre. A la sesión asistían, además, el diputado menemista Miguel Angel Pichetto y Angel Garrote (Colegio de Abogados): la menemista Leila Chaya se encontraba participando del Jubileo, el senador Augusto Alasino, de licencia, y el radical Melchor Cruchaga, ausente y preparando el juramento que prestará hoy como secretario de Justicia. Fernández, en absoluta minoría, se opuso a citar a Leiva por el artículo 9 y señaló que debía escucharse antes ladeclaración de la radical Elisa Carrió, quien aseguró tener elementos valiosos que aportar. Gersenobitz desestimó el argumento y prejuzgó que no valía la pena puesto que la declaración de la diputada estaría destinada, con seguridad, a �atacar a Moneta y no a defender a Leiva�. Del mismo modo contestó a Garrote, quien propuso esperar a que llegaran las respuestas escritas de las fiscales federales de Mendoza Alejandra Obregón y Susana Balmaceda. Gersenobitz replicó que tampoco sus declaraciones importaban dado que �capaz que el cuestionario no lo contestaron ellas�.

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