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Por Mariana Carbajal
En un nueva ofensiva de los sectores conservadores que se oponen a la
aplicación de la ley de salud reproductiva en la ciudad de Buenos
Aires, tres abogados alineados en el denominado movimiento Pro Vida consiguieron
una resolución judicial contra la norma. Al hacer lugar a un amparo
presentado por los letrados “en su condición de padres”,
una jueza civil ordenó al gobierno porteño “abstenerse”
de aplicar sobre ellos y sus hijos la ley, que garantiza el acceso a información
sobre anticoncepción y a los métodos para prevenir un embarazo
en los hospitales públicos. Los abogados buscan que otros padres
adhieran al recurso para obstaculizar el alcance de la normativa.
Los letrados fundamentaron el recurso alegando que –a su entender–
la ley es “inconstitucional” porque vulnera, entre otras garantías
básicas, la patria potestad. Su posición recibió
una rápida réplica de la presidenta del Consejo Nacional
de la Mujer, Carmen Storani, y la titular de la Comisión de Salud
de la Legislatura porteña, Clori Yelicic. “No coarta ni descarta
el ejercicio de los derechos y deberes emergentes de la patria potestad”,
consideró el constitucionalista Germán Bidart Campos.
“En la ley promovemos el diálogo en libertad entre padres
e hijos. Recurrir a la Justicia para quitarles derechos a los propios
hijos es una postura del siglo pasado. Pretendemos que los menores tengan
la posibilidad de tener una asistencia médica integral”, destacó
Yelicic, diputada de la Alianza y una de las impulsoras de la norma. “¿Qué
pasaría con aquellos chicos que no tienen papá y mamá
o teniéndolos no pueden dialogar sobre su sexualidad con ellos?
El Estado les está brindando un espacio para que se puedan informar.
Nadie está interviniendo en el interior de las familias”,
indicó Storani.
El amparo fue presentado por los abogados Carlos Esteva, Roberto Castellano
y Eduardo Sequeiros. Esteva y Castellano son padres de un hijo cada uno
de 15 y 16 años, respectivamente; Sequeiros de dos, de 11 y 9.
“Si para ciertos legisladores es más barato promover el control
artificial de la natalidad mediante fármacos abortivos o cancerígenos
que atender ciudadanos, que hagan el ahorro por otro lado, pero que no
se entrometan en nuestros hogares para utilizar a nuestros hijos como
conejillos de Indias de planes impuestos por organismos financieros internacionales”,
sostuvieron ante la Justicia. Castellano dijo a este diario que la decisión
judicial podría alcanzar a todas las personas que adhieran al amparo.
Esteva y Castellanos patrocinan también una presentación
de la Liga de Amas de Casa ante el Superior Tribunal de Justicia de la
ciudad para que se declare la norma “inconstitucional”.
La Ley 418 garantiza la entrega de contraceptivos aprobados por el Estado,
pero los tres abogados –en coincidencia con la posición de
la Iglesia Católica– catalogan al DIU y a la píldora
de emergencia como abortivos y a los anticonceptivos hormonales como cancerígenos,
aunque los estudios científicos contradicen tales afirmaciones.
El viernes, la jueza civil Nº 34 Susana González Echeverría
hizo lugar al recurso y dictó una medida de no innovar a favor
de los tres abogados y sus hijos, por la cual le ordenó al gobierno
porteño que se abstenga de aplicar sobre ellos la Ley 418, “mediante
la implementación de un sistema que entienda adecuado a tal fin”,
hasta tanto se dictamine sobre la cuestión de fondo. En la misma
resolución, la magistrada se declaró incompetente.
“Vulnera la patria potestad porque suplanta la autoridad de los padres
en la educación moral de sus hijos”, señaló
Castellano. La norma no establece restricciones de edad para acceder a
los servicios de salud reproductiva de los hospitales ni impone la autorización
de los padres como pretendía la jerarquía católica.
En una reciente columna de opinión publicada en el diario La Ley,
el constitucionalista Bidart Campos también abordó el tema
y llegó a la conclusión de que la norma en cuestión
no excluye el ejercicio de lapatria potestad de los padres. Por encima
de ese derecho, consideró, se ubica “el interés superior
del niño” garantizado por la Convención sobre los Derechos
del Niño, con rango constitucional.
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Se viene el otro debate
La Cámara de Diputados tiene previsto debatir mañana
un proyecto de ley de salud reproductiva. El tratamiento de la iniciativa
tiene una moción de preferencia para ser votada desde hace
quince días y, aunque fue acordada entre la Alianza y el
justicialismo, se descuenta que la sesión será caldeada.
La Iglesia Católica ya manifestó su oposición
a la norma y una serie de ONG del movimiento Pro Vida se está
movilizando desde la semana pasada para trabar su aprobación.
El proyecto cuenta con el dictamen de cuatro comisiones legislativas
que lo aprobaron por unanimidad. Se trata de una ley de financiamiento.
La iniciativa crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud y obliga
a esa cartera a disponer de presupuesto para financiar su implementación
en el sector público de todas las jurisdicciones, a través
de convenios con las provincias. Es decir, de la misma forma que
el Estado nacional garantiza la vacunación a toda la población,
de aprobarse esta ley garantizará el acceso a la anticoncepción
a todas las personas que no puedan pagarla. Además, establece
que los métodos sean cubiertos por los servicios de salud
del sistema público, por las obras sociales y por las prepagas.
Una vez que tenga media sanción, el proyecto deberá
pasar el examen en el Senado, que ha demostrado ser más permeable
al lobby eclesiástico. Tres años atrás, una
normativa similar murió en la Cámara alta por falta
de tratamiento.
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