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Por Felipe Yapur
 “Traición”,
“entrega”, “inconstitucional, “casi un autogolpe”.
La mayoría de los diputados del Frepaso calificaron así
la intención del presidente Fernando de la Rúa de firmar
un decreto de necesidad y urgencia que dispone la reforma del sistema
previsional y, entre otros puntos, la abolición del régimen
de reparto. Sin embargo, todos advierten que no corre peligro la continuidad
de la Alianza. Una afirmación que se vuelve cada día más
difícil de sostener.
La inminencia de la firma del decreto generó una serie de reuniones
que intentaban canalizar la molestia y las iniciativas de los diferentes
diputados. Sin duda, y es algo que la mayoría de los legisladores
destacó, un decreto como el que amenaza firmar el Ejecutivo agudiza
aún más la crisis que vive el gobierno de la Alianza.
En su mayoría, los diputados del Frepaso reconocieron que los encuentros
–prácticamente autoconvocados– tuvieron la intención
de sacar al Frepaso del letargo que vive por estos días. “No
podemos esperar toda la vida que la conducción nos acompañe.
Si es necesario pelearemos solos la sanción de una ley para rechazar
la firma de un decreto”, indicó molesto un diputado frepasista,
quien al mismo tiempo jura estar preocupado por la reacción de
sus colegas radicales: “Parecen estar más resignados que nunca”.
Por su parte, el patagónico Rafael Flores sostiene que la firma
de un decreto como el que planea el Ejecutivo sería una “traición”
a las banderas que dieron origen al Frepaso y por ende a la Alianza. El
bonaerense Alfredo Villalba dice que es “una entrega” porque
el manejo del dinero de los trabajadores recaerá en su totalidad
en las AFJP, situación que no ocurre en ningún lugar del
mundo “transformando un sistema solidario en un sistema salvajemente
lucrativo”.
Pero la bronca por la abolición de un plumazo del régimen
de reparto, la eliminación de la Prestación Básica
Universal (PBU) y el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres a los
65 años se incrementó luego de lo que varios diputados calificaron
de “frustrante” la reunión que mantuvieron el martes
con el Presidente y el ministro de Economía, José Luis Machinea.
“Es que no hablamos de política, ni dialogamos, sólo
nos invitaron a tomar la leche”, bromeó Eduardo Macaluse.
“Ojalá hubiera sido un coitus interruptus, como tituló
Página/12. Al menos hubiéramos sentido algo, pero sólo
comimos galletitas”, graficó Villalba.
Otra que no ahorró críticas fue la diputada Alicia Castro
y prenunciando cuál será su posición en el recinto,
dijo: “De ningún modo apoyaremos la eliminación del
sistema de reparto; el Estado no puede renunciar a recaudar, darle ese
dinero al sector financiero y, luego, tomarlo a préstamo a tasas
del 16 por ciento”.
Cauta y moderadamente optimista, María América González
–la única diputada que habló con el Presidente durante
el encuentro en Olivos– dijo a este diario que “cree en la palabra
del Presidente, quien luego de escuchar mi exposición me dijo que
siempre es preferible una ley antes que un decreto”. Al mismo tiempo
afirma que la amenaza de decreto responde a la teoría de “las
dos puntas”: “Es un juego. Por un lado, presionan con el decreto
que lo utilizan para que el Congreso apruebe la ley. Es así de
simple”. Para Villalba no es así de simple y asegura que si
el Ejecutivo firmara el decreto “estaría incurriendo en un
verdadero autogolpe”. El bonaerense afirma su tesis en que el Congreso
está funcionando a pleno y nada justifica un decreto.
Por otro lado, los frepasistas también criticaron la conducción
del bloque. A Darío Alessandro le achacan cierta permeabilidad
a la propuesta presidencial. Dicen que “se ha resignado a aceptar
la propuesta” y que sólo plantea algunas leves modificaciones
al proyecto. En el bloque radical también se critica al jefe frepasista,
en otro sentido: “Debería ser más firme en la conducción
de su bancada”, dicen.
Anoche, al cierre de esta edición, unos 16 legisladores del Frepaso
permanecían reunidos elaborando una propuesta que condicione la
aprobacióndel Presupuesto 2001 y, obviamente, la reforma al sistema
previsional. El planteo incluye un subsidio de desempleo, un programa
de combate a la evasión y el destino de todo este dinero a la restitución
del salario de los trabajadores del estado que sufrieron el recorte del
12 por ciento.
LA
PRECARIEDAD LABORAL FEMENINA AUMENTA
Jubilarse más tarde o nunca
Con una tasa de desocupación
del 25 por ciento y una proporción de ocupadas sin aportes del
75 por ciento, las mujeres trabajadoras del estrato social bajo (40 por
ciento de hogares con menores ingresos) mayores de 55 años se encuentran
entre las que sufren las peores condiciones del mercado laboral. Con la
elevación de la edad mínima femenina para jubilarse que
propone el Gobierno, “la precariedad de ese sector va a aumentar,
lo que va a llevar a muchas mujeres a quedar sin aportes en los últimos
años para poder jubilarse”, señaló el analista
Artemio López, titular de la consultora Equis, a Página/12.
