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 El
mensaje que emitió ayer el presidente Fernando de la Rúa
a la Nación muestra un país al borde del abismo. “Vamos
a decir las cosas como son: la Argentina esta mal”, fue su primera
definición, para describir enseguida un escenario caracterizado
por “una combinación que puede llevar a nuestra economía
a una verdadera catástrofe si no actuamos bien y rápido”.
La salida que planteó ayer el Presidente y más tarde reiteró
–agregando escasas definiciones– el ministro de Economía
en Mar del Plata, en el cierre de un coloquio empresario, pasa por una
mayor ortodoxia en la política económica: una profunda reforma
del sistema previsional, que incluye la abolición del sistema público
de reparto, la extensión a 65 años de la edad mínima
jubilatoria para las mujeres y la intervención de la Anses; el
congelamiento por cinco años del gasto primario de la Nación
instando a las provincias a imitarla; eliminación del impuesto
a los intereses a partir de 2002 y la tercerización y privatización
del control y recaudación de algunos impuestos.
Poniendo como eje de los problemas a superar a “las turbulencias
financieras”, el mensaje del Gobierno estuvo orientado a recuperar
la confianza de los mercados. Y si algún cambio de rumbo se observa
en lo económico es, precisamente, en el sentido de un paulatino
retiro del Estado de las políticas activas y de su intervención
en los sectores atractivos para el sector privado. La abolición
del régimen estatal de jubilación, en favor de las AFJP,
y el congelamiento del gasto primario del Estado por cinco años
son una muestra de ello.
De la Rúa eligió dos momentos recientes de la historia argentina
para compararlos con la situación actual y convocar a “trabajar
juntos”. “Cuando hace más de una década alguien
desafió la democracia (alzamientos carapintada de Rico y Seineldín),
pusimos a un lado las diferencias partidarias y nos mostramos juntos.
Cuando años atrás la hiperinflación parecía
devorarnos, juntos, sin mezquindades ni intereses sectoriales, sentamos
las bases de la estabilidad y la transformación económica
(Plan de Convertibilidad)”, señaló. En el mismo nivel
de agresión colocó a las actuales turbulencias financieras,
pero no para enfrentar a los mercados agresores sino para conformarlos
y aquietarlos. Proclamó que “hoy tiene que ser igual: si se
está poniendo en duda nuestro crédito, demos señales
inequívocas de que hay valores que están fuera de discusión
y que compartimos todos”.
“Les puedo asegurar que tendremos el respaldo firme y fehaciente
de los organismos multilaterales de crédito y de un importante
conjunto de bancos”, afirmó ayer el Presidente, dando una
señal favorable sobre las gestiones que realizan en Washington
Mario Vicens, secretario de Hacienda, y Daniel Marx, de Finanzas, para
lograr un crédito contingente liderado por el FMI. El dato nuevo
es la participación de “un importante conjunto de bancos”.
De la Rúa comenzó su discurso aludiendo al “desempleo,
la fragmentación social, la pobreza” para describir un cuadro
caótico. Señaló que “la política sigue
en deuda con la sociedad porque no ha dado solución al desempleo
ni ha conseguido reducir la pobreza, esto es lo que más me preocupa,
es eso lo que me desvela”. Pero al enunciar su propuesta sólo
hizo referencia al área previsional, indicando una línea
que podría ser interpretada como el criterio en el que se encuadrará
el gasto social del Gobierno de aquí en más. “Queremos
concentrarnos en los que más necesitan, por eso no podemos darnos
el lujo de derrochar en los que menos necesitan”, dijo en referencia
a la eliminación de prestaciones jubilatorias para quienes se retiren
con prestaciones mayores a 300 pesos. A diferencia de discursos anteriores,
esta vez De la Rúa no dirigió la convocatoria al pueblo
de la Nación, sino que concentró la convocatoria en el Congreso,
para que acompañe aprobando el Presupuesto 2001, y fundamentalmente
en los gobernadores. “Hago una convocatoria urgente para superar
el trance generado por las turbulencias financieras”, dramatizó.
“Invito a los representantes de todos los argentinos: a los gobernadores,a
los legisladores, a que juntos demos un impulso contundente al plan económico,
el que votó la gente”, señaló en una controvertida
interpretación al apoyo que le dio el electorado a la Alianza.
“Cuento con los gobernadores de todas las provincias para suscribir
inmediatamente un compromiso federal por el crecimiento y la disciplina
fiscal”, subrayó. “Hace rato que pasó la época
en que los asuntos se definían sólo en la capital del país;
necesitamos que cada gobernador, cada legislador provincial, cada intendente
y cada concejal asuma personalmente la obligación de ser responsable
con los gastos públicos, y queremos que esa responsabilidad sea
una obligación (...). Voy a instar a los gobernadores, con toda
la energía que me permiten las instituciones, a que firmen un Compromiso
Federal por el crecimiento y la disciplina fiscal, un pacto que garantice
que en los próximos cinco años no aumentará el gasto
primario ni en la Nación ni en las provincias”, anticipó.
