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Por Horacio Cecchi
 Una banda de al menos cuatro
delincuentes, con un nivel de violencia inusitado, asaltó ayer
la confitería Selquet, en La Pampa y Figueroa Alcorta, y huyó
con algo más de 300 pesos en una camioneta 4 x 4, después
de dar muerte a un policía y herir gravemente a otros dos. El hecho
presenta matices oscuros que hacen difícil explicarlo como un simple
robo: la esquina cuenta con presencia policial porque se trata de una
zona de alto poder adquisitivo, y porque hace poco más de un mes,
a sólo 100 metros del lugar se produjo el sangriento asalto de
Aguas Argentinas. Por otro lado, a esa hora había menos de una
docena de clientes que, además, suelen usar tarjeta de crédito.
De todos modos, la principal hipótesis de los investigadores es
el robo al voleo. Otra curiosidad del caso, un detalle que en principio
no alcanza para sostener una hipótesis, es que, casualmente, entre
la clientela del lugar se encontraba un importante empresario con custodia.
Precisamente el custodio es uno de los policías que resultó
herido.
Eran las cuatro menos veinte de la tarde y el sargento primero Andrés
Pascual Tamburella, consignado por la comisaría 51ª, se disponía
a abandonar su guardia habitual. Caminó desde la esquina de La
Pampa y Figueroa Alcorta, donde se encuentra la puerta de Selquet, hacia
mitad de cuadra. Pared mediante, sobre la avenida, se encuentra el local
bailable La Isla, seguido de la parrilla La Tranquera. El lugar tiene
movimiento habitual al mediodía, especialmente la parrilla, y por
la noche, cuando se agregan los habitués de La Isla, previo encuentro
en la confitería de la esquina.
Pero a la tarde, a la hora en que el “Gordo” Tamburella –como
lo conocían los vecinos– caminaba en dirección a la
otra esquina, en Selquet había menos de una docena de clientes.
La mayor parte de ellos, habituales cultores de la vida sana y el aerobic
alrededor de los lagos de Palermo. Clientes de alto poder adquisitivo,
pero que difícilmente lleven en sus joggins más que un billete
y una tarjeta de crédito. Una de las mesas de Selquet estaba ocupada
por un importante empresario que contaba con custodia: el suboficial Raúl
Alvarez, del Servicio de Custodias de la Federal, de civil. “Está
descartado que hayan apuntado contra el empresario. La custodia la tenía
por orden de un juzgado por una denuncia por amenazas”, aseguró
a este diario una alta fuente de la investigación.
Cuando el reloj pisaba las 15.40, Tamburella pisaba una baldosa junto
a la puerta de La Isla, en el mismo momento en que se cruzaba con él
el sargento primero retirado Pedro Noceda, también de la Federal
y de civil, que venía de pedalear en bicicleta desde el lago de
las Regatas de Palermo. Se detuvieron a conversar. Posiblemente, Tamburella
comentara que el 30 de noviembre le tocaba el retiro definitivo, después
de haber abandonado las filas policiales y volver a ser convocado el 17
de octubre del ‘98, para cumplir funciones en la 51ª. El sargento
primero no tenía por qué imaginar que aquél sería
su último paso.
Porque a esa hora, una 4 x 4 Cherokee se detenía junto a la vereda,
sobre Figueroa Alcorta y frente a la puerta de Selquet. Dos o tres hombres
–las declaraciones de los testigos en este sentido son confusas–,
descendieron y entraron en la confitería.
“Estaban muy agresivos, no fue un asalto normal –dijo Alberto
González, cajero de Selquet–. No había más de
diez o doce clientes. Nos hicieron tirar a todos al piso y empezaron a
exigir la plata a cada uno de los clientes. De la caja se llevaron lo
poco que había, 300 pesos. Fue tan rápido todo que algunos
ni se enteraron por qué se tenían que tirar al piso. Igual,
a mi me pareció que duró un siglo. Mientras uno saqueaba
la caja, el segundo, puede ser que acompañado por otro, se dedicaron
a la clientela. Después empezaron los tiros. Fue un verdadero infierno.
No sabíamos cómo escondernos”. Cuando no quedó
un centavo en el local, los delincuentes escaparon. Tras de ellos salió
corriendo Alvarez. “Uno de los asaltantes, que no dio la cara en
el asalto, y que posiblemente haya ingresado por la puerta lateral, sobre
la calle La Pampa, salió detrás de Alvarez y le disparó
por la espalda”, confió a Página/12 una fuente de la
investigación. El custodio recibió un impacto en el abdomen
y dos en las piernas y se derrumbó en la escalinata de ingreso,
entre los vidrios de la puerta destrozada.
Los disparos llamaron la atención de Tamburella y Noceda, pero
ninguno alcanzó a reaccionar. El sargento uniformado recibió
nueve balazos y murió en el acto. Noceda cayó con uno de
sus hombros atravesado. Los asaltantes treparon inmediatamente a la Cherokee
y huyeron hacia la General Paz. Poco después de las 18, el vehículo
fue hallado al borde de Villa Loyola, en el partido de San Martín.
“La culpa la tienen los ciudadanos –denunció una mujer
de anteojos y con un enorme cachorro de nombre Athos cargado en sus brazos–.
Si no hay seguridad los impuestos no hay que pagarlos. Que lo paguen los
políticos y se arreglen ellos con la deuda externa”. A su
lado, un corrillo de vecinos, ciclistas y parrilleros, observaba los movimientos
de los peritos policiales y de la fiscal Dora Olivieri, alrededor de las
baldosas donde había caído Tamburella.
