El represor Ricardo Miguel Cavallo, procesado por el juez Baltasar Garzón por genocidio, terrorismo y torturas, está desplegando su estrategia para evitar pasar el resto de su vida en una prisión española. Ayer, el abogado José Scelzi pidió que la Justicia argentina reclame la extradición del marino a quien sus víctimas conocieron como �Marcelo� o �Sérpico�. La intención es obvia, una vez en el país, lo ampararían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 
Según manifestó explícitamente el defensor de Cavallo, el propósito del escrito presentado ante la Policía Federal �y que recayó en la Justicia en manos del juez Adolfo Bagnasco� es �excitar a las autoridades federales competentes de la República Argentina para que conozcan y juzguen todos y cada uno de los hechos, circunstancias, pruebas e imputaciones penales esgrimidas por los magistrados españoles respecto del señor capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo a fin de exhortar su extradición a las autoridades mexicanas�. 
Scelzi �representante del ex jefe del Ejército Martín Balza en la causa por la venta ilegal de armas� apeló a los principios de �territorialidad� y de �nacionalidad�. Con citas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros pactos internacionales el letrado argumentó que la detención de su cliente en México, donde era director del Registro Nacional de Vehículos, violaba el �principio de inocencia�, la �garantía del juez natural�, �el principio de legalidad�, �el derecho de defensa� y de �economía procesal�. 
Sobre el �derecho a la defensa�, el abogado del represor miembro del grupo de tareas que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada, señaló que su defendido se vería perjudicado porque los testigos que lo beneficiarían no podrían comparecer en España ya que al salir del país quedarían detenidos. 
A pesar de todos los argumentos jurídicos y técnicos que se esgrimieron, en el mismo escrito se admitió que el único fin del pedido es intentar que �Sérpico� sea puesto en libertad y devuelto a la Argentina con pasaje pago. El reconocimiento se hizo al decir que �un magistrado local puede de oficio resolver sin dilaciones las extinciones de las acciones penales que los jueces ibéricos pretenden vigentes contra� Cavallo. En respuesta a las críticas de la comunidad internacional hacia las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el abogado aseguró que �en el dictado de ambos cuerpos normativos se materializó el �principio de libre determinación�� de los pueblos.
Scelzi intentó transmitir el odio que los militares argentinos tienen contra Garzón por perseguirlos más allá de la frontera y las leyes de impunidad. El resentimiento se explicitó en el texto en una cita del filósofo José Ortega y Gasset: �La escasez de la cultura intelectual española, esto es, del cultivo o ejercicio disciplinado del intelecto, se manifiesta no en que se sepa más o menos, sino en la habitual falta de cautela y cuidados para ajustarse a la verdad que suelen mostrar los que hablan o escriben�. 
El 22 de octubre Página/12 reveló la existencia de una maniobra del Gobierno para evitar que Cavallo sea trasladado de México a España, donde será juzgado. En esa oportunidad, se informó que se iba a presionar al juez federal Gustavo Literas �que tiene a su cargo una causa por la desaparición del abogado Conrado Gómez que involucra la apropiación de sus bienes� para que solicitara la extradición del represor. En base a esa denuncia, varios organismos de derechos humanos se entrevistaron con Literas, quien afirmó que no tenía intención de reclamar al marino. 
La presentación hecha por defensa del represor ante el Departamento de Seguridad de Estado de la Policía Federal fue sorteada ayer en la Justicia Federal. Será el juez Bagnasco quien deberá evaluar la solidez de lasolicitud, que tiene un único propósito, que los crímenes cometidos por Cavallo queden impunes.

ORDEN DE LA CORTE POR EL CRIMEN DEL GENERAL PRATS
Pinochet no sale de Chile

El ex dictador Augusto Pinochet no podrá salir de Chile por dos meses. Así lo dispuso ayer el juez de la Corte Suprema de ese país, Luis Correa Bulo, quien dictó una �orden de arraigo� en su contra a propósito del pedido de extradición que realizó el magistrado argentino Juan José Galeano por su responsabilidad en el asesinato en Buenos Aires del ex general chileno Carlos Prats. La misma prohibición pesa sobre otros seis militares y civiles implicados en ese crimen, por el cual está siendo juzgado como �partícipe necesario� el ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel.
La �orden de arraigo� contra Pinochet implica una prohibición expresa a algo que, en verdad, el ex dictador ya tenía vedado en los hechos, como es su salida de Chile. Pinochet ya vivió una vez en carne propia las consecuencias de viajar al exterior con cuentas pendientes en diversos países del mundo por sus violaciones a los derechos humanos: fue a Londres y terminó preso un año y medio porque el juez madrileño Baltasar Garzón ordenó su captura a raíz de los crímenes cometidos por la dictadura chilena contra ciudadanos de origen español.
La medida dictada por Correa Bulo �quien preside la segunda sala en lo penal de la Corte Suprema chilena� tendrá validez por 60 días. Mientras tanto, la Justicia deberá resolver si concede su extradición a la Argentina por su responsabilidad, en el asesinato de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido en Buenos Aires el 30 de setiembre de 1974.
En ese crimen están imputados otros seis militares y civiles chilenos cuya extradición también solicitó Galeano y a quienes Correa Bulo prohibió salir de Chile. Se trata del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras; su lugarteniente Pedro Espinoza; el jefe del aparato exterior de la DINA, Raúl Iturriaga Neumman; el brigadier retirado José Zara y los civiles Jorge Iturriaga y Mariana Callejas.
El único procesado en la causa es Arancibia Clavel, detenido desde enero de 1996, cuando se le dictó prisión preventiva como �partícipe necesario� del doble homicidio. Es su caso el que se está ventilando en juicio oral y público. En la audiencia de ayer se repasaron los testimonios que ofrecieron varios testigos durante la instrucción de la causa, como los de Renato Osorio, familiar de un diplomático chileno, y el del policía estadounidense, Eduard Propper.
La decisión de atentar contra Prats se habría tomado después por Pinochet y los jefes de la DINA, luego transmitida a Arancibia Clavel y a quien se sindica como el autor material del ataque, Michael Townley.

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