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Por Horacio Verbitsky
 Como si habitara en otro país
el presidente Fernando De la Rúa anunció una nueva vuelta
de tuerca del ajuste, el mismo día en que la represión policial
al trigésimo corte de una ruta en Salta en lo que va del año
causó una muerte y desencadenó una revuelta popular cuya
gravedad sólo puede compararse con la del siestazo santiagueño
de 1993. En su discurso de Mar del Plata ante un foro patronal prometió
mayores ganancias a expensas de una disminución en el monto y un
incremento en la edad de las jubilaciones, la apertura al capital transnacional
del mercado de la salud, el retiro del Estado del sistema previsional,
la reducción en un 80 por ciento del monto máximo de las
pensiones graciables, la supresión del impuesto a los intereses
y el congelamiento del gasto público nacional y provincial durante
cinco años. Por más que el presidente haya elegido ignorarlos,
los episodios de Salta ratifican el profundo corte que hiere a la sociedad
argentina y la resistencia de los excluidos a la aceptación pasiva
de su situación.
12 x 3
En los primeros ocho meses del año Salta ya había concentrado
el 12 por ciento de los cortes de ruta de todo el país, pese a
que su población es apenas del 3 por ciento. Lo sucedido a partir
del viernes confirma al corte de rutas como el método de lucha
principal de la desintegrada Argentina neoliberal. Pero también
señala la reaparición de los saqueos, que tuvieron su pico
en los días de la hiperinflación de 1989/90. La semana pasada,
Rosendo Fraga había distribuido una oportuna investigación
del Centro de Estudios Unión para una Nueva Mayoría que
describe el fenómeno. En la década del 80 todavía
la expresión predominante de la protesta social eran los conflictos
laborales y los sindicatos encuadraban el reclamo por un mayor salario.
En 1989/90, fueron sustituidos por los saqueos. Al promediar la última
década, la nueva forma de protesta social es el corte de rutas
y vías públicas. “Ya no se trata de la lucha sindical
por el salario ni el saqueo determinado por la imposibilidad de acceder
a alimentos por parte de los sectores de menores ingresos, sino del desempleo
estructural en determinadas localidades del país”, dice el
estudio. Además, cuantifica los cortes por año y según
su periodicidad. En 1998 se cortaba una ruta por semana; en 1999 cada
día y medio. Ahora no pasa un solo día sin cortes en algún
lugar del país.
Entrar al mundo
El estudio también discrimina por provincias. En lo que va de
este año, sólo Jujuy (con el 2 por ciento de la población
nacional y el 14 por ciento de los cortes) superó a Salta. El otro
distrito a observar con detalle es la provincia de Buenos Aires, que protagonizó
el 33 por ciento de los cortes el año pasado y el 18 por ciento
este año. Si bien esos porcentajes son inferiores a los de su población,
en valores absolutos implican 82 cortes en 1999 y 43 en los primeros diez
meses de este año, los más abultados del país. Es,
además, aquel donde se observa una mejor organización en
los piquetes, como pudo verse en La Matanza, Quilmes, Florencio Varela
y La Plata.
Quien explicó de modo insuperable el mecanismo del piquete rutero
fue Carlos Auyero. En abril de 1997 el funcionario menemista Eduardo Amadeo
acusó al Frepaso de propiciar los cortes como un camino violento
hacia la toma del poder, que comparó con los métodos armados
de la década del 70. “Esos jóvenes no quieren cambiar
el mundo. Lo que quieren es volver a entrar al mundo. Y los mayores sólo
quieren regresar a un trabajo decente. Vos comparás esto con el
70 y hacés muy mal, porque introducís el temor en la sociedad.
