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El inadmisible paradero del cuerpo de Santucho

El general Balza declaró en la causa que investiga la desaparición del jefe del ERP. Pedirían un careo con otros militares.

El ex jefe del Ejército reconoció que en Campo de Mayo funcionó un centro clandestino.

t.gif (862 bytes) El ex jefe del Ejército, Martín Balza, calificó de �incomprensible e inadmisible� que aún no se sepa la ubicación de los restos de los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo Mario Santucho y Benito Urteaga, muertos en Villa Martelli en un enfrentamiento con el Ejército en 1976. Balza hizo esas declaraciones ante el juez federal de San Martín Alfredo Bustos, quien lleva adelante la causa que investiga el destino final de los líderes del ERP. 
Luego de su declaración ante la Justicia, que se prolongó por tres horas, el ex jefe del Ejército reclamó que �quienes tienen los conocimientos para encontrar los cuerpos de estas personas, los den a conocer�. También admitió que en 1978 ya sabía que funcionaba dentro de los cuarteles de Campo de Mayo un �lugar de reunión de detenidos�. 
Balza confirmó que en el mismo año se inauguró en el Comando de Institutos Militares un �Museo de la subversión�, aunque aseguró que no participó de la �ceremonia� ni tampoco escuchó comentarios sobre que en esa ocasión se haya exhibido el cadáver de Santucho.
Sin embargo, el abogado patrocinante de la familia del jefe del ERP, Manuel Gaggero, anticipó que piensa pedirle al juez un careo entre Balza, el ex dictador Jorge Videla, Santiago Riveros, quien se desempeñó como director del Comando de Institutos Militares, y Federico Verplaetsen, ex Jefe de Inteligencia del Ejército. Los tres habían negado la existencia de un campo de concentración dentro del regimiento de Campo de Mayo.
Gaggero afirmó además que planea pedir una nueva citación del actual jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien ya declaró ante el juez Bustos el pasado lunes. En esa ocasión, el militar reveló que el grupo de tareas que ingresó al departamento de Santucho dependía del batallón 601 de Inteligencia del Ejército. 
En su declaración, Brinzoni también dijo que ignora por qué no se le dio intervención a la Justicia en el hecho, ni pudo justificar la ausencia de certificados de defunción.
Para justificar su presencia en un homenaje que el Ejército le realizó al capitán Juan Carlos Leonetti, muerto en el operativo de captura de la cúpula del ERP, recordó que había sido su compañero de promoción del Colegio Militar. Aseguró que se enteró de las muertes de Leonetti, Santucho y Urteaga �a través de los diarios�. 
Balza, por su parte, en coincidencia con su sucesor, dijo que se enteró de esos hechos �a través de un periódico argentino en la ciudad de Lima�, ya que revistaba en la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Perú. El militar retirado informó que se desempeñó en ese lugar desde fines de 1975 hasta principios de 1978. 
En cuanto a la existencia de documentos sobre el operativo en Villa Martelli, Balza señaló que �no le consta�, y que cuando estaba al frente del Ejército ordenó buscar �todo tipo de información relacionada con la lucha contra la subversión�, sin tener resultados positivos. En ese sentido, recordó que en 1983, el entonces comandante en jefe de la fuerza, Teniente General Cristino Nicolaides, ordenó incinerar la documentación vinculada con la represión ilegal. 
Por otra parte, Balza admitió en su declaración que en la denominada �guerra antisubversiva� las Fuerzas Armadas no respetaron ni la Convención de Ginebra ni el derecho de guerra humanitario y que se marginó �el orden jurídico vigente en nuestro país�.
El 19 de julio de 1976, una patrulla militar encabezada por el capitán Juan Carlos Leonetti allanó un departamento de la localidad de Villa Martelli en donde se encontraban Santucho, junto a su esposa Liliana Delfino, Ana María Lanzilloto, embarazada de seis meses, Domingo Menna, Urteaga y su hijo de dos años. Se produjo un tiroteo en el que murieron Leonetti y Urteaga, mientras que Santucho, herido de gravedad, habría fallecido poco después cuando era trasladado a Campo de Mayo.

 


 

Pedirán perpetua para Suárez Mason

Laura Términe
Desde Roma

El fiscal italiano Francesco Caporale pedirá hoy penas de cadena perpetua para los ex generales Carlos Guillermo Suárez Mason, Santiago Riveros, el ex jefe de la Prefectura Carlos Gerardi y los militares Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Oscar Héctor Maldonado y Roberto Rossin, acusados en Roma por el asesinato de siete ciudadanos italianos y la desaparición de un bebé durante los años de la dictadura. Durante la audiencia realizada ayer en el aula bunker de Rebibbia, Santina Mastinu reconoció los rostros de Puertas, Porchetto y Rossin, indentificándolos como los autores de su secuestro y el de su hermano, Martino Mastinu, desaparecido desde el 7 de julio de 1976.
En una requisitoria que se extenderá durante toda la jornada, Caporale le dará un contexto histórico al golpe del 24 de marzo de 1976 y luego expondrá uno por uno los casos de Laura Carlotto (y su hijo Guido nacido en cautiverio), Pedro Mazzocchi, Norberto Morresi, Luis Alberto Fabri y Daniel Ciuffo, por cuyos homicidios pedirá cadena perpetua para el ex general Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército en los años de la represión de Estado. Después abordará las muertes de Mario Marras y su cuñado Mastinu, asesinados en la zona norte del Gran Buenos Aires y solicitará la misma condena para Riveros, por entonces capo máximo del área que incluía los institutos militares de Campo de Mayo. Para Gerardi y los otros militares, entonces subordinados de la Prefectura, Caporale también requerirá la cárcel para toda la vida acusándolos de la desaparición del sindicalista Mastinu. 
Los defensores de oficio de los ex generales intentaron ayer lo imposible ante el Segundo Tribunal Criminal de Roma. Los letrados entregaron al juez Mario D�Andria una larga lista de prelados y militares que querían sentar como testigos antes de pasar a la fase de los alegatos. Entre otros, el ex nuncio Pio Laghi, y los obispos Tortolo yGracelli, estos dos últimos ya fallecidos, dato que obviamente desconocían los jóvenes abogados. El juez y los jurados populares negaron la petición. El Tribunal volvió a escuchar a Santina Mastinu, quien reconoció las fotos de Puertas, Porchetto y Rossin, los militares de la Prefectura que junto a Maldonado integraban la patota que secuestró a su hermano, y que actuaban a las órdenes de Gerardi, quien a su vez respondía al general Riveros. Mastinu recordó un dato que ya había aportado en las primeras audiencias. �Porchetto, ¿por qué me haces esto, yo qué te hice?�, le dijo Mastinu a su ex compañero del astillero Astarsa, que conducía el auto del operativo, y en el cual también estaba Santina. Varios testimonios del video del Juicio a los Comandantes preparados para la audiencia no pudieron ser escuchados por problemas de traducción simultánea. De todas formas, el Tribunal alcanzó a escuchar las palabras del gendarme Omar Torres cuando reconocía que se había desempeñado como guardia en los centros clandestinos de detención de la Quinta Brigada de Tucumán y El Olimpo.

 

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