“Si hoy nos pesa la deuda pública –agregó De la
Rúa– es porque en el pasado no hubo instituciones que impidieran
la práctica cruel de cargar los derroches de la generación
que gobierna sobre las espaldas de sus descendientes”.
Cerró su discurso con un explícito apoyo al titular del
Palacio de Hacienda, jaqueado en los últimos días por las
versiones de su reemplazo. “Este Presidente, el ministro Machinea,
todo el gabinete nacional, está firme en este compromiso”,
anunció, proclamando que “no permitiremos que esta turbulencia
circunstancial frustre la oportunidad que tenemos por delante”.
Apenas un par de horas después de emitido el mensaje presidencial,
el propio José Luis Machinea se refirió a las medidas anticipadas
por De la Rúa, en un discurso improvisado ante la premura con la
que se resolvieron. El ministro concurrió a la cena de clausura
del Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, acompañando al Presidente.
Pero mientras partía en viaje, su equipo seguía definiendo
en el Palacio de Hacienda el perfil del paquete que ya había delineado
De la Rúa. “Vamos por más”, subrayó el
ministro desempolvando una consigna de campaña de la Alianza.
Su discurso mereció dos momentos de aplausos de la concurrencia:
cuando se refirió a la abolición del sistema público
de reparto (jubilación estatal) y cuando se refirió al congelamiento
del gasto estatal primario por cinco años. Con respecto al régimen
de las AFJP, anunció la eliminación de las comisiones fijas,
anticipó la fijación de límites a la concentración,
pero flexibilizó la posibilidad de que cada administradora ofrezca
más de un fondo de acumulación y que pueda elegir más
libremente el destino de las inversiones, con un margen en más
o en menos del 20 por ciento con respecto a los topes establecidos. La
intención implícita es que las AFJP queden en condición
de poder adquirir más títulos de deuda al Estado.
“Vamos a despertar a la Argentina dormida. Vamos a competir y vamos
a ganar”, proclamó De la Rúa ante las cámaras.
La apuesta está hecha, el lunes los mercados votarán.
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El paquete de medidas
Los siguientes son los principales anuncios efectuados por el
Presidente Fernando de la Rúa:
 Habrá respaldo
de los organismos multilaterales de crédito y de un importante
conjunto de bancos para constituir un reaseguro para el país.
Se reformará la
Ley de Solvencia Fiscal.
En el 2001 no se aumentarán
impuestos.
El Impuesto a los intereses
será eliminado gradualmente de acuerdo con un cronograma
que abarca hasta enero del 2002.
Se deducirá de
la base de cómputo del Impuesto a las Ganancias, hasta un
cierto monto, las cuotas pagadas por los créditos hipotecarios
que se tomen de ahora en más para la compra de nuevas viviendas.
Se deroga el régimen
de reparto.
El personal de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad será incorporado al régimen
de capitalización.
A partir del 2002, se
aumentará gradualmente la edad jubilatoria de las mujeres
de 60 a 65 años.
Ningún jubilado
recibirá menos de 300 pesos.
Habrá una protección
básica de 100 pesos para los sectores marginados del mercado
de trabajo formal, que hoy están quedando fuera del sistema
previsional.
Se universalizará
la cobertura del régimen jubilatorio.
Desde el primero de enero
del 2001 ningún un jubilado mayor de 80 años percibirá
menos de 200 pesos. En el 2002, esa garantía se extenderá
a los mayores de 75 años.
Se prorrogará
la intervención del PAMI y se interviene la Anses.
Se ratifica la desregulación
del sistema de salud, a partir del 1º de enero del 2001.
Creación de una
comisión para que eleve al Poder Ejecutivo un diseño
no vinculante sobre la reforma tributaria que elimine impuestos
distorsivos.
Se avanzará en
la terciarización y privatización del control y recaudación
de algunos impuestos, incluyendo al sector privado, a las provincias
y municipios.
Impulsarán un
acuerdo con los gobernadores para firmar un Compromiso Federal por
el Crecimiento y la Disciplina Fiscal para garantizar que, en los
próximos cinco años, no aumente el gasto primario
ni en la Nación ni en las provincias.