El método del temor, ustedes o el caos, les dio resultado en el
‘95. Pero esto no puede tolerarse en la sociedad argentina. Se va
aacabar el miedo en la gente”. Auyero murió esa misma noche,
con el corazón partido al terminar el debate. El Frepaso forma
parte del gobierno que sucedió al de Menem, y su vaticinio sobre
la inutilidad del miedo parece cumplida. Faltaría agregar que la
política económica nacional a partir del cambio de gobierno
no ha mejorado la situación y la única diligencia se observa
en el envío de socorros. Esto es coherente con la lectura oficial,
que considera la pobreza y la desocupación un problema de asistencia
social y no de política económica. El hijo de Auyero, Javier,
sociólogo de la Universidad de Nueva York, acaba de publicar en
la revista británica Ethnography un estudio titulado “Las
hipervillas. Violencia(s) neoliberal(es) en las villas miseria argentinas”,
que describe la profundidad del corte social. “El ajuste macroeconómico
y las reformas neoconservadoras son responsables por la generalización
del desempleo, el desmantelamiento del componente de bienestar del Estado,
así como por la declinación de las condiciones de vida de
quienes ya eran pobres antes de las medidas de austeridad. Esta pobreza
global equivale a una verdadera desconexión de la sociedad y el
confinamiento de los moradores de las villas en subzonas sumergidas, donde
se reproducen el desempleo, la violencia y la vulnerabilidad.” El
corte de rutas es también una reacción política,
organizada, contra esas calamidades.
Esta vez no hubo dudas sobre las responsabilidades de la Nación
y la Provincia: el piquetero fue asesinado por la policía de Salta
y la multitud que a raíz del crimen atacó el destacamento
de Tartagal, encontró allí colchones y bolsas de alimentos
enviados por el ministerio de Desarrollo Social, que no habían
sido distribuidos.
En mayo de este año otro corte de la misma ruta culminó
con un compromiso que el Estado nacional afirma haber sobrecumplido. Según
la información oficial distribuida mientras Salta ardía,
los módulos alimentarios para Tartagal se aumentaron a 6000, canalizados
a través de una comisión local, y el mismo viernes se entregaron
195 pensiones. El ministerio de Desarrollo Social también informó
que en lo que va del año invirtió en planes sociales para
Salta más de 50 millones de pesos. De ellos, diez millones en efectivo
que deben aplicarse al sostenimiento de comedores para chicos de hasta
12 años. Fuentes oficiosas sugieren que así como la ayuda
en especie fue retenida por el gobierno provincial con fines clientelistas,
parte de los fondos líquidos fueron derivados a gastos generales.
Por su parte, el ministerio del Interior volvió a convocar al Comité
de Crisis establecido por la ley de Seguridad Interior, cosa que nunca
ocurrió durante la década menemista, y fue prudente en el
recurso a fuerzas federales, cuando los policías salteños
desbordados se refugiaron en un cuartel del Ejército.
Gotas en la arena
Pero aun así, el poder central no aportó más que
paliativos de emergencia, cual gotas de agua sobre arena reseca. El perfil
socioeconómico de Salta en noviembre de 2000 elaborado por la Consultora
Equis con datos oficiales señala que la distribución del
ingreso es cada vez más regresiva, que la riqueza se concentra
cada vez en menos manos. En 1990 y 1995 los ingresos del 10 por ciento
más rico de la población de Salta eran unas 20 veces superiores
a los del 10 por ciento más pobre. Ahora la brecha entre ambos
extremos es de 25 veces. Salta está en los últimos escalones
si se compara con cuántos pesos por día sobrevive cada uno
de los argentinos que integran el 20 por ciento más pobre de la
población. Los ingresos de los salteños son inferiores en
un 43 por ciento al promedio nacional, uno de los siete peores registros
del país.
Según datos del Banco Mundial, bastante más de la mitad
de los salteños está por debajo de la línea de pobreza,
fijada en 490 pesos mensuales para un hogar de cuatro miembros, y un sexto
no llegan ni siquiera a la línea de indigencia, valuada en 240
pesos mensuales para un hogar de cuatro miembros. “Sin asistencia
externa, enfrentan severos riesgos de alimentación y sobrevida”,
señala Artemio López.
Los problemas de empleo no son, a primera vista, peores que los del resto
del país. Pero otros indicadores complementarios son impactantes.
