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Por Julio Nudler
 Los dos escenarios alternativos
que demandaban anteayer un pronunciamiento presidencial eran el Coloquio
empresario de IDEA, en el Sheraton de Mar del Plata, y la ensangrentada
ruta 34 en Tartagal, cortada por salteños hambrientos. Al elegir
como escenografía las mesas ricamente servidas de la entidad que
preside Jorge Aguado, quien gobernara la provincia de Buenos Aires durante
la dictadura del general Roberto Viola y es hombre de Francisco Macri,
Fernando de la Rúa anticipaba la orientación de sus anuncios.
Estos, efectivamente, buscaron apaciguar el hostigamiento de los mercados
financieros a la Argentina y someterse a las imposiciones políticas
del Fondo Monetario para conseguir su respaldo mediante una red de contención
tapizada de dólares. Como es obvio, las nuevas medidas no contienen
respuesta alguna a la desesperada situación de los desocupados
ni de remedio a las causas que los convirtieron en parias del modelo,
aunque en la ampliación del déficit fiscal eventualmente
se incorporaría una partida extra para apagar estallidos sociales
(ver página 4).
Los recursos contingentes que pondrán a disposición el FMI
y otros organismos, más un conjunto de bancos, deberían
provocar –como ya se insinuó claramente anteayer– un
repunte en el precio de los títulos de deuda argentinos, lo que
equivale a una reducción en las tasas de interés y en el
riesgo-país. Esto atenuará la presión de los servicios
de la deuda sobre el gasto público. Todo ello a pesar de que el
Gobierno haya admitido finalmente que sus proyecciones para el 2001 eran
muy alegres (lo cual podría decirse que ya había sido descontado
por los especuladores, que no le creían ni media palabra al equipo
económico argentino). La economía crecerá menos que
lo prometido, por lo que no se alcanzará la recaudación
impositiva escrita en el proyecto presupuestario (además del impacto
de diversas desgravaciones) y el déficit saltará de 4100
a 6400 millones o más. Además, la meta del déficit
cero se dilata del 2003 al 2005, lo que implica dos años más
de incremento de la deuda. Todo esto exige modificar la Ley de Responsabilidad
Fiscal, que pierde la virginidad con apenas un año de edad, lo
cual ya la invalida como garantía hacia el futuro.
Aunque De la Rúa se justificó con el argumento de que “...
estamos enfrentando un contexto internacional totalmente adverso”,
ello dista de ocurrir. Por algo hay un generalizado panorama de crecimiento
económico, del cual queda excluida la Argentina por sus problemas
específicos, que la Alianza no ha sabido atender. Más allá
de los obstáculos políticos que el nuevo paquete deberá
sortear para pasar del papel a los hechos, su principal debilidad radica
en la confirmación de una estrategia económica que llevó
la situación hasta la actual encrucijada. La alta y de nuevo creciente
tasa de desempleo no es un fenómeno circunstancial, fruto de un
meteoro o una crisis en Brasil, sino un componente estructural del modelo
establecido con la Convertibilidad en 1991, con retraso cambiario, apertura
indiscriminada, desentendimiento del Estado, privatizaciones mal hechas,
etcétera.
Como, fuera del sector servicios (comercio, banca, telecomunicaciones
y otros), la Argentina quedó “primarizada” o “comoditizada”,
la concentración en producir bienes con escaso valor agregado (es
decir, poco trabajo local) conduce a un creciente desempleo. El valor
agregado contenido en las importaciones sextuplica al incorporado en las
exportaciones. Es por esto que, incluso en un buen año exportador,
como está resultando el 2000, ello ni siquiera mitiga el grave
cuadro social. El aumento de las ventas al exterior es atribuible al petróleo
y algunos insumos (commodities) industriales, que se producen con muy
escaso aporte de mano de obra. Que Repsol-YPF muestre enormes ganancias
en su balance no implica derrame alguno de prosperidad hacia la sociedad.
El nuevo paquete de medidas no se ocupa de estas cuestiones, pero, por
el contrario, promete un recorte en el ingreso de los futuros jubilados
a través de la supresión de la PBU. Además, como
se elevará la proporción detítulos públicos
en los fondos jubilatorios que administran las AFJP, el ahorro forzoso
de los trabajadores (11 por ciento del salario) quedará mayoritariamente
sometido al riesgo de incumplimiento por parte del Estado. Puede temerse
que, de volver a presentarse una situación en que no alcancen los
recursos para atender los vencimientos de la deuda pública, la
porción que se elija repudiar primero (o reprogramar a la fuerza)
sea la mantenida por las AFJP. Pero de esos asuntos desagradables no se
habla mientras no llegue el momento.
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