|
Por Julio Nudler
 El haber mínimo garantizado
para los futuros jubilados será de 300 pesos, como anunció
el presidente De la Rúa el viernes último. Sin embargo,
la violenta quita que supone la supresión de la Prestación
Básica Universal (PBU), congelada desde hace años en 200
pesos, será suavizada para quienes se hubiesen retirado, según
el régimen vigente, con haberes de $ 500 o más. Este objetivo
se logrará mediante la aplicación de una escala gradual.
De esta manera quiere evitarse que la pérdida que sufrirán
los futuros pasivos llegue hasta un 40 por ciento, de modo que resulte
algo menos dramática. A su vez, la percepción de un haber
mínimo de 300 pesos por parte de quienes se jubilen desde el 1
de marzo de 2001 será garantizada mediante una Prestación
Suplementaria (PS). Esta asegurará que ninguno de los nuevos pasivos,
después de sufrir el despojo de la PBU, perciba un haber mensual
inferior al nuevo piso mencionado. Teniendo en cuenta que la mensualidad
promedio que están recibiendo quienes se han estado jubilando por
el régimen de capitalización es de unos 420 pesos, tras
restarles la PBU el Estado debería suplementarles el haber con
unos 80 pesos para que alcancen los 300. La módica buena noticia,
entre tanta mala nueva, de la escala gradual para la eliminación
de la Prestación Básica sería la principal novedad
de los últimos febriles retoques al proyecto de decreto de necesidad
y urgencia con que se reformará el régimen previsional de
la ley 24.241 de 1994. Después de largas horas de discusión,
por momentos caótica, entre representantes de diversas áreas
de Gobierno, anoche seguía sin definirse del todo el texto y parecía
improbable que el Presidente pudiera firmarlo hoy, salvo que decida darle
un corte al debate. Ni siquiera se consideraba totalmente descartada la
opción de enviar la iniciativa como proyecto de ley al Parlamento
por el temor a los cuestionamientos judiciales.
Cuando, de una u otra forma, rija la reforma, con supresión del
régimen de reparto (jubilación estatal), las mujeres no
sufrirán solamente un aumento de cinco años (de 60 a 65)
en su edad jubilatoria (el corrimiento será gradual, hasta quedar
completado en el 2011) sino también algún perjuicio adicional.
La ley de 1994, que exige 30 años de aportes, concedía la
posibilidad de completar ese requisito mediante una declaración
jurada cuando no se pudiesen demostrar algunos años de trabajo
con aportes. El número de años así declarables viene
reduciéndose, hasta ser actualmente de sólo cuatro. Pero,
al subirse la edad jubilatoria, no pocas mujeres se hallarán con
que al cumplirla deberán documentar la totalidad de los 30 exigidos.
De no poder hacerlo, tampoco podrán jubilarse.
No serán muchas, por lo demás, las mujeres favorecidas por
la unificación de las tablas actuariales para el cálculo
de la renta vitalicia en el momento del retiro. Como la esperanza de vida
femenina es mayor que la masculina, las aseguradoras privadas les pagan
a ellas una mensualidad más baja que a ellos. La reforma en marcha
eliminará esta diferencia, obligando a aplicar una tabla unisex,
promedio de las dos. Pero esta ventaja, que elevaría entre 5 y
10 por ciento los haberes de las futuras jubiladas, sólo favorecerá
a solteras y viudas. Las casadas no ganarán casi nada, dado que
las compañías de seguros que venden estas rentas, que se
compran al momento del retiro con el fondo acumulado en la AFJP, toman
en cuenta también la expectativa de sobrevida del marido, heredero
del haber en caso de morir la esposa.
Por la misma razón, la unificación de las tablas actuariales
perjudicará, con una reducción de la paga mensual de entre
5 y 10 por ciento, a los varones que lleguen solteros o viudos a la pasividad.
En cambio, los casados no notarán casi ningún cambio. Como
ya sucede actualmente, si optaron por unir su destino a una mujer notoriamente
más joven, siguiendo el ejemplo de Carlos Menem, será muy
magra la renta mensual que cobren, porque a su esperada sobrevida habrá
que sumarle la de su lozana compañera.
La eliminación del régimen de reparto tendrá un efecto
económico casi imperceptible, ya que actualmente tres de cada cuatro
trabajadores nuevos (los llamados indecisos) no se resuelven por ninguna
opción y son asignados por tanto al sistema de capitalización
individual. La mayoría de los que sí optan eligen el régimen
privado. En cambio, la supresión del sistema estatal es políticamente
muy importante porque tranquiliza a los capitales privados jugados a este
negocio, ya que termina con toda posibilidad de presionar porque se abra
la posibilidad de volver al reparto una vez elegida la capitalización.
Esto reasegura a las AFJP, que hoy manejan ya 19.600 millones de pesos,
y que en el 2010 administrarán como mínimo 100 mil millones,
y nunca menos de 220 mil millones en el 2020. Ningún otro sector
detentará un poder financiero ni siquiera parecido.
Otra novedad que traerá la reforma será la ampliación
del techo para la inversión de los fondos jubilatorios, manejados
por las AFJP, en títulos públicos. Hoy el tope está
fijado en 50 por ciento para bonos emitidos por la Nación, y otro
15 por ciento para papeles de otros entes estatales, como las provincias.
El total de 65 por ciento será flexibilizado, pudiendo alcanzar,
según diferentes propuestas, al 78 o al 85 por ciento. Esto significa
que los futuros ingresos de los trabajadores, para sostén en su
vejez, podrían quedar casi totalmente jugados al riesgo de una
cesación de pagos del Estado argentino, todo esto después
de haber “privatizado” el sistema.
DENUNCIA
POR ABUSO DE AUTORIDAD
Apunten al Presidente
La fiscalía federal
decidirá en las próximas horas si promueve una investigación
penal contra el presidente Fernando de la Rúa, a raíz de
una denuncia radicada ayer contra el mandatario por su decisión
de reformar por decreto el régimen previsional, del cual quedará
abolido el tradicional sistema de reparto. Los abogados Marcelo Parrilli
y Antonio Liurgo denunciaron al Presidente por la posible comisión
de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de
funcionario público y malversación de caudales públicos,
en virtud de la reforma previsional anunciada el viernes último.
La acción apunta contra la intención del Ejecutivo de abolir
el régimen de reparto, la eliminación de la Prestación
Básica Universal (PBU) y la elevación a 65 años de
la edad de jubilación de la mujer. Los fiscales Jorge Di Lello
y Jorge Alvarez Berlanda, en tanto, recibieron desde el tribunal federal
10, a cargo del juez Gustavo Literas, la denuncia efectuada por Parrilli
y Liurgo. Ahora, la fiscalía debe decidir si requiere medidas para
investigar al Presidente o desestima la acción.
Para los denunciantes, que pidieron la declaración indagatoria
del Presidente y sus colaboradores, el Gobierno, para obtener una “pretendida
tranquilidad y calma del sistema financiero”, se encaminaría
a “desbaratar derechos y garantías constitucionales y ampliar
más la esfera de ausencia y desamparo del Estado sobre cuestiones
que son indelegables”. “El único perjudicado es el habitante
de este suelo, que ve cercenado su derecho a la previsión social,
cediendo una parte de su esfuerzo a empresas que lucran, como primero
y único objetivo, mientras el Estado –que debe garantizar
la función social que dimana de la Constitución– oficia
de anfitrión en la mesa de negociación donde el gran ausente
es el ciudadano”, razonaron los abogados en su presentación.
|
