Por Carlos Rodríguez
Luego de 21 días de huelga de hambre, con 14 kilos menos que se le notan, el preso Luis Alberto Santillán resolvió levantar la medida que venía realizando en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, luego de una audiencia con el presidente del Tribunal de Casación bonaerense, Federico Domínguez, quien se comprometió a analizar una causa que el detenido tiene pendiente, sin resolución judicial, desde hace siete años, contrariando normas internacionales en la materia. Como única condición, Domínguez le pidió a Santillán que vuelva a recibir alimentos y él aceptó �porque confió en el doctor�, dijo Santillán a Página/12, que lo entrevistó luego de la audiencia, gestionada por la Procuración Penitenciaria, pero gestada por el propio detenido al sumarse, desde la cárcel, a un debate radial del que participaba el titular de Casación. En nota dirigida a las autoridades judiciales, el procurador Francisco Mugnolo advirtió que la situación de Santillán debe ser resuelta para �evitar eventuales sanciones al Estado argentino� de parte de organismos internacionales de derechos humanos.
Santillán fue detenido el 8 de octubre de 1993, en San Martín, por un robo calificado, con intervención del juez Aníbal Olivieri, quien le dictó la prisión preventiva. Dos años después la medida fue prorrogada y en 1996 llegó a la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes, donde duerme desde hace cuatro años. En consecuencia, por esa causa, el preso lleva detenido siete años, que por aplicación de la todavía vigente ley del dos por uno se extienden a 12 de prisión preventiva. En ese tiempo, Santillán fue condenado a diez años y seis meses de prisión por otro robo calificado. Como es reincidente, el detenido debe cumplir toda la pena, que finaliza el 1º de junio de 2002.
�El colmo sería que después de esa fecha siga con prisión preventiva en una causa en la que no se determinó si soy culpable o inocente�, declaró Santillán, quien desde que está en la cárcel terminó sus estudios primarios y secundarios. Ahora quiere recibirse de abogado �porque en la prisión tenés dos caminos: te ponés a hacer algo útil para el futuro o te la pasás juntando resentimiento y salís peor de lo que entraste�. El preso, como padre que es, lleva consigo fotos de su �beba de ocho años�, como llama a su única hija, nacida meses antes de su detención. �Quiero ser abogado para que se olvide que su padre fue un ladrón�, aseguró.
Santillán, que en una entrevista anterior con este diario formuló graves acusaciones contra el Servicio Penitenciario Bonaerense, reconoció que hoy está �bastante bien� en la cárcel federal de Ezeiza. �Después de lo que dije, me persiguieron, me hicieron la vida imposible, me mandaron a una cucha en Sierra Chica, pero ahora estoy tratando de asesorar jurídicamente a otros presos y espero que las actuales autoridades nacionales (se refiere a las del Ministerio de Justicia) retomen el buen trabajo que hicieron (Ricardo) Gil Lavedra y (Patricia) Bullrich.�
Aunque sostuvo que su postura no es política, Santillán salió a refutar �la campaña del gobernador (Carlos) Ruckauf contra el dos por uno y en favor de la mano dura�. Para confirmar su opinión, en el sentido de que �la mano dura no sirve para nada�, puntualizó que �las estadísticas están demostrando que hubo más muertos en enfrentamientos, ya que se pasó de 69 en 1999 a 115 en el 2000, pero además hay que agregar que hubo 87 muertes inocentes�. Para que no queden dudas de su imparcialidad, recalcó que le duelen las muertes �de uno y otro bando�, sin hacer diferencias entre delincuentes y policías.
Confirmando que se siente �cada vez más seguro� por el conocimiento adquirido en materia de leyes, su primer contacto con el doctor Domínguez lo tuvo a través de Radio Mitre, al terciar telefónicamente �desde su lugar de detención� en una discusión por el dos por uno promovida por la periodista Lorena Maciel. En ese momento aprovechó la ocasión para pedirle la audiencia al titular de la Cámara de Casación, que finalmente se concretó con la ayuda de la Procuración. Ayer, Santillán fue avalado en supostura con un documento de la Procuración que fue entregado a Domínguez por la doctora Andrea Triolo, en representación de Mugnolo.
Santillán aportó también un escrito por el que promueve el juicio político de los miembros de la Sala III de Mercedes. Domínguez dijo a este diario que recibió el reclamo �que parece fundado�, pero eludió una definición �porque hay que conocer a fondo la causa�. Para la Procuración, lo que le está ocurriendo a Santillán en esa causa �bien puede ser considerada como una pena anticipada�.
El jefe se retiraria este mes
Cambios en la Bonaerense
A fines de este mes, el ministro de Seguridad bonaerense, Ramón Verón, jefe de la Policía Bonaerense, cambiaría de piezas en la jefatura de la Policía Bonaerense, retirando de la función al comisario mayor Eduardo Martínez mediante una licencia extraordinaria, según una versión que circuló ayer en los pasillos ministeriales. El senador aliancista Eduardo Sigal, haciéndose eco de la versión, exigió que los comisarios Rubén Gatti y Aurelio Ferrari, de San Nicolás, siguieran el mismo camino que Martínez. Según trascendidos, en reemplazo de Martínez, Verón nombraría al comisario mayor José María Gallina, auditor general de Asuntos Internos.
Martínez fue duramente cuestionado luego de que este diario publicara que había sido procesado en 1978, por torturas contra un detenido en la comisaría de la localidad de Martínez. En su legajo no apareció el incidente judicial, ni tampoco el sorprendente exabrupto de Martínez, quien hace poco tiempo aseguró que mataría por la espalda al policía que encontrara torturando. En los primeros días de este mes, la Junta de Calificaciones de la Bonaerense le colocó un 10 en conducta.
De confirmarse la versión, Verón, después de haber respaldado a su jefe policial pese a las críticas, habría decidido ahora su alejamiento mediante un artilugio legal: como a Martínez aún le faltan cinco meses para cumplir 30 años de servicio y estar en condiciones de retiro, le extendería una licencia extraordinaria y en su reemplazo designaría a Gallina a fines de este mes.
Por su lado, Sigal consideró escasa la medida. �Muchos comisarios tendrían que seguir el camino de Martínez�, sostuvo el senador. �Los comisarios de San Nicolás, Rubén Gatti, condenado a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por torturas, y Aurelio Ferrari, sospechado de avalar torturas y abusos, aún permanecen en funciones.�
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