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Por Cledis Candelaresi
Desde Mar del Plata
 Difícilmente
otra de las exposiciones del coloquio de IDEA haya sido escuchadas con
tanto placer por los empresarios como la que ayer hizo Daniel Artana,
al presentar la fórmula de FIEL para impulsar el crecimiento económico.
La receta es tan poco novedosa como implacable: “acentuar las políticas
pro mercado”, con un drástico recorte del gasto público,
en particular en las provincias. Para que Argentina pueda crecer un 7
por ciento anual y bajar la desocupación al nivel norteamericano,
deberían, entre otras condiciones, suprimir la universidad gratuita
y los regímenes laborales “de privilegio” que subsisten
en el interior. Los hombres de empresa aplaudieron con indisimulable entusiasmo.
El trabajo titulado “Una Argentina posible: ¿cómo impulsar
el crecimiento económico en la próxima década?”
fue encomendado a FIEL por la cúpula de IDEA hace un año.
En algún momento se rumoreó, incluso, que esta propuesta
sería una síntesis del plan anhelado por Ricardo López
Murphy, ministro de Defensa, ligado (aunque de licencia) a esa entidad
y reiteradamente mencionado como eventual sustituto de José Luis
Machinea.
La sugerencia de la ultraliberal FIEL consiste en rebajar el gasto público
antes de reducir los impuestos. La zanahoria para profundizar las reformas
estructurales aparenta ser tentadora: el país podría crecer
a razón del 7 por ciento anual en los próximos años,
catapultando todas las variables. El PBI per cápita podría
trepar de 7840 a 13.556 dólares en el 2010, y para ese año
el Producto Bruto Interno llegaría a duplicarse.
El problema, al decir de Artana, es que Argentina no respeta a rajatabla
las claves para crecer, internacionalmente consagradas. El crecimiento
económico “es volátil”. La apertura de la economía,
incompleta: el arancel está en el 14 por ciento promedio contra
menos del 5 de promedio en el mundo. Y no hay suficiente seguridad jurídica.
Según el Banco Mundial Argentina ocupa el lugar 38 en un ranking
de poco más de 40 naciones juzgadas según el grado de cumplimiento
de sus contratos. Además, hay “desvíos o indisciplina
fiscal”: el gasto público aumentó, en particular en
el interior (2700 millones contra 1200 de la Nación).
“Un paquete de auxilio fiscal no alcanza. Es imprescindible complementarlo
con un shock de confianza. De lo contrario habremos gastado nuestra bala
de plata”, pregonó Artana. Aunque no hizo ninguna referencia
expresa, el economista aludió a inminente blindaje financiero que
el país constituirá con el apoyo del Fondo Monetario Internacional
y otros organismos multilaterales.
Según FIEL, el recomendado shock de confianza podría lograrse
por una doble vía. Por un lado, profundizando las privatizaciones,
apertura, desregulación económica y la estabilidad normativa,
“básicamente de las provincias”. Por el otro, recortando
el gasto público, condición sine qua non para poder bajar
algún impuesto.
“Rebajar gastos no es regresivo. Por el contrario es muy progresivo.
Porque se pueden eliminar privilegios”. Entre estas supuestas prerrogativas,
Artana enumeró los 900 millones anuales de pensiones graciables,
los regímenes laborales de los empleados públicos del interior,
“quienes trabajan 30 horas semanales y cobran más que en el
sector privado”, y la universidad pública, “que favorece
a los hijos de los ricos”. La nómina también incluyó
a los subsidios al tabaco y al combustible que se consume en la Patagonia,
uno de los temas más polémicos del proyecto de Presupuesto
del 2001.
En rigor, la ortodoxa fórmula no es muy ajena al camino elegido
por el gobierno de la Alianza para conducir la economía, aunque
postula algunas audacias más. “El crecimiento no es un sueño”,
alentó el director de FIEL. El sector privado hizo enormes esfuerzos
para mejorar la productividad. Falta que lo haga el Estado. Políticos,
a las cosas”, fue el cierre de una de las exposiciones más
esperadas de la convención.
REPORTAJE
A DANIEL ARTANA, DE FIEL
Propuesta provocativa
Por C.C.
Desde Mar del Plata
Aunque admite el recorte salarial
como mecanismo para contraer el gasto público, Daniel Artana objeta
la última rebaja de sueldos que el Gobierno aplicó sobre
los empleados de la Nación, que a su juicio debería haberse
realizado en las provincias. En diálogo con Página/12 también
precisó su propuesta para la universidad pública: no mencionó
la palabra arancel, pero postuló restringir la oferta gratuita
sólo al 40 por ciento del alumnado.
–En el texto escrito FIEL habla de reducir las remuneraciones en
general. ¿Podría precisar esa propuesta?
–Yo lo digo abiertamente. En el sector público provincial
y municipal hay empleados que ganan más que en el sector privado
y que trabajan 30 horas por semana. Argentina no puede bancar más
esto.
–¿Entonces FIEL postula una rebaja salarial sólo en
las provincias y no generalizada, incluyendo a la administración
central?
–Yo creo que hubo un error en rebajarles los sueldos a los empleados
de la administración nacional, donde la gente trabaja más
y, en general, es más calificada que en las provincias. La rebaja
se hizo donde no había que hacerla.
–¿No cree que en las provincias el empleo público es
un recurso para encubrir la desocupación?
–Supongamos que sea así, aunque no debería ser así.
Yo creo que hay algo de politiquería. Pero en el supuesto caso
de que el empleo público funcionara como un seguro de desempleo:
en cualquier lugar del mundo se paga menos que lo que se gana en la actividad
privada; no más, como ocurre con los empleados públicos
provinciales. Es un seguro de desempleo bastante general.
–Usted habló de rebajar el gasto, primero, y sólo después
los impuestos. ¿Qué pasa si se bajan impuestos sin reducir
el gasto?
–Habrá que ver. Porque si se incluye eliminación de
exenciones, no hay costo fiscal. Yo no correría el riesgo de bajar
impuestos si no tengo asegurada una baja de gastos. La realidad es que
tampoco hay margen para una rebaja de impuestos muy agresiva.
–¿Usted realmente cree que la universidad pública es
un gasto regresivo?
–Absolutamente. El 60 por ciento de los estudiantes que concurre
a la universidad pertenece a la clase media alta y clase alta. Eso no
lo digo sólo yo, sino hay varios estudios que avalan este diagnóstico.
El tema es que hay que concentrar los recursos en la gente pobre. Está
bien que el que no tiene fondos acceda al financiamiento que le puede
dar la universidad o el Estado. Pero con este criterio, se podría
reducir a la mitad el presupuesto universitario. Pero subsidiar a los
hijos de algunos de los (empresarios) que están acá –señala
a su alrededor, parado en el salón de exposiciones del Sheraton–
me parece un disparate. En particular, cuando tenemos gente con problemas
serios de nutrición.
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