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José
Luis Machinea eligió actuar como retransmisor, hacia los
parlamentarios y los gobernadores, de la extorsión (emplazamiento,
si la palabra suena demasiado fuerte) que el Fondo Monetario y el
Banco Mundial le están planteando a la Argentina mientras
la hostigan los mercados. Para obtener el denominado “blindaje”,
el país debe avanzar en las reformas de “segunda generación”
(por ejemplo el desplazamiento de las Obras Sociales por las prepagas
o la virtual privatización del Pami, entre otras). Si la
Argentina no hace lo necesario para que el FMI le provea la armadura
y el yelmo, el país caería en el caos, según
el término blandido por Machinea, caos que en estas circunstancias
derivaría de la cesación de pagos. Siguiendo con la
lógica de ese escenario, al final del camino saltaría
por los aires la Convertibilidad.
Sin embargo, en el paquete difundido el viernes se mezclan elementos
orientados a tranquilizar a los acreedores, como es el congelamiento
nominal del gasto público primario, nacional y provincial
(es decir, excluyendo el pago de intereses de la deuda, que sí
podría aumentar), por los próximos cinco años.
Esto implica que todo incremento de los recursos tributarios como
consecuencia del crecimiento que logre la economía quedaría
disponible para atender con más seguridad y rapidez los servicios
del endeudamiento.
Ahora bien: la abolición de la jubilación por reparto,
administrada por el Estado, y la eliminación de la Prestación
Básica Universal no son medidas concreta y urgentemente vinculadas
a la solvencia fiscal, sino a la ideología económica
y social del Banco Mundial. Un mismo ahorro siempre puede lograrse
por caminos alternativos. La elección de alguno de ellos
expresa un criterio ideológico. Tal vez pueda ser necesario
hoy asegurar determinado ahorro de recursos, pero nunca será
ineludible hacerlo de una única manera y reclamar que ésta
sea aprobada a libro cerrado.
Hay que recordar, además, que la reforma previsional de 1994
implicó para el Estado una fuerte pérdida de ingresos,
a punto tal que en los últimos años ese solo factor,
la introducción de la jubilación privada, explicó
casi todo o incluso todo el déficit fiscal de la Nación.
Hoy, cuando Hacienda le pide a las AFJP que le presten plata, comprando
bonos públicos, les paga intereses por dinero (los aportes
previsionales de los asalariados) que antes de la reforma ingresaba
a Seguridad Social como lo que es: un impuesto. Es curioso que ahora
la supresión lisa y llana del sistema de reparto se incluya
en un paquete que procura el saneamiento fiscal, cuando ha sido
la principal fuente de contaminación.
De pronto, y sin anestesia, el presidente De la Rúa y su
ministro de Economía reconocieron que la situación
es mucho peor de lo que ellos mismos decían, que no existe
la reactivación de la que hablaban y que el déficit
fiscal presente y futuro es muy superior a lo admitido. Esto equivale
a admitir que, por la parte que le toca, Machinea hizo mal su trabajo.
En su descargo menciona el daño político que causó
la crisis del Senado y su desemboque en la renuncia de Chacho Alvarez.
Pero esto lo que hace es extender la responsabilidad a todo el Gobierno,
porque ¿de dónde salieron si no los sobornos para
aceitar la sanción de la Reforma Laboral?
Si el ultimátum de la troika De la Rúa-Chrystian Colombo-Machinea
a la Alianza misma, a los gobernadores y a la oposición legislativa
es desoído, no es tan seguro que el país se precipite
en una crisis inmanejable, porque se trata de un presagio interesado.
Diríase sí, a lo sumo, que no es descartable. Pero
lo que ocurriría con plena seguridad es la caída de
Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy u otra figura
de parecido perfil. El más probable es con todo Murphy, que,
como significa “papa”, está predestinado a que
lo llamen cuando queman.
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