El salario promedio de los ocupados en mejor situación en el Gran
Salta es de 438 pesos mensuales, casi el 30 por ciento menos que el promedio
nacional, que es de 616,9. El salario de los informales es apenas una
tercera parte de ese promedio. Además casi la mitad de los ocupados
de la provincia (47 por ciento) lo son en tareas informales, más
del 30 por ciento de los que trabajan son empleados públicos, el
39,2 por ciento carece de beneficios sociales y el 46,5 por ciento no
está afiliado a sistema alguno de salud, ni sindical ni privado.
“En el contexto de una fuerte crisis económica de la región,
la causa central de esta situación es el desarrollo creciente del
sector informal de la economía, compuesta por unidades económicascuasi
familiares, de escasa o nula productividad, cuentapropistas precarios,
trabajadores domésticos, o bien trabajadores sin salario”.
Si alguien se sorprendió por el alto número de adolescentes
entre quienes cortaron la ruta y prendieron fuego a edificios públicos,
tal vez encuentre un principo de explicación en estos datos: casi
el 70 por ciento de los salteños menores de 14 aóos es pobres,
y más del 20 por ciento indigente. Sólo hay cuatro provincias
en las que la exclusión social es más intensa que en Salta:
Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy. La degradación de las condiciones
de vida también se mide en otros indicadores menos clásicos.
Por ejemplo, seis de cada diez salteños viven a tres cuadras o
menos de un basural, más de la mitad a la misma distancia de áreas
inundables. Estos datos se refieren en algunos casos al conjunto de la
provincia y en otros a la ciudad capital y sus suburbios. Esto significa
que los indicadores son aún más graves en Mosconi y Tartagal,
zonas precipitadas a la peor crisis por la privatización de YPF
y la falta de emprendimientos alternativos a cargo de la provincia, que
tampoco liquida en forma completa la parte correspondiente de las regalías
petroleras.
Organizado o espontáneo
Una de las polémicas más interesantes de los últimos
tiempos se produjo entre la ministra de Trabajo Patricia Bullrich y el
secretario general de la CGT/MTA, Hugo Moyano. La funcionaria dijo que
los cortes de ruta estaban organizados y tenían motivaciones políticas.
El dirigente de los camioneros le respondió que se asistía
a un estallido social espontáneo y pacífico.
Si se prescinde de su intención descalificadora, la ministra registra
un dato evidente. La otra central contestataria, la CTA, y el Movimiento
de Trabajadores Desocupados (MTD), han tenido la mayor incidencia en la
organización de los cortes. Además de planes precarios de
empleo y alimentos, en los piquetes se gana conciencia y organización.
En los cortes de La Plata, el MTD obtuvo la concesión de planes
de trabajo temporario y denunció su aprovechamiento clientelístico
por parte del intendente Julio Alak, uno de los ansiosos impulsores de
la prematura carrera presidencial del gobernador Carlos Rückauf.
“De los 720 planes otorgados por Provincia y Nación, la Municipalidad
se queda con 600. Esta actitud pinta de cuerpo entero a nuestra clase
política: moneda que cae sobre la mesa se la roban”, sostuvo
una declaración de los piqueteros difundida por Internet. También
advirtió contra la constitución de comités de crisis
en los que los desocupados queden en minoría frente a concejales
de todos los partidos, y mencionó como factores a tomar en cuenta
la intervención de la justicia, que ordenó desalojar la
ruta, y la declaración de los obispos católicos impugnando
los cortes. “Los desocupados se desconcentraron pacíficamente
y regresan a las asambleas barriales a discutir cómo sigue el plan
de lucha.” La contradicción entre estas nuevas formas de organización
y el sistema político es manifiesta: Alak arguye que hay mil desocupados
inscriptos en un registro municipal y que los planes deben distribuirse
entre ellos. Los piqueteros responden que ellos distribuirán los
planes porque los consiguieron con su actitud combativa.
