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LOS 13 PRESOS DE LA TABLADA INTERNADOS
El tiempo se agota

Tras 71 días de huelga de hambre, los detenidos fueron trasladados a distintos hospitales. Hebe de Bonafini inició un �ayuno solidario�. Otros organismos se entrevistaron con la Cámara de Casación.

Bayer, Bonafini, Rozitchner, González, Zito Lema.

Mientras los nueve presos por el copamiento al cuartel de La Tablada que seguían en las cárceles tuvieron que ser internados, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, comenzó un “ayuno solidario” junto a profesores de la Universidad Popular, en apoyo a la huelga de hambre que realizan los detenidos. Por otra parte, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezadas por Nora Cortiñas, se reunieron con la Cámara de Casación para solicitarle que revisen las condenas contra los reclusos.
Ayer por la tarde Roberto Felicetti y Luis Díaz fueron trasladados al Hospital Fernández, debido al desmejoramiento de su salud, tras 71 días de huelga de hambre. En ese hospital ya estaban alojados Enrique Gorriarán Merlo, Carlos Motto, Miguel Aguirre y Claudio Rodríguez. Por otro lado, Claudio Veiga, Sergio Paz, Gustavo Messutti y José Moreira tuvieron que ser internados en el Hospital Santojanni. A última hora, fueron derivadas a ese establecimiento Ana María Sívori, Isabel Fernández y Claudia Acosta.
Con las internaciones de ayer, ya no quedan detenidos en las cárceles.
Según un comunicado de sus familiares, los huelguistas han perdido en promedio el 20 por ciento de su peso. Los presos sufren cefaleas, vómitos, dolores musculares y arritmias. En algunos casos, también presentan cuadros de deshidratación, calambres y náuseas.
En cuanto al ayuno iniciado en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini aseguró que tomaron esa medida porque “el Gobierno no tiene ningún interés en el tema de los presos”. La titular de las Madres aseguró que la huelga de hambre será rotativa y se extenderá hasta el lunes, cuando marcharán hacia los hospitales en donde estén internados los detenidos.
“En mi opinión, pareciera que el Gobierno está esperando algún desenlace fatal para preocuparse por el tema”, disparó Vicente Zito Lema, director de la Universidad Popular de las Madres, que también realiza el ayuno. “Si sucede algo desgraciado, el Gobierno tendrá que responder judicialmente”, agregó Zito Lema.
El primer día del ayuno solidario en la sede de las Madres fue realizado, además de por Bonafini y Zito Lema, por León Rozitchner, Horacio González y Alfredo Grande, todos docentes de la Universidad Popular. De la medida también participarán Osvaldo Bayer y Alberto Szpunberg, entre otros.
“El Gobierno tiene que cumplir con la ley. Esta huelga y la de los muchachos es para que se cumplan leyes internacionales”, señaló Osvaldo Bayer. “Simplemente tienen que cumplir con la ley”, afirmó el escritor.
Por otro lado, ayer por la mañana la titular de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, junto a otros representantes de organismos de derechos humanos, se reunieron con los integrantes de la Cámara de Casación Penal, que les informaron que están estudiando la solicitud de los detenidos.
Según las organizaciones de derechos humanos, los jueces del tribunal Raúl Madueño, Juan Fégoli y Pedro David dijeron que “están estudiando profundamente la causa”. Sin embargo, los magistrados no quisieron anticipar ninguna consideración sobre la viabilidad del pedido.
Los detenidos por el ataque al cuartel de La Tablada fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia, que no contempla la apelación de las condenas, y por este motivo realizan la segunda huelga de hambre con apenas dos meses de diferencia.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado argentino por incumplir los tratados internacionales, que están incorporados a la Constitución, y que establecen que todo condenado pueda apelar su sentencia. Los pactos internacionales firmados por Argentina fueron introducidos en la Carta Magna con la Reforma de 1994.
Hasta el momento, hay un proyecto oficial en el Congreso, pero su tratamiento está trabado por la oposición del justicialismo y de algunos legisladores de la Alianza. De todos modos, los miembros del MTP noaceptan el proyecto, porque habla de “revisión” y no de “apelación” a las condenas y los excluye del beneficio del “dos por uno”.
Informe Alejandro Cánepa.