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DETALLE
PUNTO POR PUNTO DE LA POLEMICA REFORMA DEL SISTEMA JUBILATORIO
“El régimen de reparto será abolido”
Por
David Cufré
“A partir
de estas reformas, pierde sentido el régimen de reparto, que será
abolido”, enfatizó ayer Fernando de la Rúa. La desaparición
del sistema previsional estatal fue uno de los anuncios más impactantes
que hizo ayer el Gobierno. El Presidente aclaró que se enviará
un proyecto de ley al Congreso, por lo que la medida no será sancionada
mediante un decreto de necesidad y urgencia. Un alto funcionario del Ministerio
de Economía explicó a Página/12 que el sistema de
reparto seguirá existiendo para las personas actualmente inscriptas,
pero desde la sanción de la ley los aportes de los nuevos trabajadores
irán a una AFJP.
“Peor que esto es caer en default (cesación de pagos de la
deuda)”, subrayó en diálogo con este diario un diputado
aliancista de la Comisión de Previsión. “Esto es indigerible.
Es un escándalo. Ni Menem se atrevió a tanto”, fue
la lapidaria definición de otro legislador oficialista. Ambos estaban
sorprendidos, pero sus respuestas anticipan la ardua discusión
que habrá en las bancadas parlamentarias de la Alianza.
El proyecto altera radicalmente el funcionamiento del sistema previsional.
La propuesta se encuentra en línea con la visión más
ortodoxa, sostenida por los mismos a los que José Luis Machinea
acusó de querer desestabilizarlo por cuestiones ideológicas.
El ministro –con el respaldo del Presidente– tomó las
ideas más a gusto de los inversores, con la clara intención
de calmar a los mercados. De allí la sorpresa extrema que mostraron
diputados de la Alianza tras escuchar los anuncios del área previsional.
La iniciativa resulta del agrado del FMI, uno de los organismos con que
el Gobierno cerró un crédito de entre 10 y 15 mil millones
de dólares.
Las medidas que anunció ayer De la Rúa son las siguientes:
Abolición del régimen
de reparto. Las personas que actualmente aportan al sistema estatal no
serán transferidas a una AFJP, sino que mantendrán la opción
de jubilarse por el régimen público. En cambio, los aportes
de los nuevos trabajadores irán a una AFJP. Aquellos que en 30
días no elijan entre las distintas empresas, serán asignados
a una de las dos que cobran las comisiones más bajas para su rango
de ingresos.
Se eleva de 60 a 65 años
la edad jubilatoria de las mujeres. Se hará de manera gradual,
a partir de 2002.
Se designará un interventor
en la Anses. De este modo, desaparecerá el actual directorio del
organismo, integrado por dirigentes de las distintas corrientes que componen
la Alianza. En los hechos, Machinea definirá sin obstáculos
el manejo del organismo.
Ningún nuevo jubilado
–ya sea por el régimen público o privado– cobrará
menos de 300 pesos. El Estado garantiza esa asignación mínima.
Pero, en los hechos, el promedio de haberes de los nuevos jubilados es
hoy de 420 pesos, de los cuales 200 corresponden a la PBU (Prestación
Básica Universal). Esto implica que, en promedio, el Estado aportará
sólo 80 pesos para alcanzar los 300 de la asignación mínima.
Y se ahorrará parte o todo de la PBU que ahora paga a todos los
jubilados que cobran más de 300 pesos.
Se entregará a las personas
que no cobran jubilación una asignación de 100 pesos. Habrá
una escala gradual, empezando por las personas de más edad –aún
no se definió cuál– y se bajará progresivamente
hasta que el subsidio alcance a todas las personas sin recursos mayores
de 65 años. Tampoco se anunció en qué plazos llegará
la asistencia a todas los potenciales beneficiarios. En este momento,
el Ministerio de Desarrollo Social entrega 100 pesos a los mayores de
70 años sin ningún otro ingreso, pero esa pensión
a la vejez –que por ley debería ser universal– no llega
a todas las personas que están en condiciones de acceder a ella,
por una cuestión presupuestaria.
Desde el 1º de enero de
2001, ningún jubilado mayor de 80 años percibirá
menos de 200 pesos. A partir de 2002, esa garantía se extenderá
a losmayores de 75. En la actualidad, la gran mayoría de los mayores
de 67 años cobran 200 pesos, ya que el Estado asigna un subsidio
a la pobreza a quienes cobran jubilaciones inferiores a ese monto.
El personal de las fuerzas
armadas y de seguridad será incorporado al régimen de capitalización.
Al igual que con el sistema jubilatorio estatal, desaparece el actual
sistema de retiro para militares, policías y demás agentes
de otras fuerzas.
Transparencia. Se eliminan
las comisiones fijas que cobran las AFJP, que pasarán a ser sólo
variables. También se establecerá un límite a la
concentración del sistema. Y las AFJP podrán administrar
más de un fondo de acuerdo a los aportes de sus afiliados.
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