Pasadas las seis de la tarde, mientras se desarrollaba el operativo policial,
que incluía varios patrulleros, una ambulancia, y motos, rodeaba
la esquina de Selquet, desde una 4 x 4 verde, su conductor gritó:
“¡Me están robando!”, y salió en persecución
de un motociclista.
A cien metros del lugar, cruzando la avenida Alcorta, y sobre la puerta
lateral de Aguas Argentinas, un grupo de familiares de las víctimas
del asalto al blindado, ocurrido un mes y 14 días antes, levantaba
sus carteles intentando concentrar la atención de las cámaras.
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A metros de otro drama
El 2 de octubre pasado, a las 5 de la madrugada, la confitería
Selquet fue testigo mudo de un sangriento y oscuro intento de asalto
de un grupo comando, que atacó a un blindado dentro de la
planta que la empresa Aguas Argentinas posee en Figueroa Alcorta,
a apenas cien metros de allí: un empleado de una vcontratista
de la concesionaria tomado como rehén, dos custodios del
blindado, un policía y un delincuente murieron. Dos de ellos
en condiciones más que dudosas.
El cuerpo del rehén Rubén Maciel apareció sugestivamente
corrido de su lugar, en dos momentos diferentes después del
hecho, imágenes que fueron documentadas por medios televisivos
y fotógrafos. La banda, integrada por once miembros, aguardó
al blindado de Juncadella que aportaba fondos al cajero interno
de Aguas Argentinas. Como el chofer no abrió la puerta, los
asaltantes tiraron con armamento pesado contra el vehículo.
Dos custodios murieron. De los cuatro asaltantes que se encontraban
en la planta, dos salieron vestidos como empleados. Otro saltó
el paredón hacia Lugones. El cuarto, Díaz Roldán
murió al tirotearse con la policía, aún dentro
de la planta, cinco horas después. En ese tiroteo, también
murió Maciel.
Ayer, cuando las balas volvieron a oírse en el lugar, familiares
y amigos de Maciel hacían un acto en el lugar en reclamo
del esclarecimiento de ese hecho, aún oscuro.
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SON
SEIS LOS MUERTOS TRAS EL MOTIN DE SANTA FE
El horror en una comisaría
El saldo del drama
creció: ya son seis las personas muertas por el motín desencadenado
el miércoles tras un fallido intento de fuga de un grupo de presos
en una comisaría de Villa Gobernador Gálvez, en la provincia
de Santa Fe. Ayer fallecieron tres detenidos más en el Hospital
de Urgencia Clemente Alvarez, donde estaban internados por quemaduras
graves, y todavía hay cuatro en grave estado, en terapia intensiva.
Aún están en un mar de dudas las verdaderas causas por las
que se originó la revuelta. Los familiares de las víctimas
y los reclusos sobrevivientes aseguraron que el motín se inició
para frenar la dura represión policial desatada frente al intento
de fuga. La versión oficial indica, por el contrario, que los presos
prendieron fuego colchones y mantas al no poder escapar.
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Angel Baltuzzi, salió al cruce
de la polémica instalada y afirmó que “hubiese preferido
una evasión y no muertos”. Más allá de las incógnitas
sobre los motivos que derivaron en la trágica revuelta, las autoridades
admitieron que el penal de la seccional 25ª tenía capacidad
para albergar a 12 reclusos y no a los 33 que se encontraban detenidos
en el momento del motín.
La situación de hacinamiento denunciada por Página/12 en
cárceles y comisarías de la provincia de Buenos aires parece
caberle también a Santa Fe. El propio Baltuzzi reconoció
que la situación carcelaria en esa provincia no es óptima:
“Tenemos un retraso y contamos con 1100 presos alojados sólo
en comisarías de Rosario”, admitió el funcionario.
Todo había comenzado el miércoles por la tarde en la comisaría
25ª de Pueblo Nuevo, cuando un ex detenido que había ido a
retirar sus pertenencias descubrió a un grupo de reclusos que limaban
los barrotes de una celda intentando escapar y advirtió a los guardias.
A partir de allí nada queda claro. Según el informe oficial
dado a conocer por la policía rosarina, “en ese momento los
presos originaron un gran incendio del que emanaba un humo tóxico.
El personal policial se abocó a sofocar el fuego, a abrir las puertas
del penal y a auxiliar con la premura del caso a los internos”. La
reconstrucción del hecho ofrecida por los reclusos ilesos no concuerda
con ésta. Ellos insisten en que la rebelión comenzó
a partir de la represión de los uniformados. En el comunicado de
la policía se reconoce que “el personal efectuó disparos
con una escopeta provista con cartuchos antimotines para disuadir a los
internos”. Lo cierto es que las celdas de la comisaría se
convirtieron en una trampa mortal y tres detenidos murieron en el acto.
Por el fuego y también por la toxicidad del humo que despide la
gomaespuma encendida, que afecta gravemente las vías respiratorias.
Desde que comenzó el motín los policías cercaron
el perímetro “para evitar una fuga masiva” a la espera
de los bomberos y las ambulancias, según intentó explicar
uno de los jefes policiales. Al mismo tiempo, familiares de los presos
se acercaron a la seccional para saber qué era lo que estaba pasando.
Si bien el subsecretario de Seguridad de Santa Fe, Enrique Alvarez, también
desestimó la responsabilidad de los policías por los seis
muertos, afirmando que ellos “tienen la directiva específica
de privilegiar siempre el valor de la vida”, luego dejó un
resquicio: “Esto es lo que venimos haciendo más allá
de este caso en particular”, intentó atajarse el funcionario.
Igual desacreditó otras versiones: “Yo no puedo dar fe de
lo que digan los detenidos o los familiares de los presos”, sentenció
Alvarez. Mientras tanto, familiares de los reclusos fallecidos y heridos
cortaron una calle de la ciudad en reclamo de justicia.
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