|
 “Que entreguen las armas”,
fue la condición que puso el Comité de Crisis a los piqueteros
de General Mosconi, en Salta, para comenzar a dialogar, según dijo
el secretario de Relación con las Provincias del Ministerio del
Interior, Walter Ceballos. Sin embargo, nada hizo cesar el piquete y el
corte de la ruta 34. Al cierre de esta edición no había
habido ninguna clase de negociación. Entre las cenizas de los incendios
del viernes se multiplicaban ayer los efectivos de Gendarmería
Nacional que custodiaban la zona salteña más castigada por
la crisis social. El gobierno nacional sigue en la postura de no intervenir
la provincia “por el momento”. El gobernador de Salta, Juan
Carlos Romero, amenazó: “No vamos a tomar nota de ningún
petitorio que se elabore en los cortes de ruta”.
El asesinato del manifestante Aníbal Verón, quien era empleado
de una empresa que le debía ocho sueldos, caló hondo en
la comunidad salteña. Los piqueteros sostienen su reclamo y se
niegan a abandonar la protesta, que anteayer incluyó la toma de
seis policías como rehenes, incendios en la comisaría local,
en la empresa Atahualpa, una sede de la empresa Endesa en Tartagal y de
una oficina del diario salteño El Tribuno, propiedad de una sociedad
controlada por el gobernador Romero (ver página 13).
“Estamos planteando como primera condición para abrir la posibilidad
de diálogo que los que se encuentran dentro del piquete de Mosconi
con armas de fuego las entreguen de manera inmediata”, insistió
Ceballos. En diálogo con Página/12 el funcionario reconoció
las dificultades de la negociación al evaluar que la “la represión
de la policía provincial produjo una fuerte reacción entre
los pobladores”. “El actual corte de ruta no es una protesta
común, ya que la reacción de la gente le imprimió
otro grado de dramatismo y violencia”, sostuvo.
A entender del Gobierno, ninguno de los piqueteros fue detenido por su
participación en la protesta social, sino por los saqueos o por
estar armados. Voceros oficiales anunciaron el envío de refuerzos
de Gendarmería (procedentes de Capital Federal y de Córdoba)
y dijeron que la posesión de armas por parte de los piqueteros
era uno de los temas de mayor preocupación. En ese sentido, alimentaron
la teoría de que a Verón no le dispararon las fuerzas de
seguridad. Lo mismo que venía diciendo el gobierno provincial,
intentando cargar las tintas sobre los manifestantes, a quienes Romero
se refirió como “una organización política que
usa la violencia como forma de expresión”. El secretario de
Seguridad de Salta, Daniel Nallar, intentó refrendar la postura
con la frialdad de los números: Verón –dijo– recibió
el impacto frontal de “una bala calibre 22, que la Policía
no usa” disparada a “una distancia de un metro y medio”.
El Poder Ejecutivo se comprometió a dar colaboración a la
provincia. Pero los gobiernos provincial y nacional no están en
sintonía en todo. “Nosotros descartamos, por el momento, tener
que tomar alguna medida con respecto a la intervención de la provincia”,
dijo el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo. Romero, por su parte, anunció
que “es una posibilidad cierta la solicitud de la provincia de que
el gobierno nacional decrete el estado de sitio”.
El juez salteño Abel Cornejo, quien ordenó el desalojo de
la ruta 34 cortada desde hace doce días, aseguró que “la
seguridad de los ciudadanos en Mosconi y en Tartagal está garantizada”.
Pero se explayó mucho más a la hora de dar consejos a los
piqueteros en consonancia con el gobierno local: “Antes de cualquier
petitorio no se dejen usar por personas que van a aprovechar este tipo
de inquietudes sociales para llevar a cabo sus intereses”, sugirió.
Ayer a la tarde, después de una reunión del Comité
de Crisis –que integran Ceballos, el viceministro de Desarrollo Social
de la Nación, Gerardo Morales y funcionarios salteños–,
el secretario Nallar ratificó que el diálogo “está
interrumpido y la situación se mantendrá así, en
tanto y en cuanto esa gente que mantiene el corte de la ruta continúe
armada”. Los piqueteros esperan respuestas concretas del gobierno
nacional a sus reclamos de trabajo. José “Pepino” Fernández,
uno de los referentes entre los manifestantes, remató: “Romero
no quiere saber nada con nosotros y no creo que venga”.
Informe: Eduardo Tagliaferro
|
La óptica de
Graciela
La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide,
advirtió ayer que “por mucho” que le pidan ayuda
a su ministerio para paliar la situación de los sectores
más necesitados “todo va a depender del presupuesto
que el Estado me pueda dar”, y reiteró que en Salta
se mezclaron reclamos legítimos con “aprovechamientos
políticos”. También repitió que en esa
provincia, donde ayer se produjeron incidentes, hay una “fuerte
pelea de tres sectores del justicialismo”, y consideró
“injusto y manipulador” que ciertas franjas en ese territorio
digan que “la Nación no ayuda”. “Hay gente
que políticamente aprovecha un momento, en algunos casos
legítimamente porque se construye una oposición desde
ese lugar”, opinó la ministra, pero sostuvo que ese
aprovechamiento “es ilegítimo cuando se trasforma en
saqueo o violencia”. En diálogo con radio La Red, Fernández
Meijide retomó la idea que había formulado anteayer
cuando destacó que lo ocurrido en Salta constituye “un
confuso episodio donde aparecen, incluso, enfrentamientos de sectores
políticos”.
|
|