Un estudio realizado por la citada consultora evidencia el deterioro de
la situación laboral de las mujeres a medida que avanzan en edad
y se ubican en los estratos sociales más bajos. La tasa de desocupación,
que en promedio para las mayores de 55 años es del 14,6 por ciento,
llega al 32,2 por ciento en el 20 por ciento de hogares más pobres
y al 20,2 por ciento en el 20 por ciento (quintil) siguiente. Igual correlación
entre estrato social y deterioro de la situación laboral se observa
al analizar los casos de trabajadoras sin aportes previsionales. El 53,6
por ciento de las mujeres mayores de 55 años no tiene aportes,
pero la tasa de informalidad salta al 85,7 por ciento en el quinto del
universo de población más pobre y se ubica en el 69,7 por
ciento en el escalón siguiente.
“Este es actualmente el problema de mayores implicancias previsionales
a partir de la decisión del Gobierno de elevar la edad jubilatoria
de la mujer –comentó Artemio López–, ya que se
observa que las trabajadoras que conservan su trabajo a partir de los
55 años, y más cuando superan los 60, no son sujeto de aportes
jubilatorios en su mayoría.” El consultor señaló
que “frente a la ausencia notoria de aportes y la creciente informalidad
del mercado de trabajo femenino, prolongar la vida laboral de las mujeres
implica aumentar sus chances de trabajar en negro”. López
corroboró dicho señalamiento subrayando que la proporción
de trabajadoras sin aportes alcanza al 36,1 por ciento entre las activas
de 35 a 55 años, pero aumenta al 53,6 por ciento entre las activas
de más de 55.
Por otra parte, el titular de la consultora Equis advirtió que
en el estrato más bajo de ingresos, “ya hoy antes de las reformas
y, por tanto, con menos presión de demanda, el 75 por ciento de
las activas mayores de 55 años trabaja sin aportes previsionales;
cuando se obligue a las mujeres a permanecer cinco años más
en el mercado laboral para jubilarse, ¿qué va a pasar con
la informalidad y la desocupación en esa franja? El mercado no
está en condiciones de dar respuesta ofreciendo empleo a esas trabajadoras,
por lo tanto al elevar la edad jubilatoria se envía a una parte
de la población laboral a un universo desde el cual no se van a
poder jubilar”.
Las chances de las trabajadoras de jubilarse en tiempo y forma caen dramáticamente
en el interior del país. En la provincia de Tucumán, las
ocupadas sin aporte alcanzan el 71 por ciento del padrón de mayores
de 55 años. En Salta llegan al 62 y en Santiago del Estero, Mendoza,
Jujuy y Formosa se ubica en el orden del 60 por ciento.
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OPINION
Por
Eduardo Aliverti
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La náusea
Mauro Ojeda. Francisco Escobar.
Al lector, como al conjunto de la sociedad argentina, esos nombres
no le dicen absolutamente nada. Sí le dijeron algo el 17
de diciembre del año pasado, cuando cayeron asesinados en
un puente correntino, en medio de la protesta social que culminaría
con una nueva intervención a la provincia. ¿Acaso
dentro de once meses –o mucho menos, con toda seguridad–
alguien se acordará de Aníbal Verón? Nadie.
Tampoco importará si hubo investigación del crimen,
juicio, condena de los asesinos.
Ojeda, Escobar, Verón. Más los que vengan y los que
ya están. Como antes Teresa Rodríguez y Víctor
Choque. Unos, muertos de balas. Otros, muertos en vida porque no
existen. No son ni siquiera pobres. Se cayeron del mapa. Son descartados
sociales. Se juegan la vida en una ruta por 160 pesos mensuales,
un paquete de arroz, un par de zapatillas. La pregunta de si eso
es vida puede resistir varias respuestas. Pero hay un interrogante
que tiene una sola: el de cuál escenario se dibuja a corto
y mediano plazo.
El mismo. En tanto estallidos de desesperación, de no tener
ya más nada que perder; de pedir, apenas, la aparición
de alguien que los explote de sol a sol; en tanto la ausencia total
de lucha organizada, sin vanguardia, no hay más destino que
el patético, y mortuorio, giro de la rueda.
Lo que ocurre estaba previsto por los administradores de este modelo
criminal. El ejército de marginados; el de desocupados y
subocupados; el de los sueldos miserables, lejos de ser un efecto
no querido es la condición necesaria para disciplinar al
pueblo, provocando el enfrentamiento del abajo con el abajo y la
de clase media entre sí. Alejada de ese modo la perspectiva
de concientización social en torno del verdadero enemigo,
la rueda también sigue girando alrededor de los cantos de
sirena de quienes fueron los mentores ideológicos y operativos
de este estado de cosas. Los Cavallo, los López Murphy, los
Ruckauf. ¿Cuánto habrá de pasar, si es que
no pasa ya, hasta que se diga que “con Menem estábamos
mejor”?
Verón no les duele. Y más trágico, y en cualquier
caso más emblemático que su asesinato, es que en la
misma noche de su muerte hubo un Presidente y un gabinete acompañante
que anunciaron como si nada que profundizarán el ajuste.
Que llaman al gerontocidio, que privatizan el control y la recaudación
tributaria, que ratifican la entrega del sistema de salud a las
fauces privadas. Y todo en medio del silencio repugnante de tanto
socio de la Alianza (¿?) que se sigue reivindicando “progre”.
Si pueden darse el lujo de hacer eso, Verón murió
por nada. Que la sociedad también tome nota de sí
misma.
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