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Por W.U.
 Si
desde el comienzo de la semana era evidente el clima de preocupación
que reinaba entre los obispos reunidos en San Miguel, los violentos hechos
ocurridos en Villa General Mosconi sumaron un factor más de inquietud
y agregaron nuevos elementos de juicio para la declaración episcopal
que será difundida hoy en horas del mediodía y en la que
se hará una dura crítica a la situación económica
y social, señalando la responsabilidad de la dirigencia y haciendo
un llamado a la esperanza y la solidaridad de todos. Ayer los obispos
dieron a conocer un comunicado en el que manifiestan “su profundo
dolor por los graves conflictos existentes en diversos lugares del país,
que ya han tenido en General Mosconi la tragedia de la muerte”.
Mientras los obispos de Salta, Mario Cargnello, y de Orán, Jorge
Lugones, abandonaban apresuradamente la casa María Auxiliadora
“para estar junto a su pueblo y ofrecerle su compañía,
su consejo y su servicio”, el plenario episcopal se pronunció
diciendo que “es urgente necesidad que todos contribuyamos según
nuestras responsabilidades a la pacificación de los espíritus
y a la solución de los problemas de justicia y solidaridad que
los provocan, antes que haya otros males gravísimos”. Los
obispos terminaron su breve declaración ante la coyuntura elevando
una plegaria para que “el Señor de la Justicia y la Paz ilumine
nuestros corazones para buscar con urgencia y sinceridad los caminos de
encuentro y entendimiento que los argentinos necesitamos”.
Siguiendo con atención el desarrollo de los acontecimientos nacionales,
los obispos continuaron ayer discutiendo el borrador del documento que
se difundirá hoy, en el que buscarán reflejar su propia
visión sobre la gravedad de la crisis, pero a la vez aportar palabras
de “consuelo y aliento”, ofrecer criterios de análisis
a partir de la doctrina social de la Iglesia y hacer un llamado a la responsabilidad
de la dirigencia. “Argentina y la construcción del futuro”
sería el título del documento de tres páginas de
extensión cuyo texto final todavía se debatía y se
votaba en la última sesión de la tarde.
Los obispos recibieron ayer nuevamente la asesoría de los expertos
Cristina Calvo (economista), Santiago de Estrada (político y ex
embajador argentino ante la Santa Sede) y del teólogo y especialista
en doctrina social de la Iglesia, el sacerdote jesuita Juan Carlos Scannone.
Con ellos se reflexionó sobre el desempleo, exclusión y
educación, cultura del trabajo y la política como mediación
del bien común. Por la tarde llegaron hasta San Miguel el presidente
provisional del Senado, Mario Losada (Alianza), y el diputado justicialista
Mario Cafiero, quienes informaron sobre su participación en el
jubileo de los “responsables de la cosa pública” que
acaba de celebrarse en Roma.
Cumpliendo con una agenda muy nutrida, los obispos tuvieron tiempo para
recibir el informe del titular de Cáritas, Jorge Casaretto, y de
reelegir al obispo de San Isidro, por dos años más, al frente
del organismo de solidaridad de la Iglesia Católica.
Fuera del recinto donde se celebra la asamblea episcopal, el arzobispo
Carmelo Giaquinta (Resistencia) afirmó que “a la economía
argentina le faltan agallas” y “por eso tiembla y afuera no
la respetan, bajándole la nota cuando se les antoja”. El obispo
habló ayer ante un centenar de miembros de la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y les dijo que es “cosa
de no creer” que la economía se vea afectada por declaraciones
como las realizadas por el ex presidente Raúl Alfonsín en
relación con la deuda externa. Algunos de los máximos dirigentes
de ACDE habían acercado a varios obispos su posición contraria
a las iniciativas eclesiásticas destinadas a cuestionar la legitimidad
de la deuda externa y el pago de intereses. Giaquinta, titular del Consejo
de Asuntos Económicos del Episcoado, dijo que la ayuda financiera
que pueda recibir el país delFMI “se irá como agua
por la rejilla, si no nos capitalizamos también ética y
moralmente”.
Desde el extremo norte del país, el sacerdote Jesús Olmedo,
párroco de La Quiaca y hermano del obispo de Humahuaca, acusó
directamente a familiares del gobernador salteño Juan Carlos Romero
de estar “mezclados en el tema de la droga”. En respuesta al
gobernador, que atribuyó responsabilidades a los piqueteros en
los hechos ocurridos en General Mosconi, el cura Olmedo le pidió
a Romero que “tenga un poco más de dignidad y clase”,
porque “hay mucha gente que está muriendo de hambre y usted
no los puede llamar delincuentes”. El sacerdote agregó que
“los delincuentes son los senadores” y, en tácita referencia
al senador justicialista Emilio Cantarero, agregó que “uno
es de su provincia que se lleva la plata de los obreros para firmar la
ley laboral”.
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OPINION
Por
Washington Uranga
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Un difícil equilibrio
Desde el mismo lunes, día en que los obispos se juntaron
en San Miguel para iniciar sus deliberaciones, gran parte de ellos
expresaban su preocupación por la responsabilidad de emitir
un pronunciamiento sobre la crítica situación social
que, sin rehuir la denuncia y las advertencias sobre la gravedad
del momento, sirviera al mismo tiempo como un aporte positivo que,
apoyado en la doctrina social de la Iglesia, transmitiera también
un sentido de esperanza. Consuelo, aliento y esperanza fueron palabras
reiteradamente pronunciadas por los obispos en las conversaciones
privadas y en los pasillos de la casa María Auxiliadora.
No obstante la dificultad evidente de encontrar el tono “para
no agregar más pálidas a los argentinos”, como
confió un obispo en un diálogo privado, no se puso
nunca en cuestión la decisión mayoritaria del plenario
en favor de emitir una declaración. Los miembros de la jerarquía
eclesiástica sabían que el Episcopado no podía
guardar silencio en este momento del país. Máxime
cuando, con independencia de la coyuntura, desde hace muchos meses
los obispos habían decidido que la doctrina social de la
Iglesia y las estrategias que de ella se desprenden para la Argentina
serían el tema central del plenario episcopal de noviembre.
La otra pregunta que varios de los obispos se formulaban rondaba
acerca de la ineludible crítica a la dirigencia, en particular
a la dirigencia política, pero sin desconocer el valor de
la democracia y de la acción política “como mediación
necesaria para el logro del bien común”.
En el trasfondo de todos estos temas estuvo la cruda descripción
de la realidad que apareció en los dos primeros días
del plenario, cuando cada uno de los obispos participantes presentó,
en el llamado “intercambio de ideas”, un cuadro concordante
respecto de la profundidad de la crisis social y un sinnúmero
de preguntas –y temores– respecto de las imprevisibles
consecuencias de la misma. La cruel realidad del mapa trazado hizo
que incluso pasaran a un segundo plano las evidentes diferencias
de estrategias y de estilo entre los obispos más inclinados
por constituir a la Iglesia como interlocutor directo del poder
a través del diálogo con las corporaciones y quienes
prefieren optar por un trabajo de pastoral social más integrado
a los sectores populares y de base.
La declaración episcopal que se conocerá hoy intentará
ubicarse en ese equilibrio entre el señalamiento crítico,
el consuelo a quienes padecen las consecuencias del modelo, el aliento
de todo aquello que sea motivo de esperanza y la demanda de honradez
y creatividad a la dirigencia.
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