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 Colombia se acercó ayer
otro paso a la guerra total. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) suspendieron unilateralmente el proceso de paz con el gobierno.
Su causa puntual fue la acción del presidente Andrés Pastrana
de otorgar “interlocución política” a los grupos
paramilitares, consumada en una reunión el pasado 6 de noviembre
entre el líder paramilitar Carlos Castaño y el ministro
del Interior. Pero en el descargo guerrillero también figuró
el Plan Colombia de lucha antidroga, al que Estados Unidos aporta 1.300
millones de dólares. El quiebre del diálogo ocurrió
minutos antes de que se celebrara una cumbre para discutir un alto al
fuego, y el gobierno estaba claramente sorprendido. El Alto Comisionado
para la Paz Camilo Gómez viajó de inmediato a la capital
Bogotá para reunirse con el presidente. Sólo aventuró
a decir que la decisión de la guerrilla “pone en riesgo el
proceso de paz”.
Las FARC argumentaron que ese proceso ya estaba críticamente amenazado
por una conspiración maquinada desde el oficialismo para dar reconocimiento
político a los paramilitares. Su prueba concluyente era el encuentro
entre el ministro del Interior, Humberto De la Calle, con Carlos Castaño,
que comanda las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ayer De la Calle
argumentó que los propósitos de la reunión eran “estrictamente
humanitarios”: lograr la liberación de siete legisladores
del opositor Partido Liberal. Castaño había impuesto la
reunión con el ministro como condición mínima para
liberarlos, cosa que efectivamente se concretó poco tiempo después.
Pero las FARC aseguran que todo había sido planeado de antemano.
“Siete parlamentarios se autosecuestran mientras que sus cómplices
en el Congreso gestionan un reconocimiento político de las bandas
terroristas de los paramilitares”, explicó el portavoz guerrillero
Andrés París desde la “zona de distensión”,
los 42.000 km2 cedidos a las FARC como condición de negociación.
París concluyó que “hasta que el gobierno no aclare
su posición oficial frente al terrorismo paramilitar y desarrolle
políticas para liquidarlo, los actuales diálogos deben ser
congelados”.
Hay que notar que el diálogo que se interrumpió ayer no
era para nada prometedor. La guerrilla, aparentemente por los mismos motivos
que ayer, ya había cancelado la semana pasada otros encuentros
con el gobierno, alegando motivos “logísticos”. Y la
situación en el sur del país es crítica. Las FARC
mantienen desde el mes pasado un “paro armado”, en protesta
por el Plan Colombia, que paralizó el transporte en los departamentos
de Putumayo y Nariño. Actualmente hay desabastecimiento a gran
escala y los campesinos hablan de marchar sobre Bogotá para exigir
una solución. El gobierno reforzó su presencia militar en
la región, y el general al mando de las tropas locales informó
ayer que ya se abatieron a veinte guerrilleros. Sin embargo, la mayor
amenaza para los guerrilleros parecen ser los paramilitares. Estos se
concentraron en el Putumayo desde sus bastiones en el norte del país,
y ahora libran combates encarnizados contra la guerrilla y cualquier civil
acusado de ser “colaborador”. Eso los devolvió al centro
de las preocupaciones, lugar que en los últimos meses pareció
monopolizar Estados Unidos y el Plan Colombia.
La reacción del gobierno ante el congelamiento del diálogo
es incierta. Por el momento Pastrana parece dispuesto a buscar una reanudación
del diálogo. Pero un importante jerarca de su Partido Conservador,
Enrique Gómez, disparó que “la guerrilla no debe congelar
nada porque nunca ha habido un diálogo de paz, y más bien
debemos pensar en rescatar la zona de distensión para que no se
convierta en una guarida de criminales”.
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