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Rehenes
Cuando acepta sin chistar las crueles condiciones de doce prestamistas,
cabecillas de carne y hueso de esa abstracción que llama
mercado, y rezonga contra los infortunados que cortan rutas, queriéndolo
o no el Gobierno pervierte las relaciones de la política
con la sociedad, confunde las prioridades nacionales y defrauda
a sus votantes. Peor todavía cuando la respuesta a la explosiva
combinación de injusticia, desesperación y bronca
sin salida queda en manos de la represión. La violencia desbordada
ayer en General Mosconi y Tartagal (Salta), zona vaciada por la
privatización de YPF, tras el asesinato de un manifestante
con un balazo en la cara, incendió una comisaría y
oficinas públicas y saqueó comercios en la ciudad.
Los antecedentes de Teresa Rodríguez de Neuquén (asesinada
por la represión oficial aunque la bala fuera de un calibre
distinto al de las armas reglamentarias) y los crímenes en
Corrientes, aún impunes, que inauguraron la actual administración,
más los cortes de ruta que se multiplican en el país,
son huellas precedentes de un reguero que nadie sabe cómo
puede terminar.
A pesar de la vertiginosa confusión de estos días,
de las oleadas de rumores, de los subibajas en las Bolsas de Valores,
en términos políticos pueden distinguirse tres movimientos
contradictorios de distinto espesor que provocan la ebullición
superficial mientras cada uno busca imponerse sobre los demás.
El primero es la demanda de un liderazgo enérgico, enarbolada
por los conservadores y los ortodoxos del ajuste perpetuo, que significa
lo mismo de siempre: un Poder Ejecutivo personalista que haga de
la Justicia una servidumbre y del Congreso una máquina de
aprobar. En términos éticos desean, a lo sumo, abaratar
las coimas para compartir menos las ganancias. Otra vez el unicato
menemista, con diferente rostro, dispuesto a aplicar lo que Domingo
Cavallo llama “la segunda generación de reformas estructurales”.
O sea, desbaratar lo que sobrevive del sistema previsional heredado
del antiguo Estado de bienestar para reforzar más las cajas
privadas; eliminar los impuestos al capital aunque aumenten los
del consumo masivo; cancelar los estatutos remanentes que se opongan
a la máxima precariedad laboral; transferir la atención
de la salud al control privado; asfixiar el presupuesto universitario
para imponer el arancel obligatorio; reducir la producción
educativa a los requerimientos imprescindibles de la economía
concentrada; desguazar a la banca estatal, el Banco Nación
en primer lugar, que pueda perturbar la aplicación de tasas
de interés de máxima rentabilidad; expulsar empleados
públicos en masa, sobre todo en las provincias, y contraer
los recursos del Estado, en sus tres niveles, a la mínima
expresión; garantizar el pago estricto de las interminables
deudas con los prestamistas privados; y cualquier otra medida del
mismo género que haya quedado pendiente desde la década
pasada. Los muy glotones quieren más, muchísimo más,
de lo mismo. Basta comparar esta plataforma conservadora con los
anuncios oficiales de ayer para entender cuál es el sentido
final de las últimas decisiones presidenciales.
Para realizar este programa no sirve la Alianza que ganó
las elecciones hace un año, que presumía de centroizquierda,
porque el Gobierno debería instalarse en la derecha sin vergüenzas
ni vacilaciones. Por eso, una maciza propaganda golpea a Chacho
Alvarez y Raúl Alfonsín, acusando al renunciante de
causar la crisis política y al ex presidente de espantar
inversores por boquiflojo, como si ésos fueran sus pecados
verdaderos. Ese es el “golpismo oculto” que Fernando de
la Rúa denuncia pero no combate y, por el contrario, le abre
espacio cada vez que intenta dar señales de máxima
autoridad. En ese proyecto, Domingo Cavallo se ofrece como el aliado
natural, invocando la representatividad que le otorgan los “mercados”
de las oligarquías transnacionales, ya que en las urnasnacionales
consiguió el diez por ciento de los votos ciudadanos y un
tercio en las de la Ciudad de Buenos Aires.
No toda la culpa es del chancho, según el refrán popular.
Las réplicas del Gobierno a la presión conservadora
es el segundo movimiento en el cuadro político general. Desde
que se instaló en la Casa Rosada la coalición que
emergió por voluntad popular, desistió de su plataforma
electoral para perseguir en vano la aprobación del FMI y
de sus seguidores. Jamás comprendió que era una carrera
inútil porque quienes gobernaron de facto durante la década
menemista son como tigres cebados, insaciables. Después de
un año de prolijos deberes, el Gobierno sólo consiguió
quebrar la relación con su base popular, desde la clase media
para abajo. Aislado y débil, está incapacitado para
responder a los golpes de mercado y apenas si puede consentir: el
riesgo-país subió por encima de Colombia y de Venezuela
y el costo del dinero trepó hasta donde sólo llegan
los más ricos sin desangrarse en el camino. El Presidente
ufano –“Somos más” era su consigna de victoria–
estaba anoche rindiendo examen frente a la mesa de los que son menos.
