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Por Cledis Candelaresi
 Si en forma aislada algún
gobernador se negara a suscribir el acuerdo que anhela el poder central,
igualmente estaría obligado a acatar lo que sí firmarán
otros colegas. Esta presunción del gobierno nacional se funda en
el hecho de que cualquier pacto tendrá el alcance general de una
ley, ya que deberá ser ratificado por el Congreso con una mayoría
especial. Con esta especulación, los funcionarios de la Nación
abrieron ayer la ronda negociadora con los mandatarios justicialistas,
a quienes intentaron persuadir con una salomónica fórmula
para prorratear los 225 millones de pesos adicionales prometidos para
gasto social. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe estarían
entre las principales beneficiadas.
A través del jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el Gobierno tiró
sobre la mesa un mecanismo para repartir el dinero para planes alimentarios
y de trabajo que, al menos en principio, ganó consenso. La mitad
de los 225 millones se dividirían por la cantidad de provincias
que existen, con lo cual a cada una le tocaría lo mismo. En tanto
que la otra mitad se prorratearía sobre la base del índice
de coparticipación de impuestos, que asigna a la provincia administrada
por Carlos Ruckauf el 22 por ciento, secundada por las de José
Manuel de la Sota y Carlos Reutemann con un distante 8 por ciento cada
una. De ahí en más, a todas les corresponde un índice
menor.
Según explicó Colombo frente a los corresponsales extranjeros,
también habría principio de acuerdo respecto del único
resquicio admitido por la Nación para eludir el congelamiento del
gasto primario hasta el 2005: éste podría aumentar en Educación,
para acompañar el crecimiento vegetativo de la población.
Los gobernadores, propios y opositores, admitirían armonizar las
políticas tributarias, con el objetivo de que un municipio o provincia
no pueda gravar con un impuesto lo que la Nación libera suprimiendo
otro.
La estrategia oficial es nítida. Se trata de conquistar la voluntad
de los gobernadores para allanar el camino en el Congreso, llave para
concretar el paquetazo y conseguir el respaldo financiero del Fondo Monetario
Internacional. Economía necesita dos aprobaciones inminentes. Una
es la de las modificaciones al proyecto de Presupuesto Nacional, a tono
con los últimos anuncios. Otra está referida al propio acuerdo
a suscribir con los gobernadores, que tendrá el carácter
de “ley convenio” y que también deberá ser avalada
por las legislaturas provinciales.
Para esto es necesario reunir en el Parlamento dos tercios de las Cámaras,
con lo cual la Nación se garantiza el apoyo íntegro de la
oposición o la quiebra para que, eventualmente, el gobernador que
se resista quede aislado y no pueda torcer la votación en el recinto.
El gobierno especulaba con que la asfixia financiera de muchas provincias
las induciría a firmar el pacto, desentendiéndose de la
letra chica.
Según la información que bien maneja Jefatura de Gabinete,
sólo Santa Cruz y San Luis –administradas por el PJ–
tienen superávit fiscal y son financieramente independientes de
la Nación. El resto tiene obligaciones millonarias, que no le permiten
dar la espalda a José Luis Machinea. El gobernador del Chaco, el
radical Angel Rozas, destacó públicamente esta situación.
“Al menos 17 provincias no podríamos respirar sin el respaldo
del gobierno nacional”, advirtió, para rematar con una fuerte
acusación contra su colega santacruceño Néstor Kirchner.
“Tiene despósitos en negro fuera del país. Es dinero
recaudado por las regalías petroleras”, sentenció.
NEGOCIOS
OCULTOS CON EL ANSES
La Rioja pone condiciones
La pugna entre el Poder Ejecutivo
y los gobernadores tuvo ecos violentos en la ANSES. Sólo la intervención
de Leonardo Aiello, secretario privado de Fernando de la Rúa, pudo
evitar que un asesor de Rodolfo Campero, flamante titular del organismo,
se trabara en lucha cuerpo a cuerpo con el tesorero del comité
provincial del radicalismo. El motivo: la certeza del tesorero de que
la ANSES se encuentra a punto de sucumbir a las presiones del gobernador
riojano Angel Maza, quien sostiene que no rubricará el ansiado
acuerdo propuesto por De la Rúa si se concreta la suspensión
de las casi 8 mil jubilaciones que la ANSES considera “truchas”.