Otro parte electrónico, de los Movimientos de Trabajadores Desocupados
de Quilmes, Lanús, Almirante Brown y Solano describió el
importante nivel de organización del corte que realizaron: camiones
y micros con manifestantes se concentraron a 20 cuadras del lugar elegido,
sobre el que avanzaron desde distintos puntos. En pocos segundos, los
grupos de piqueteros bloquearon tres de los cuatro accesos de la rotonda
con neumáticos en llamas. El cuarto acceso sólo siguió
abierto el tiempo suficiente para que salieran los vehículos que
habían quedado atrapados.Se prohibió tomar alcohol y se
distribuyeron carteles, banderas y brazaletes.
Durante el día, hubo distintos intentos de la policía de
medir la firmeza y el grado de organización de los piquetes: “Primero
se acercó un
patrullero con un oficial ‘simpático’ pidiendo permiso
para pasar; después un sargento de civil nervioso, con el verso
de que tenía a la madre internada en la otra punta y debía
pasar, finalmente intentaron con un patrullero que, aprovechando una vereda
descuidada, quiso acelerar, y cuando a los pocos metros fue detendido
por los piqueteros, amenazaba con pasarlos por encima”. Los piqueteros
se mantuvieron firmes y “al oficial patotero no le quedó otra
que poner su mejor cara de susto, y retroceder apresurado. Esta firme
resistencia les dejó en claro a las fuerzas represivas que el corte
estaba firme y no iba a ser fácil moverlo”. El parte también
relata otros aspectos de la organización: mientras unos montaban
una cocina, otros recorrían con una camioneta en busca de más
neumáticos. Recibieron solidaridad de organizaciones sociales,
vecinos autoconvocados y trabajadores de la zona. Hubo incluso ayudas
de empresarios: una maderera donó el combustible a quemar en las
ollas populares, un frigorífico la carne. Una vez asentado el corte,
se convocó a la primera asamblea, en la que se repasaron los reclamos
y se pidió la “libertad y el desprocesamiento de los miles
de presos por luchar”. Una propuesta que se escuchó en varios
de los cortes fue la de unir fuerzas en un paro activo nacional de 36
horas, con cortes de ruta “para edificar un nuevo poder popular,
que garantice un nuevo modelo de país al servicio de los trabajadores
y el conjunto del pueblo”.
La organización no excluye las discrepancias. Mientras el Movimiento
de Trabajadores Desocupados de Varela aceptaba la intervención
del intendente justicialista, tal como ya había ocurrido en La
Matanza, los de Lanús, Brown y Quilmes resolvieron no admitir mediación
de partidos ni de la Iglesia, reafirmando su autonomía. Luego de
un largo tira y afloje, en el que los piqueteros no mostraban apuro ni
reducían sus exigencias, mientras más gente se iba sumando
al corte, los funcionarios presentaron una “Propuesta del Gobierno
Nacional y Provincial al Movimiento de Trabajadores Desocupados”,
que los piqueteros sometieron a una nueva asamblea, en la que la aprobaron.
“Con sudor, con lucha y con paciencia / va creciendo la nueva resistencia”,
entonaban.
Pacífico o violento
Moyano sí acertó al destacar el carácter pacífico
de estas movilizaciones en las que participan familias enteras, con mujeres,
niños y ancianos. Pero es difícil prever la respuesta ante
provocaciones y ataques, como el de la policía de Salta. La erupción
de furia en Tartagal posterior al asesinato de Aníbal Verón
tuvo un grado de espontaneidad del que carecieron los más organizados
episodios del Gran Buenos Aires, y confirma las previsiones de Carlos
Alvarez sobre la profundidad del corte que separa a la sociedad de la
dirigencia política. Esa percepción fue la que lo llevó
a resignar la vicepresidencia y elegir como lugar simbólico de
referencia el café de la esquina, junto a la gente que hasta el
día anterior le hacía sentir su repudio en la calle. Pero
a cinco semanas de aquel gesto, su ausencia de la escena nacional dramatiza
la dificultad del Frepaso para ubicarse en un escenario polarizado, en
el que las estampas de Salta coexisten con las de Mar del Plata. Alvarez
era uno de los invitados para exponer ante los representantes del capital
más concentrado reunidos por Idea, pero prefirió no concurrir.
