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Por
Adriana Meyer
 La
viuda del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y su entorno
tienen una chance más para evitar ser juzgados en forma oral y
pública. Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado
pidieron el sobreseimiento del grupo liderado por Victoria Eugenia Henao
Vallejo, procesado en diciembre. El juez federal Gabriel Cavallo los acusó
de haber integrado una asociación ilícita para lavar dinero
procedente del comercio de drogas. “No nos encontramos ante ninguna
de las operaciones clásicas de lavado de dinero”, afirmaron
los representantes del Ministerio Público. Y agregaron que “nada,
salvo su matrimonio, relaciona a Santos Caballero con operaciones de tráfico
de estupefacientes” porque “ni las sumas involucradas, ni la
manera en que han sido manejadas, ni las personas envueltas parecen mostrar
algo más que un grupo familiar embarcado en un proyecto de distanciamiento
de una historia familiar reciente traumática”.
El contador y ex amante de la viuda, Juan Carlos Zacarías, también
había sido procesado como organizador de la banda. El juez Cavallo
no pudo probar que la mujer haya cometido el delito de uso de documento
falso, dado que ingresó a la Argentina en 1994 como María
Isabel Santos Caballero, y tampoco logró establecer una presunta
extorsión que habría ejercido Zacarías sobre la viuda,
pero procesó a su ex defensor, Víctor Stinfale, por haberla
amenazado y al abogado Luis Dobniewsky también por lavado de dinero,
porque le compró una casa a la viuda.
Zacarías y la viuda están detenidos en el Departamento Central
de la Policía Federal. Si Cavallo se opone al criterio de Freiler
y Delgado, será la Cámara Federal la que decidirá
la elevación o no de la causa a juicio oral. Aunque este magistrado
no suele contradecir los dictámenes de los fiscales, podría
modificar su criterio habitual por la “gravedad institucional”
de la decisión, según comentó una fuente del juzgado.
“La prueba recogida ha dejado claramente establecido que María
Isabel Santos Caballero, sus hijos, Juan Sebastián Marroquín
Santos y Juana Manuela Marroquín Santos modificaron su identidad
en Colombia de acuerdo con las normas que dicho país estipula,
a partir de la cual las autoridades competentes expidieron nueva documentación
que reflejaba dicha mutación, con lo cual ingresaron a la Argentina
en forma legítima”, escribieron los fiscales. Según
ellos, el cambio de identidad en Colombia no se hizo para ocultar ninguna
actividad ilícita sino por una cuestión de seguridad propia
y de su familia. Freiler y Delgado destacaron que la viuda fue perseguida
en distintos países, y en la Argentina el acoso fue penal. “La
investigación ha tensado al máximo la cuerda inquisitiva
en torno de los bienes pertenecientes al grupo familiar de Santos Caballero”,
señalaron.
Además, los fiscales destacaron que Henao Vallejo no tiene cuentas
pendientes con la justicia colombiana. El razonamiento es el siguiente:
“si no hay motivo en Colombia para perseguirla penalmente por el
delito de enriquecimiento ilícito, ni a su núcleo de confianza
por tal delito o el de testaferrato, no hay sustancia como para aseverar
que los bienes ingresados eran no sólo espurios sino directamente
relacionados con la actividad exportadora de estupefacientes de su extinto
marido”.
En cuanto al lavado de dinero, Freiler y Delgado aseguraron que el patrimonio
de la viuda y sus hijos no es una parte “significativa” de los
beneficios que le reportaran a Escobar sus “negocios con el Cartel
de Medellín”. Esta afirmación surge de la comparación
entre los dos millones que habría lavado Henao Vallejo (según
el juez) y los 3 mil 500 millones que habría dejado el narcotraficante
colombiano a sus herederos. Tampoco resultó relevante para ellos
el informe de la DEA sobre la mujer, al que calificaron de “lacónico”.
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