Los gritos destemplados rebotaron en el piso 5 de Córdoba al 700,
donde está instalado el despacho del director ejecutivo de la ANSES.
“Quieren seguir haciendo lo mismo que los otros”, escucharon
bramar al tesorero Juan José Laxagueborde. El destinatario de la
protesta era Mariano de los Heros, asesor de Campero. De los Heros respondió:
“¿Y qué quiere? ¿Que no cumpla las órdenes?”.
Laxagueborde, exasperado, se oponía a la continuidad del pago de
las jubilaciones “truchas” detectadas en La Rioja y que Maza
intenta canjear por su apoyo al paquete de medidas anunciadas por el Gobierno.
El oportuno break de Aiello impidió las trompadas. Es que desde
1996, La Rioja ha sufrido un incremento sideral en el número de
jubilados. La fecha no es casual: desde ese año, la nación
se hizo cargo del pago de las jubilaciones que, sin embargo, continuó
otorgando la caja provincial. Según los cálculos oficiales,
serían 160 millones los que en ese período el Estado pagó
indebidamente porque “era Tierra Santa”.
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OPINION
Por
Juan Carlos Dante Gullo *
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Pasaporte a la ilusión
En todos estos años me dediqué a reivindicar con
mucho ahínco el 17 de noviembre. Y en mérito a esta
lucha, la militancia y el “Día de la Militancia”.
Jornada, fecha, palabra que quizás dividía opiniones.
Algunos por ideología, otros por razones políticas.
En un gran segmento sonaba a “nostalgia”; a algunos les
parecía extraño, como acaecido vaya a saber dónde.
Muchos se fueron sumando a su recordación (algunos por oportunismo).
El retorno de Perón y la instauración del “Día
de la Militancia” hoy significa una fecha importantísima
dentro del glosario peronista y esto es extensivo a otras prácticas
políticas.
Para muchos de nosotros remarcar “la militancia” era,
valga la redundancia, un pequeño acto militante. Pues significaba
un rechazo y diferenciación al pensamiento único,
al individualismo, al neoliberalismo, a las políticas de
achicamiento y subordinación de la Patria y obviamente al
comportamiento de la mayoría de una “dirigencia política”
de espaldas al pueblo. Esta necesidad de ser distintos apoyados
en valores inalterables nos permitía avanzar sin “pesos”
hacia el futuro. Marcábamos nuestras presencias sin olvidar
el pasado (reivindicando y preservando la memoria) y esto nos permitía
seguir acariciando nuestra pertenencia: a la Argentina real, a las
mayorías.
La Argentina del nuevo milenio abre su crisis a tantos interrogantes
que impone un cambio vertiginoso y de hecho más a tono con
la gravedad de la crisis. Se demuestra lo que significaron prácticas
políticas colectivas y de luchas consecuentes; con el patrón
predominante (en descenso y acelerado desgaste) “del vale todo”.
Hay una manera de hacer política de ocasión que no
sólo no tiene historia, sino que además lesiona y
pone en crisis esta deformada actividad. El descreimiento acelerado
hacia una dirigencia vacilante y mediocre es de tal magnitud que
las enseñanzas del “actuar con convicción, ideas,
conducta y correctamente –más allá del pasado
y de la identidad– se nos hacen una referencia y un pasaporte
a la ilusión.
La realidad está cambiando. Muchos buscan alternativas. La
palabra militancia, sus prácticas, no son simples diferencias.
Expresan profundas divisiones con respecto de la idea de Argentina,
de país, de pueblo y sociedad. Es tan sólo por esto
que machacamos con este tema y miramos hacia adelante recordando
a los miles de chicas y chicos que hoy no están y ofrendaron
sus vidas por una Argentina liberada. Ellos nos permiten seguir
creyendo en la “política” o, mejor dicho, en la
“militancia”.
* Dirigente peronista.
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