Por Fernando Cibeira
La seguidilla de reuniones apenas
si sirvió para acercar posiciones pero no alcanzó para que
el Gobierno y la oposición llegaran a un acuerdo por el paquete
de medidas económicas. El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
anoche prolongó hasta las 23 un encuentro en su despacho con los
gobernadores justicialistas de provincias chicas los más
proclives a congraciarse con la Rosada pero quedaron en seguir hoy
temprano. El gobernador bonaerense Carlos Ruckauf se fue antes y adelantó
que para el acuerdo falta bastante. El Gobierno ya aceptó
compartir la distribución de los planes sociales a través
de la creación de las unidades ejecutoras, conformadas
en conjunto por funcionarios nacionales y de las provincias. La traba,
al parecer, pasa por quién maneja esas unidades, una prerrogativa
que el Gobierno no quiere ceder de ninguna forma. Con todo, con cada día
que pasa la Rosada siente que el blindaje del FMI se complica y los gobernadores
opositores quieren hacer negocio con su apuro.
En las reuniones se repiten los protagonistas y los argumentos. Por lo
que no es de extrañar que también se cosechen los mismos
magros resultados. Al igual que el lunes, Colombo cerró el día
reunido con los gobernadores justicialistas aunque, pese a tanta conversación,
no conseguían achicar las últimas diferencias. Al jefe de
Gabinete verdadero hombre fuerte del Gobierno en estas negociaciones
lo acompañaba sólo el secretario de Relación con
las Provincias, Oscar Cetrángolo. Por parte de los gobernadores
peronistas estaban el pampeano Rubén Marín, el jujeño
Eduardo Fellner, el tucumano Julio Miranda, el puntano Adolfo Rodríguez
Saá, el misionero Carlos Rovira y el jefe del bloque de diputados
del PJ, Humberto Roggero.
Ruckauf estuvo en la primera parte y salió avisando que iba a compartir
sus conclusiones con el cordobés José Manuel de la Sota
y el santafesino Carlos Lole Reutemann. Para el acuerdo
falta bastante, no lo veo hoy, Mañana, no sé, avisó.
Para cuando los gobernadores opositores volvieron a verle la cara a Colombo
ya habían pasado varias instancias previas. Primero, la cena del
lunes en la Casa de La Rioja de la que también participaron el
ministro de Economía, José Luis Machinea, y el diputado
radical Jesús Rodríguez, que sirvió para reabrir
la instancia negociadora.
Durante el día, el secretario de Programación Económica,
Miguel Bein, se encontró con los ministros de Economía de
las provincias para poner en un papel los puntos de acuerdo y las diferencias
(ver nota aparte). Sobre la base de ese documento, Colombo volvió
a convocar a los gobernadores justicialistas luego de que terminó
su encuentro con los mandatarios de la Alianza, quienes concurrieron a
interiorizarse de los puntos en discusión.
En el medio también hubo incidentes. El viceministro de Desarrollo
Social, Gerardo Morales, se salteó los modales que requiere cualquier
negociación de este tipo y opinó que los peronistas querían
el manejo de los planes sociales para hacer clientelismo político.
Como respuesta, los diputados del PJ pidieron su renuncia.
Casi al mismo tiempo, en Olivos, el presidente Fernando de la Rúa
se reunía con los diputados de la Alianza para explicarles una
vez más por qué tenían que aprobar el Presupuesto
y les adelantaba el incremento de las partidas para gasto social. No obstante,
a la salida, algunos diputados del Frepaso volvieron a mostrarse en contra
de varios puntos del paquete de medidas económicas (ver página
6), un dato que fue resaltado por Ruckauf durante la conferencia de prensa
que ofreció al salir del encuentro en la Jefatura de Gabinete.
Luego de la partida del gobernador bonaerense, circularon versiones sobre
un inminente acuerdo que se firmaría hoy mismo al mediodía.
Se sabe que el Gobierno siente que los gobernadores de las provincias
chicas son más sensibles a los requerimientos de la Rosada debido
a su dependenciaeconómica de las partidas que reciben de Economía
e Interior. Sin embargo, toda la presión del Gobierno no alcanzó
para ganar la pulseada.
Según se comentaba a última hora, pese al principio de acuerdo
que existían en los demás puntos, las diferencias continuaban
centradas en la distribución de la ayuda social, un punto en el
que los gobernadores han plantado bandera y en el que Gobierno no quiere
arriar sus banderas. Cerca de Colombo consideraban haber cedido bastante
al imaginar la creación de las unidades que unirán
a funcionarios nacionales y provinciales para que, juntos, controlen adónde
va a parar el gasto social. Pero para el Gobierno, ceder la conducción
de esas unidades como pide el PJ sería algo parecido
a que le pidan que deje de hacer política.
