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 La
ola de causas judiciales en Chile por crímenes cometidos durante
la dictadura de Augusto Pinochet se extendió a un grupo hasta ahora
intocable: los oficiales en actividad. Ayer se ordenó el arresto
del general Hernán Ramírez Held en relación con el
asesinato en 1982 del líder sindical Tucapel Jiménez. El
juez Sergio Muñoz dictó la captura luego de que Ramírez
desobedeciera una orden de comparecer en su tribunal el día anterior.
Simultáneamente, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
rechazaba por unanimidad otorgar la libertad condicional a Fernando Torres
Silva, fiscal de la dictadura cuando Jiménez fue muerto. La prensa
chilena hablaba ayer de “inquietud” en el mando castrense, que
habría advertido explícitamente al presidente Ricardo Lagos
sobre su preocupación.
“Los jueces actúan en Chile de acuerdo con su competencia
y de acuerdo con los procedimientos que corresponde y, si uno considera
que es necesario y está dentro de sus atribuciones el citar a un
general en servicio activo, o a un alto funcionario público, o
a quien sea, siempre podrá hacerlo.” Las palabras del ministro
del Interior chileno, José Miguel Insulza, no podían ocultar
el carácter casi revolucionario de la orden de captura dictada
ayer contra el general Ramírez. Este ocupa nada menos que el puesto
18 en la lista de antigüedad del Ejército y actualmente dirige
el Comando de Industrias Militares e Ingeniería. El juez Muñoz
planeaba citarlo a mediados de año, pero fue sólo en esta
semana que pudo completar el sumario contra él. Quien posibilitó
su arresto fue Carlos Herrera, ex agente de la Central Nacional de Informaciones
(ex DINA, la policía política de Pinochet), quien participó
del asesinato del sindicalista Jiménez. Este último fue
asesinado a tiros y cuchilladas en las afueras de Santiago por participar
en negociaciones con opositores para crear una organización nacional
de trabajadores que alentaría una huelga contra la dictadura de
Pinochet. El testimonio de Carlos Herrero permitió el procesamiento
del otro protagonista del drama judicial de ayer: Fernando Torres Silva.
El nombre es mucho más notorio que el de su camarada en actividad.
Fiscal general, auditor de Chile y antiguo jefe de la división
judicial del Ejército, Torres fue uno de los integrantes más
“duros” del círculo interno de Pinochet. Desde 1990,
ya en democracia, se especializó en dirigir la defensa de los militares
acusados de violaciones a los derechos humanos. El juez Muñoz ordenó
su arresto por su actuación en la investigación que siguió
al asesinato de Jiménez, durante las cuales habría preparado
de antemano las respuestas que entregarían los militares y agentes
citados a declarar. También se lo acusa de ofrecer dinero al mayor
Herrera y facilitarle su escape al extranjero con documentación
falsa. El abogado de la familia Jiménez enfatizó que “ha
habido permanentemente un verdadero dispositivo de encubrimiento de personas
y ocultamiento de antecedentes que fue coordinado por el señor
Torres Silva”. El aludido no podrá avalarse de la libertad
condicional, ya que la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
rechazó ayer por 3-0 concederle esa opción.
Las reacciones no tardaron en llegar. El abogado defensor de Torres, Miguel
Retamal, consideró que el fallo de los tres magistrados reflejaba
“odiosidad hacia el mundo militar”. Retamal aseguró no
tener claridad acerca de por qué se negó la libertad condicional
a su defendido, pero señaló que “tal vez, se decretaron
algunas diligencias”. Confrontado con la última ampliación
de la ofensiva judicial, ayer el jefe del Ejército, Ricardo Izurieta,
le habría planteado directamente la preocupación de las
Fuerzas Armadas al presidente Ricardo Lagos, según informes de
prensa.
| Noticias bomba
de ETA
Una vez más desde la ruptura de la tregua, la organización
armada separatista vasca ETA eligió como blanco al periodismo.
Las víctimas elegidas eran una periodista del diario El País
de Madrid, Aurora Intxausti, y su marido, Juan Francisco Palomo,
periodista de Antena 3 Televisión. La Ertzaintza (policía
autónoma vasca) descubrió en el interior de la maceta
en el palier una fiambrera cargada con dos kilos del explosivo titadine.
El doble mecanismo de la bomba falló. Por su parte, el ministro
del Interior, Jaime Mayor Oreja, proclamó la desactivación
del comando Vizcaya de ETA (en la foto, arrestos en Bilbao). La
noticia fue recibida con reserva, porque ya otras veces hizo el
solemne anuncio.
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