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Por
Irina Hauser
 Todo
empezó cuando, a comienzos de agosto, la jueza Isabel Míguez
de Cantore acusó a sus dos compañeros de la Sala A de la
Cámara Comercial de Apelaciones de negociar fallos favorables con
abogados litigantes. Ayer el titular de la Cámara, Héctor
Di Tella, cuestionó también a la magistrada al declarar
ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Y ratificó el acta que firmó junto con otros nueve camaristas
y el fiscal Raúl Calle Guevara, que derivó en la denuncia
de las irregularidades ante ese organismo. En ese documento se reproducían
imputaciones de Míguez de Cantore en las que contaba que su compañero
Julio Peirano le había pedido en nombre de Rodolfo Barra, titular
de la Auditoría General de la Nación (AGN), que redujera
el monto de indemnización de un fallo contra un banco.
La semana pasada la camarista señaló ante el Consejo su
preocupación por el vínculo de Peirano con abogados que
patrocinan causas en trámite ante la Cámara Comercial, como
Guillermo Tabanera y Pedro González Trabucco. Al relato sobre el
pedido de parte de Barra agregó, por ejemplo, que Peirano y González
Trabucco al parecer comparten una caja de seguridad bancaria en la que
el abogado habría puesto a disposición del camarista dinero
ganado en un juicio. También comprometió a su ex compañero
de sala, Manuel Jarazo Veiras, que renunció en medio del escándalo.
Dijo que ella misma grabó una conversación con el abogado
Juan Manuel Lynch, del grupo Aluar, en la que se menciona que el abogado
José de San Martín, amigo reconocido de Jarazo Veiras, asesoró
a la empresa en relación con actuaciones que tenía a estudio
ese camarista y que por esa tarea habría cobrado 350 mil pesos.
La jueza que destapó la olla, Peirano y Jarazo Veiras están
siendo investigados por supuesto cohecho por los jueces Sergio Torres
y Adolfo Calvete. Intentan verificar si los camaristas recibieron coimas
a cambio de favorecer con sus sentencias a los accionistas mayoritarios
de la firma Aluar y a dos ex socios del laboratorio Biogenesis.
El juez Di Tella dijo ayer ante los consejeros que le llamaba la atención
que Míguez de Cantore se hubiera negado a formalizar una denuncia
concreta. “Decía que sólo transmitía lo que
sabía para que el tribunal tomara conciencia y tuviera una intervención,
evidentemente se desenvolvía en un plan diferente al nuestro en
relación a lo que podía ser una conducta reprochable de
Peirano”, dijo. “Le pedimos –añadió–
que estructurara su denuncia, pero no lo hizo.”
Di Tella ratificó todo lo que había denunciado con sus colegas
ante el Consejo, pero se cuidó de hacer referencias a irregularidades
puntuales. También sugirió que, al menos en la sala A, nadie
estaría exento de culpas. Contó que tiempo atrás,
al asistir a un acto en el condecoraban a Míguez de Cantore por
sus 25 años como jueza, le llamó la atención el hombre
que sacaba fotos. “Cuando averigüé quién era me
enteré de que era el abogado González Trabucco”, el
mismo que según denunció la jueza frecuentaba sospechosamente
el despacho de su colega Peirano.
Ayer también declaró Susana Polotto, prosecretaria de la
sala A. Dijo que vio a Barra dos veces (una en 1998 y otra en 1999) de
visita por la Cámara, y que preguntó por Peirano. También
contó que Míguez de Cantore y Peirano solían hablar
de González Trabucco. Y que en una oportunidad lo nombraron perito
de común acuerdo. Por último, dio su testimonio el fiscal
Calle Guevara, que también ratificó las irregularidades
denunciadas.
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