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Por David Cufré
 Sin el crédito de blindaje,
la Argentina caería en el caos total”, le dijo ayer José
Luis Machinea a una veintena de diputados de la Alianza. “Y para
conseguirlo, la condición es que se aprueben las medidas”,
completó. El ministro eligió las palabras con cuidado. Quiso
que se entendiera que no existen alternativas, que el Gobierno acepta
las exigencias del FMI y el Tesoro de los Estados Unidos para habilitar
un préstamo de entre 15 y 20 mil millones de dólares, o
no habrá forma de contener la furia de los mercados. Luego de comprobar
que sus palabras tuvieron el efecto buscado, el ministro “tranquilizó”
a los legisladores. Confirmó que el crédito ya está
acordado, pero su aprobación definitiva sólo llegará
cuando el Gobierno cumpla los dos presupuestos básicos del entendimiento.
El primero es la sanción de las leyes que Fernando de la Rúa
anunció enviará al Congreso, en especial la abolición
del régimen previsional estatal. El segundo requisito es que la
Nación y las provincias establezcan un nuevo pacto fiscal, con
el congelamiento del gasto público durante cinco años.
Desde las 9.30 y hasta pasado el mediodía, Machinea y otros miembros
del equipo económico; el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y
por 45 minutos el propio De la Rúa, estuvieron en Olivos analizando
el paquete de medidas con un grupo de diputados de la Alianza. Allí
fue que el jefe de Hacienda advirtió que el préstamo extraordinario
está atado a una serie de condiciones que debe cumplir el Gobierno.
El crédito será de entre 15 y 20 mil millones de dólares,
con aportes del FMI –posiblemente de 12 mil millones–, el Tesoro
estadounidense, un club de bancos extranjeros –con la participación
de los españoles Santander-Central Hispano y Bilbao Vizcaya-Argentaria–,
otro pool de bancos locales y las AFJP.
Entre los diputados estuvieron Darío Alessandro, Raúl Baglini,
Rodolfo Rodil, Jesús Rodríguez, Horacio Pernasetti, Eduardo
Santín y Alejandro Peyrou. Entre los presentes, la mayoría
se pronunció a favor de votar las leyes que enviará el Poder
Ejecutivo, con la anulación de la jubilación por reparto
a la cabeza. “Nosotros vamos a bajar al bloque que las leyes hay
que sacarlas, porque está en juego el futuro del Gobierno”,
subrayó en diálogo con Página/12 uno de los diputados.
“Pero si hay resistencias en la Alianza o se complica la negociación
con la oposición, acordamos con el Presidente que los proyectos
se sancionarán por decreto de necesidad y urgencia”, añadió
(ver página 5).
Con ese flanco resuelto, el Gobierno jugará hoy todas sus fichas
a acordar con los gobernadores un nuevo pacto fiscal, lo que constituye
la otra exigencia básica de los prestamistas. Si hay fumata blanca
en las reuniones con los mandatarios provinciales, el FMI anunciará
esta noche el monto y las características del crédito. Se
sabe que no habrá un desembolso inmediato de fondos, sino que se
mantendrán a disposición del Gobierno para ser utilizados
en caso de no acceder a financiamiento en los mercados o si la tasa que
piden los inversores es demasiado elevada. En cambio, los bancos locales
y extranjeros se comprometen a comprar bonos argentinos a tasas negociadas.
También las AFJP, pero en este caso la negociación es más
complicada, ya que para adquirir títulos públicos deberían
retirar inversiones en plazos fijos, cuya rentabilidad suele ser mayor
a la de los bonos. En tal caso, los perjudicados directos serían
los afiliados a las AFJP, ya que capitalizarían menos dinero. El
equipo económico aún debe resolver esta cuestión.
Pero el mayor interés de Machinea es que hoy se resuelva el pacto
fiscal con los gobernadores. La propuesta oficial será girar a
las provincias durante los próximos cinco años entre 2 y
3 por ciento más de recursos que los del convenio vigente. Serían
entre 25 y 40 millones por encima de los 1340 millones que los distritos
del interior reciben actualmente como suma fija. En los hechos, esto significa
congelar la coparticipación durante un lustro. Para convencer a
los gobernadores, el Gobierno también ofrecerá aumentar
en 300 millones de pesos el gasto social en 2001. Ello será posible
gracias a que el acuerdo con el FMI contempló estirar la meta dedéficit
fiscal para el próximo año a 6400 millones de pesos, frente
a los 4100 millones pactados con anterioridad.
El incremento del gasto social que el Gobierno planteará a condición
de que se firme el pacto tiene un sentido adicional. “Los gobernadores
saben que, si crece el conflicto social, si se repiten situaciones como
las de Salta, ellos también salen perdiendo”, indicó
a este diario un encumbrado diputado aliancista. “Nos interesa a
todos evitar la propagación de los incendios”, afirmó.
Por otra parte, el Gobierno también reclamará el no aumento
del gasto público provincial durante un lustro, del mismo modo
que el FMI se lo exigió a la Nación.
La reacción de los empresarios ante los anuncios oficiales fue
a su vez más bien fría. Por un lado, desde el establishment
se elogió el rumbo de las medidas, sobre todo la desaparición
del régimen previsional público, pero hay cierto escepticismo
respecto de la capacidad del Gobierno para imponer las nuevas políticas.
En tanto, los empresarios vinculados a la producción esperaban
medidas de fomento al mercado interno, en lugar de profundizar la línea
más ortodoxa, como decidieron De la Rúa y Machinea.
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