 

OPINION
Por León Rozitchner

La democracia acobardada

Este país, prolongando la política del exterminio, emerge como una tierra desolada. Pero no sólo por el imperio de la economía neoliberal sino por algo más básico y fundamental: por su alianza con la muerte. La Argentina extinta: los asesinatos impunes del genocidio le marcaron el rostro y el alma a la nación.
Este es el fondo que explica lo que está pasando ahora, entre otras cosas, con los llamados “presos de La Tablada”: un empecinamiento criminal los pone al borde de la muerte antes que reconocerles sus derechos. Cosa que también reclama la Corte Interamericana de Justicia: una ley igual a la que se les aplicó a los militares. No se pide ningún estado de excepción: ni gracia ni absolución, ni punto final ni obediencia debida, ni indulto por sus actos. Nada más que una estricta y elemental igualdad ante la Justicia.
Pero en la Argentina posterior al genocidio la muerte predomina sobre el derecho. Podemos afirmar, luego de ver transcurrir el tiempo, algo antes impensable pero ahora cierto: el poder –político, jurídico y religioso– necesita ver muertos a los presos de La Tablada.
Hagamos memoria. En estos presos se personifica, abreviada, una decisión de olvido sobre el pasado. Se quiere seguir castigando otra vez con la muerte, sin justicia, lo que hace diez años se produjo en un acto fugaz: el asalto al cuartel de La Tablada y la represión militar feroz como respuesta. Quien esto escribe también lo hizo al día siguiente de la toma del cuartel, en este mismo diario, para expresar su repudio frente a ese acto insensato de los asaltantes. Porque la tragedia cruel de los años setenta volvía a repetirse, innecesaria, en ese encuentro. Emergieron entonces como en una pesadilla los fantasmas de todo el largo derrotero de los enfrentamientos: la guerrilla distanciada de la realidad histórica y el terror militar de su exterminio. Pero también actualizaba, para la población acobardada por el pavor, el retorno del pasado del cual no querían saber nada. Bastó el ataque a un cuartel para que los militares desencadenaran nuevamente, ahora en democracia, el mismo furor asesino: la misma represión innecesaria, a sangre, fósforo y fusilamientos para aniquilarlos, allí donde el comisario Pirker sólo pedía una compañía de gases lacrimógenos para reducirlos. Ese furor militar desnudó de golpe el fondo siniestro y soslayado del drama nacional, que quedó sin solución y que sintetiza hasta hoy nuestra tragedia: la misma decisión de exterminio que antes, en los 70, había firmado el civil Ruckauf.
Y se volvió a repetir, abreviado, el genocidio militar: no el imperio de la ley y de la fuerza del derecho del Estado para juzgar a quienes se ponían a su margen, sino otra vez más la misma represión aniquiladora y vengativa del terror de la dictadura, por parte ahora del Estado democrático.
Quienes quedaron vivos de la masacre absurda tratan de conmover, apostando la vida, el corazón implacable de los hombres que deben aplicar la ley. Lo cual supone, como premisa, que para los personeros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la vida humana tenga valor: que sean seres humanos sensibles. ¿Por qué entonces esta fruición, esta impiadosa venganza? ¿Tienen también, como los genocidas, un alma asesina? ¿Por qué es necesario que estos presos, que han asumido la responsabilidad de sus actos, deban inmolarse para pedir justicia? La misma situación pasada vuelve a repetirse, pero quien impone la muerte es ahora el poder civil: los aniquila de otro modo nuevamente. Si el poder no aplica la ley, es porque requiere que estos jóvenes mueran. Ellos expresan, chivos emisarios, la irresponsabilidad que la democracia acobardada tuvo en el pasado, rendida y silenciosa ante los militares, y cuya impiedad nuestros civiles ejecutan ahora como propia.
Esta actitud pasiva esperando que la muerte llegue es, para nuestra Justicia que se declama cristiana, lisa y llanamente criminal. Esperan, nuestros justos, que por fin se mueran. ¿No es ésta una situaciónsiniestra que expresa la verdad de nuestra democracia, que tomó partido por la complicidad y la continuidad del terror por otros medios?

 

 

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