Su defensa ciega de todas y cada una de las medidas del ajuste duró
tanto como su pertenencia al gobierno, que cesó cuando esa prédica
se le hizo demasiado gravosa. Pero tampoco se ha oído su voz en
aliento a quienes resisten esa política. El resultado ha sido su
eclipse, justo cuando más necesidad se percibe de unliderazgo firme
y presente. Su deserción dejó en la mayor incomodidad a
los frepasistas con cargos en los poderes Ejecutivo y Legislativo, urgidos
a aprobar medidas antipopulares. Sin ellas podría desencadenarse
la catástrofe financiera a la que aludió el presidente.
Con ellas, se profundizará la catástrofe social.
Dolarización o devaluación
El nuevo paquete de préstamos por casi 20.000 millones de dólares,
atado a la profundización del ajuste anunciada el viernes, sólo
difiere el dilema que desde hace tres años divide a los factores
de poder. Lo describe el investigador de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Eduardo Basualdo en su libro “Concentración
y Centralización del Capital en la Argentina durante la década
del noventa”, distribuido esta semana. Las asociaciones entre grupos
económicos locales, empresas extranjeras y bancos acreedores fueron
el principal tipo empresario de la década pasada, que se expresó
en el desguace del Estado. La armonía concluyó hacia fines
de la década, cuando los grupos locales comenzaron a vender sus
participaciones a los socios extranjeros, colocaron sus ganancias en inversiones
financieras fuera del país y conservaron posiciones en empresas
exportadoras. Rota aquella comunidad de negocios, las contradicciones
entre ambos sectores se expresan en opciones opuestas de política
económica: los extranjeros que compraron activos fijos se inclinan
por la dolarización que preserve su valor; los grupos locales que
sólo retienen aquí empresas vinculadas al mercado externo
y activos financieros dolarizados, presionan por la devaluación
que acrecentaría su valor en pesos.
De la Rúa repitió varias veces que su proyecto es de desarrollo
sostenido y empleo estable, pero nada en sus anuncios apunta en tal dirección.
El recálculo del presupuesto confirma la ya señalada inconsistencia
de los números enviados al Congreso y, al reducir las proyecciones
de crecimiento del Producto y de la recaudación, implica un nuevo
y duro ajuste. Un capítulo central de los anuncios del viernes
fue la batería de nuevos negocios para las empresas privadas, que
abarcarán el cobro y control de ciertos impuestos, la salud, todas
las jubilaciones nuevas y los propios trámites jubilatorios. Su
contracara es la reducción al mínimo de las pensiones graciables,
la rebaja en los montos que cobran los jubilados, la prohibición
de los juicios civiles a los trabajadores víctimas de accidentes,
reducidos así a ciudadanos de segunda. Desde el año pasado
se sabe que los últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
apuntan a las provincias, a las que se procurará imponer un denominado
Pacto Federal, por el que deberían comprometerse a congelar el
gasto por un lustro. Esto pondrá a prueba la relación del
gobierno con la oposición justicialista. Su aprobación parlamentaria
es más que dudosa, ya que implicaría arrojar a nuevos contingentes
de despedidos de las administraciones provinciales a las rutas de la Patria,
con el corte como única salida.
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Psicólogo ahí
Por HV
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
no sólo mide la intensidad y profundidad de la crisis. También
la padece en sus propias filas. Un número llamativo de encuestadores
que fueron enviados a realizar la prueba piloto para el próximo
censo de población que debería realizarse en 2001
abandonaron el operativo, superados por la situación social
que encontraban. Su tarea debía realizarse en Pergamino,
uno de los núcleos privilegiados de la producción
agrícola de la pampa húmeda, si se atiendea la macroeconomía.
Muchos de esos encuestadores que se “quebraron”, como
dicen sus compañeros de trabajo, requirieron atención
por parte de las psicopedadogas del INDEC.
Mientras eso ocurre en los lugares más prósperos del
país, en los más castigados, los relevamientos del
INDEC son cada vez menos confiables, ya que los encuestadores eluden
entrar a las villas. Cada vez con mayor frecuencia, allí
les roban las computadoras, los autos y otros efectos personales.
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