El Frepaso, bastión del progresismo, parece verse a sí
mismo instalado en una encrucijada: si se va del Gobierno les hace
el campo orégano a los conservadores, pero si se queda en
el rol actual será una falsa coartada dentro de una coalición
que ya es más virtual que real. El mayor gesto de rebeldía,
la renuncia a la Vicepresidencia, que levantó fervor popular
como el comienzo de algo, perdió consistencia en los pasos
posteriores cuando su máximo líder decidió
organizar a las muchedumbres juveniles por caminos cibernéticos
y, además, con la condición de renunciar desde ese
movimiento hipotético a la lucha por el poder, que es lo
mismo que renunciar a la política. Además, la otrora
candidata triunfal es hoy en día una ministra desacreditada
por su gestión y por su espíritu viajero, que camina
sobre cáscaras de huevo.
Ellos, que supieron ganar la confianza pública expresada
en millones de votos, deberían saber cuál es la salida
a las falsas opciones. Por ahora, Alvarez eligió la de Ezeiza
y viajó al Brasil, porque quizá espera que los hechos
decidan por su cuenta. A lo mejor, la pregunta correcta sería
ésta: ¿Por qué no aprender de los conservadores
y, desde la otra vereda, pelear igual con uñas y dientes
por las propias convicciones, en lugar de jugar al gallo ciego y
mudo? A estas horas, hay una quincena de diputados nacionales que
buscan la respuesta justa porque están indispuestos con la
idea de adherir al Presupuesto 2001 a libro cerrado y a ser un engranaje
más de la máquina de aprobar. Mientras trepida la
cúspide de la convergencia en el Gobierno, en algunas zonas
de la base social se insinúan otros frentes posibles.
En el corte de ruta de La Matanza confluyeron dirigentes vecinales,
gremiales y políticos del Frente Grande, la CTA, la Corriente
Clasista, del peronismo, sacerdotes y miles de matanceros. Esa conducción
política ofreció interlocutores válidos a la
hora de negociar con las autoridades y evitó las explosiones
anárquicas como las de ayer en Salta. Los cazadores de brujas,
en su mediocridad, creen que la presencia de la política
en la base social envenena el medio ambiente, cuando en realidad
es la única expectativa abierta para la democracia porque
reconcilia a la gente común con las representaciones orgánicas.
Pero la diferencia no fue la mera existencia de una conducción
responsable sino el criterio básico que los inspiró.
En tanto el gobernador Romero analizó el estallido social
equiparando a la protesta con delincuentes comunes –“hay
que tratarlos como ladrones de banco”, declaró–,
en La Matanza elogiaron al intendente Ballestrini del PJ porque
se “había amigado con el conflicto”. Ahí
hay una clave del tercer movimiento –que no es la “tercera
vía”, por cierto, a la que ya nadie nombra– en
el paisaje nacional. La multisectorial que acudió al Congreso
esta semana, con la CTA y la CGT disidente a la cabeza, es otra
expresión de frentes de lucha, aunque el Presidente y el
ministro de Economía no acudan a sus coloquios. En estos
frentes radica, sin duda, cualquier posibilidad de resistencia al
programa conservador.
Los conservadores reclaman liderazgos autoritarios, pero la mayoría
popular pide gobernantes confiables. Cuando en Tartagal el huracán
de saqueos parecía indetenible y las autoridades se declaraban
impotentes, una monja desde la plaza principal convocó a
procesión y echó bálsamo sobre las heridas
abiertas. Lo mismo hizo el párroco de General Mosconi, mientras
el gobernador confundía la irracional desesperación
de la miseria sin horizontes con atracos planificados. No en balde
fueron convocados de urgencia el arzobispo de Salta y el obispo
de Tartagal para evitar las reincidencias violentas. En el último
día de sesiones plenarias de la asamblea episcopal, la realidad
se empeñó en mostrar la crueldad de la situación
que había denunciado monseñor Karlic, el lunes pasado,
en su homilía durante la misa inaugural de las deliberaciones.
Hay obispos que no quieren asfixiar al Gobierno con sus condenas,
así como otros sienten nostalgia por el menemismo pasado,
pero cómo podría la cúpula institucional del
catolicismo ignorar en el documento que se conocerá hoy el
sufrimiento de los desvalidos y los desamparados y retacearles la
debida solidaridad. La “opción por los pobres”
es lo único que puede evitar que la Iglesia se convierta
también en otro rehén del ajuste perpetuo.
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