Menem cien por cien
Carlos Menem sostuvo ayer que los gobernadores deben
ser los que manejen los planes sociales en el país y estimó
que el presupuesto 2001 será aprobado en tiempo y en
forma antes de que finalice el año. El ex presidente
introdujo de esta manera la pulseada que los mandatarios provinciales
mantienen con el Gobierno frente al nuevo paquete de medidas económicas.
Menem, además, mostró su optimismo por la suerte futura
del justicialismo. Tengo la certeza de que en el 2003 volveremos
a ser gobierno y también en el 2007, en el 2011 y en el 2015,
azuzó durante el acto de la nueva línea Frepeba del
justicialismo bonaerense curiosamente celebrado en un barrio
porteño, asegurando después que el PJ hará
una tercera revolución a partir del 2003 cuando volvamos
a ser gobierno.
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DIFERENCIAS
EN EL PJ ENTRE LAS PROVINCIAS GRANDES Y LAS CHICAS
Cuanto mayor tamaño, mayor dureza
Por
Fernando Almirón
Los gobernadores
del PJ intentaban evitar a la hora de negociar su respaldo a las
medidas económicas del gobierno nacional y el Presupuesto 2001
que su frente interno se dividiera entre los que administran provincias
chicas y los que gestionan provincias grandes. Mientras las provincias
pobres se muestran más propensas a cerrar un acuerdo con el poder
central, los gobernadores Carlos Ruckauf, José Manuel de la Sota
y Carlos Reutemann no están dispuestos a bajarse de las demandas
que le formularon al comienzo de las negociaciones al jefe de Gabinete,
Chrystian Colombo, con quien los peronistas continuaban hasta última
hora el tira y afloje (ver nota central). Ayer, mientras algunos de sus
compañeros aseguraban que se estaba por llegar a un acuerdo, el
bonaerense que actuó como representante y portavoz de las tres
provincias grandes retrucó: Todavía estamos lejos
de eso.
Las provincias chicas están menos obsesionadas con la letra chica
del acuerdo. Su objetivo principal, casi excluyente, es mantener los niveles
de ayuda social que reciben del poder central. Esto es alimentos y planes
de trabajo suficientes como para contener las protestas de la gente en
sus distritos. Con eso les alcanza para mantenerse tranquilos en
un año electoral, les reprochan los representantes de las
provincias grandes.
Al frente de este grupo, el más tibio, están el presidente
del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja, y el jujeño
Eduardo Fellner.
Los representantes de las provincias grandes como Ruckauf, De la
Sota y Reutemann quieren en cambio mayor participación en
las decisiones del gobierno nacional. Sus demandas no se limitan a tener
el control de la ayuda social destinada a las provincias. También
quieren monitorear la dirección de la política económica
que impulsa el presidente Fernando de la Rúa y, si les es posible,
incorporarle las modificaciones que crean convenientes.
Lo que ocurra en materia económica a nivel nacional repercute
mucho más en aquellos distritos en los que hay actividad productiva,
aseguró un vocero del gobernador Ruckauf. En Córdoba aseguran
que para ellos no es tan importante recibir ayuda alimenticia, ya que
el 40 por ciento de los habitantes de la provincia viven directa
o indirectamente de la industria automotriz, nosotros lo que reclamamos
es reactivar esa industria.
De todos modos en algo coinciden los mandatarios peronistas, en quedarse
con el control del dinero destinado a la ayuda social. Su propuesta de
mínima es crear una unidad ejecutora que recibiría todos
los fondos que hoy maneja el Ministerio de Desarrollo Social. La de máxima,
forzar la renuncia de Graciela Fernández Meijide.
El protagonismo de los mandatarios peronistas, sobre todo de los presidenciales,
encendió la alarma en el bloque de diputados del PJ. El jefe de
la bancada, Humberto Roggero, no dudo en sumarse a la reunión que
ayer a última hora mantenía el jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo, con los mandatarios Julio Miranda, Rubén Marín,
Eduardo Fellner y Adolfo Rodríguez Saá. La aprobación
de leyes es un tema de los legisladores peronistas, sentenció
Roggero cuando se enteró de que se estaban negociando proyectos
de ley que no formaban parte del paquete previsto para el acuerdo entre
las provincias y la Nación.
REUNION
CON LOS MINISTROS DE ECONOMIA PROVINCIALES
Un pequeño principio de acuerdo
Los ministros de
Economía de las provincias justicialistas arribaron a un acuerdo
parcial con las autoridades del Palacio de Hacienda de la Nación
en torno al control del gasto primario de cada jurisdicción, pero
sólo para el próximo año en lugar del compromiso
por un lustro reclamado por el Ejecutivo nacional y únicamente
cuando mantengan situaciones deficitarias. La contrapartida ofrecida por
Economía fue mantener en 1364 millones de pesos el monto mínimo
mensual que el Estado nacional gira a las provincias en concepto de coparticipación
de impuestos. Asimismo, se alcanzaron acuerdos para compartir el manejo
de los fondos sociales. El borrador del acuerdo fue elevado al ministro
de Economía de la Nación, José Luis Machinea; al
jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y a los gobernadores para su debate
y definición.
