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Por Victoria Ginzberg
 La defensa de Enrique Arancibia
Clavel reconoció la vinculación del acusado por el asesinato
del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su mujer Sofía
Cuthbert con la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA).
Lo hizo al admitir, durante su alegato, que los memos que “Luis Felipe
Alemparte” mandaba a Chile con información sobre Argentina
fueron escritos por Arancibia Clavel. El abogado Eduardo Gerome trató
de utilizar algunos párrafos de las comunicaciones entre el acusado
y la policía secreta de Augusto Pinochet a su favor y después
de intentar refutar durante dos horas las afirmaciones que habían
hecho las acusaciones solicitó la absolución de su defendido.
A lo largo de su exposición, Gerome y Enrique Terrarosa trataron
de desvincular a Arancibia Clavel de los dos cargos por los que está
siendo juzgado, doble homicidio y asociación ilícita. Para
impugnar su participación en el crimen de Prats y su mujer, la
defensa se basó en el testimonio que Michael Townley, el norteamericano
que confesó haber puesto la bomba en el auto de Prats, hizo ante
la jueza María Servini de Cubría. En esa declaración,
Townley, que vive en su país amparado por el régimen de
testigo protegido, aseguró que no tenía conocimiento de
que Arancibia Clavel hubiera participado en el atentado a Prats.
Los representantes de la familia Prats y del Estado chileno argumentaron
en sus alegatos que Townley no necesariamente debía saber que el
acusado había ayudado a viabilizar el atentado, ya que la DINA
tenía una organización celular. Por otro lado, afirmaron
que el agente norteamericano tenía intención de beneficiar
a Arancibia Clavel, con quien mantenía una estrecha amistad. Para
contrastar las palabras de Townley, las querellas dieron importancia a
los dichos de los fiscales norteamericanos que investigaron el asesinato
del ex canciller chileno Orlando Letelier y que mantuvieron numerosas
entrevistas con Townley. Esos funcionarios involucraron a Arancibia Clavel
en el crimen de Prats. “No sé por qué habría
que creerle más a un homicida que a los fiscales de Estados Unidos.
Citan a Townley como si fuera verdad revelada y no estamos hablando de
Santo Tomás, sino de uno de los homicidas más siniestros
del siglo XX”, manifestó al término del alegato de
la defensa el abogado del Estado chileno, Alejandro Carrió.
Otro argumento planteado por Gerome, en el que insistió durante
todo el debate, es que el acusado estuvo en Chile desde setiembre de 1973
hasta octubre de 1974 y que, por lo tanto, no pudo participar del atentado
realizado el 30 de setiembre de 1974 en el barrio de Palermo. Para fundamentar
este punto, se basó en varios testigos –todos familiares y
amigos del acusado– y descartó a quienes aseguraron haberlo
conocido en Buenos Aires a principios de 1974.
Gerome y Terrarosa se refirieron al vínculo entre Arancibia Clavel
y la DINA como un contacto poco fluido y sin importancia y para eso se
apoyaron en los documentos que fueron secuestrados en la casa del acusado
en 1978, cuando fue arrestado por espionaje. En base a una lectura selectiva
de algunos memos, quisieron pintar al agente de inteligencia como un personaje
de poca monta. Obviaron los papeles en los que se intercambiaba información
sobre exiliados chilenos, entre los que hay varios desaparecidos. Tampoco
hicieron mención al documento en el que “Luis Felipe Alemparte
Díaz” habla de los 22 mil desaparecidos que había en
Argentina, según le habían informado en el Batallón
601; ni el que se menciona al acusado como “Jefe de Información
Clandestina” de la DINA. Pero al darle lectura a esos papeles se
aceptó el uso del nombre y documento falso y la vinculación
con la policía secreta chilena, aunque la defensa tuvo cuidado
de admitir el contacto con la DINA sólo después de la fecha
del atentado contra el ex jefe del ejército chileno. El propio
acusado, cuando al final de la audiencia se encendieron las cámaras
de televisión declaró: “Fui colaborador del gobierno
chileno de esa época”.
Por último la defensa hizo una prolongada explicación sobre
la figura de asociación ilícita, que consideran debe ser
tomada en cuenta como “simple” y no “agravada”, como
plantearon los querellantes. Los acusadores consideran que ese delito
se prolongó en el tiempo y debe ser considerado como agravado por
las características que tenía la DINA. Al salir de la audiencia
las hijas de Prats se mostraron seguras. “La defensa no tuvo capacidad
de refutar las pruebas presentadas por nosotros y por el Estado de Chile”,
afirmó Sofía Prats.
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