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Por José
Natanson
“Yo no me puedo dejar correr por izquierda por el resto de los gobernadores”,
le dijo Carlos Ruckauf a un importante funcionario del Gobierno el martes
pasado, justificando la dureza de sus últimas declaraciones. La
frase, pronunciada por el gobernador con más protagonismo de las
últimas jornadas, abona la teoría de los hombres del Gobierno.
Según dicen, la interna del peronismo –especialmente la que
disputan los presidenciables Ruckauf y José Manuel de la Sota–
fue la clave para empantanar la negociación por el paquete de medidas
económicas.
El domingo pasado, Ruckauf y otros gobernadores se reunieron con la primera
plana del Gobierno en la quinta de Olivos. Allí, el Presidente
buscó el respaldo los caciques opositores y, en un momento del
encuentro, les adelantó que en el próximo presupuesto podrían
incrementarse los fondos de ayuda social. En la Casa Rosada dieron por
sentado que aquella promesa alcanzaría para calmar los ánimos
de los peronistas. Pero se equivocaron: al día siguiente, Ruckauf
endurecía notablemente su discurso: “El acuerdo debe incorporar
la cuestión social, porque hay que hablar del hambre y la miseria”,
decía.
“Este tipo está loco”, le dijo De la Rúa al asesor
que le alcanzó el cable con las declaraciones del bonaerense. El
Presidente aún se sorprende cuando comprueba que Ruckauf, que durante
los primeros meses de gestión se había mostrado como su
mejor amigo, se transformó súbitamente en el principal crítico
del Gobierno. Para los hombres del Gobierno, la mutación del bonaerense
tiene una sola explicación: la interna del PJ. “Se dio cuenta
de que el apoyo del resto de los gobernadores no iba a ser inmediato,
y no quiso quedarse atrás. Por eso se volvió más
crítico”, señalaban ayer en la Rosada.
De acuerdo a la evaluación de los funcionarios, dos planos distintos
dividen a los gobernadores del PJ.
 El primero es el que diferencia
a las provincias según su capacidad económica. Los peronistas
que gestionan distritos pobres son mucho más dependientes de la
ayuda de la Nación y se muestran a favor de firmar el acuerdo,
mientras que los de los distritos ricos tienen menos ganas de ceder a
la propuesta del Gobierno.
El segundo plano es más
complejo. Con el santafesino Carlos Reutemann en silencio, la disputa
por el liderazgo opositor se concentró en Ruckauf y De la Sota,
los dos presidenciables del peronismo. Según aseguraba ayer un
funcionario que participó de las negociaciones, fue el cordobés
quien empujó al bonaerense a una posición más dura.
A modo de ejemplo, recordaban que fue el lunes, después de la reunión
de la que participó De la Sota, cuando Ruckauf exacerbó
sus cuestionamientos al Gobierno.
Algo de esto reconoció el propio gobernador bonaerense el martes
pasado. Mientras Colombo negociaba con algunos gobernadores en la Jefatura
de Gabinete, Ruckauf ingresaba a la Casa Rosada para mantener una reunión
paralela con un importante funcionario: allí admitió que
su postura obedecía a la necesidad de no ceder espacios frente
al resto de los mandatarios.
De todos modos, la dureza del bonaerense tendría un límite.
“La situación de la provincia de Buenos Aires es mucho más
complicada que la de Córdoba: tiene un déficit fiscal tremendo,
bolsones de marginalidad más grandes y un desorden de las cuentas
generalizado. Por eso, para Ruckauf el panorama es más riesgoso.
El necesita el acuerdo más que De la Sota”, explicaba ayer
un funcionario.
En la vereda oficialista las internas parecen aplacadas, por lo menos
por el momento. De buena relación con los mandatarios del PJ, Chrystian
Colombo fue el hombre fuerte del Gobierno, el que se ocupó de pilotear
personalmente las negociaciones. De todos modos, lo cierto es que el Ministerio
del Interior no quiere quedarse totalmente afuera de la discusión:
ayer, por ejemplo, Federico Storani se reunió con el puntano Adolfo
Rodríguez Saá y el riojano Angel Maza para avanzar en las
negociaciones.
INVESTIGARIAN
AL GOBERNADOR POR SU PASO POR EL SENADO
El truco de los fondos reservados
El gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, también podría ser investigado
en la megacausa sobre el presunto enriquecimiento ilícito de todos
los legisladores que pasaron por el Senado desde 1992. El abogado Ricardo
Monner Sans aportó a la Justicia federal dos planillas con el detalle
de los gastos reservados por casi dos millones de pesos del ex presidente
de ese cuerpo. El letrado presentó una tercera planilla que corresponde
a octubre de 1999, en la que figuran los nombres encolumnados de diez
senadores justicialistas y al lado otra columna con la cifra 20 mil pesos.
Sólo en el caso del salteño Emilio Cantarero hay una anotación
que indica 10 cuotas de 2 mil pesos.
Monner Sans recordó que este senador, en declaración jurada,
dijo recibir 20 mil pesos por gastos reservados y se preguntó si
ese cuadro –que le acercaron sus fuentes hace dos días–
comprueba los dichos del senador.
Según la documentación –cuya autenticidad será
investigada por el fiscal Paulo Starc–, la presidencia del Senado
a cargo de Ruckauf, durante la segunda presidencia de Carlos Menem recibía
en forma mensual sumas “nunca menores a 50 mil pesos” y en determinados
meses incluso muy superiores. En julio de 1997 percibió 220 mil
pesos y en diciembre de ese mismo año, 180 mil. De la lectura de
las planillas se desprende que en seis meses de 1995 la presidencia de
la Cámara alta percibió 300 mil pesos; en todo 1996, 945
mil pesos, y en 1997 unos 940 mil pesos.
La primera planilla lleva por título “Erogaciones Reservadas”
y tiene en su margen superior izquierdo un sello invertido en el que pueden
leerse las palabras “auditoría” y “de gestión”.
Monner Sans se preguntó, una vez más, de quién ha
sido el control de estas entregas de dinero. La tercera planilla, bajo
el título de “octubre de 1999”, menciona a los senadores
“Branda”, “Cantarero”, “Massat”, “Oudin”,
“Sager”, “Sala”, “San Millán”, “Tell”,
“Verna” y “Zalazar” (sólo por sus apellidos),
y la columna ubicada al lado de los nombres indica “$ 20.000”.
El abogado, denunciante del caso, afirmó que “los montos son
muy llamativos” y que “la fiscalía tiene la oportunidad
de investigar si a partir de los fondos reservados pudo haberse configurado
la figura del enriquecimiento ilícito”. Sin embargo, destacó
que es muy prematuro aventurar qué delito se habría cometido.
“¿Por qué estas cifras no se compadecen con los 150
pesos por mes por cada senador que estableció el Senado en 1992
a través de un decreto?” es el interrogante principal del
escrito que presentó Monner Sans ayer en el despacho de Starc.
La denuncia inicial apuntaba al hecho de que el senador Augusto Alasino
incluyó la totalidad del dinero asignado a la bancada justicialista
en su declaración jurada de bienes.
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