Miguel Bein, secretario de Programación Económica, señaló
al término del encuentro en el Palacio de Hacienda que terminamos
una propuesta técnica que tiene un gran número de acuerdos
y algunos puntos sobre los que no se ha acordado. Aunque se negó
a dar precisiones, trascendió que las provincias peronistas habrían
conseguido el manejo de planes de asistencia social de manera conjunta
con el gobierno nacional, a cambio de la creación de un padrón
único de beneficiarios. El gobierno nacional aceptaría conformar
junto a los Estados provinciales grupos de trabajo conjuntos para ejecutar
los programas de empleo y de desarrollo social, como parte del acuerdo
que incluye la prórroga del Compromiso Federal que promovió
el presidente, Fernando de la Rúa.
Las diferencias se mantienen en los montos a distribuir a partir del año
2002. El Gobierno pretende mantener el tope de 1364 millones de pesos,
lo cual fue rechazado por las provincias. La Nación propuso asegurar
una transferencia mínima mensual de 1400 millones de pesos para
el año 2003, de 1440 millones en 2004 y de 1480 millones en 2005.
Entre los puntos del borrador también se contempla que las jurisdicciones
provinciales podrán disponer libremente de hasta el 50 por ciento
de los fondos con asignación específica durante la vigencia
del compromiso federal. Además, el Gobierno mantendrá el
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero hasta el año 2005,
a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el
Banco de la Nación Argentina.
En otro punto, las provincias se comprometen a eliminar todas aquellas
cláusulas de convenios y estatutos que impliquen el aumento automático
de las remuneraciones de los funcionarios y empleados públicos.
Finalmente, el borrador prevé que, en caso de que al 31 de diciembre
de 2003 no se hubiera sancionado la nueva Ley de Coparticipación
Federal, el Ejecutivo elevará al Congreso un proyecto de ley que
incluya dentro de la masa de fondos a coparticipar todos los recursos
nacionales, excepto los derechos sobre el comercio exterior, pero incluyendo
los impuestos a la nómina salarial. Ese proyecto también
incluiría que los recursos a transferir a las provincias durante
cada año serán el promedio de lo recaudado coparticipable
en los tres años anteriores.
Cavallo se ofrece
como intermediario
Una vez más, Domingo Cavallo está intentando tener
protagonismo en el gobierno de la Alianza. Esta vez tratará
de conversar con los gobernadores peronistas para que tomen
conciencia de la situación y apoyen el paquete de medidas
que impulsa el presidente Fernando de la Rúa para obtener
el famoso blindaje financiero. Así lo explicó
ayer en una entrevista radial el economista Adolfo Sturzenegger
y lo confirmaron más tarde a este diario en las filas del
ex ministro. La idea no es convencer, sino explicar lo que
él piensa. Y lo que piensa es que están bien los títulos
de las medidas, pero hay que ver la letra chica y en qué
tiempo se implementan, explicaron en su entorno. El domingo,
Cavallo se encontró de casualidad con el gobernador de Santa
Fe, Carlos Reutemann, en una confitería que está cerca
la cancha de River Plate y estuvieron hablando sobre el paquete
que impulsa el Gobierno. Ese mismo día, Cavallo también
se comunicó por teléfono con el gobernador bonaerense,
Carlos Ruckauf, y hablaron sobre el mismo tema. A los dos les dijo
lo que pensaba: que las medidas son buenas en términos generales
Cavallo no coincide, por ejemplo, en que sea necesario aumentar
la edad jubilatoria de las mujeres, pero que hay que esperar
para ver la letra chica del paquete y que sería
bueno que en una segunda etapa vengan las medidas de reactivación.
El ex ministro de Economía intentó ayer seguir comunicándose
con gobernadores, pero no pudo hacerlo porque fue un día
muy movido para los mandatarios provinciales, que mantuvieron reuniones
en diferentes lugares. De todas formas, el líder de Acción
por la República alberga la esperanza de poder reunirse con
ellos en los próximos días para intercambiar opiniones
sobre el paquete. La idea es apoyar al Gobierno, pero no está
en Cavallo la intención de ser gestor de estas medidas. En
la Cámara de Diputados vamos a dar quórum, pero no
vamos a acompañar a pies juntillas, dijo uno de los
principales operadores del ex ministro en la Cámara baja.
Otro compartió una crítica sutil que Cavallo
suele hacer por estos días: Dice que las medidas se
lanzaron con cierto cargo de conciencia, que faltó convencimiento
a la hora de hacer los anuncios y que así no se termina de
generar un shock de confianza.
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