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CONSULTAS
Hace apenas seis años, en 1994, con el acuerdo explícito
de los partidos mayoritarios que hoy controlan los poderes Ejecutivo
y Legislativo, fue promulgada la Constitución Nacional, ley
suprema del Estado de derecho. Sin embargo, los que la corrigieron
y la aprobaron, en el oficialismo y en la oposición, hoy
en día la ignoran en sus discursos y en sus actos, como si
la responsabilidad por la vigencia de sus mandatos fuera de exclusiva
competencia de los jueces, cuyos fallos además suelen recibir
el olímpico desdén de los otros dos poderes republicanos.
Los que invocan la gobernabilidad, la seguridad jurídica,
la estabilidad institucional y la supremacía de la ley aceptan
sin chistar que las normas básicas de la sociedad sean letra
muerta. De ese modo, fomentan las peores chances en contra de los
propósitos que alegan a cada rato, reduciéndolos a
pura retórica para justificar cualquier cosa. Cuando los
mandatarios no son esclavos de la ley, sometidos al inescrupuloso
pragmatismo de los mercaderes, el más fuerte somete al más
débil a voluntad y cada ciudadano queda librado a conseguir
lo que desea o necesita por sus propios medios, aunque sea con una
pistola en la mano.
Alcanza con releer el famoso artículo 14 bis de la Constitución
para encontrar la respuesta, por ejemplo, a la demoledora privatización
del régimen de previsión. El mandato es tajante: “El
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que
tendrá el carácter de integral e irrenunciable”.
Es abrumador el número de derechos y garantías que
han sido violados por las políticas públicas con el
presumido afán de “tranquilizar a los mercados”
o de “superar el déficit fiscal”, hasta el grado
de convertir a la Carta Magna en un trasto inservible para el presente
y en una ilusión pueril para el futuro. Para que la República
Argentina no fuera una “simple asociación tácita
e implícita”, Juan Bautista Alberdi reclamaba dos condiciones:
“Un gobierno nacional y una Constitución general que
le sirva de regla”. Esa ley, escribió el autor de las
Bases, “es el código verdadero de los gobiernos bien
intencionados” porque no es otra cosa que el reflejo de “la
opinión general”. ¿Qué refleja mejor esa
opinión general en la actualidad: la Constitución
o los acuerdos con el FMI?
Olvidado de esas reglas, el Gobierno se bambolea entre presiones
contradictorias, tratando de adaptarse al programa conservador,
aunque sea a costa de repudiar el contrato con la sociedad que lo
instaló en la Casa Rosada. El plenario de obispos católicos,
hace una semana, analizó esa conducta en el cuadro general
de situación y concluyó: “No podemos resignarnos
a aceptar pasivamente la tiranía de lo económico que
se ha instalado en todas partes. La tarea no debe reducirse a que
las cuentas cierren para tranquilizar los mercados. No es suficiente
hacer bien los deberes hacia afuera [...] Necesitamos lograr consensos
que fortalezcan los lazos de pertenencia solidaria a la comunidad
y proponernos algunas acciones que generen esperanza a todos. Necesitamos
recobrar el valor de la palabra dada y el cumplimiento de los compromisos
asumidos”.
De la Rúa se dio por notificado, en una breve carta de cuatro
párrafos, de lo que llamó “singular aporte para
la reflexión”, reconoció la indudable “deuda
social” pero ahí mismo insistió en que la reactivación
económica nacional “necesita de la confianza de los
inversores”, de lo que podría deducirse que usa la comprensión
de un modo muy selectivo para recibir el mensaje episcopal. La actitud
evoca un cuento hereje sobre otros equívocos: “El flamante
párroco estaba tan nervioso en su primer sermón que
casi no pudo hablar. Pidió consejo al obispo, quien le sugirió
que bebiera un poco de vodka diluido en agua para relajarse. Así
lo hizo, pero rato después del segundo sermón recibió
una nota del monseñor que decía: ‘Estimado padre:
1. La próxima vez tome sorbos en lugar de tragos. 2. Existen
10 Mandamientos no 12. 3. Fueron 12 Discípulos no 10. 4.
No nos referimos a la Cruz como aquella ‘T’ grandota.
5. No mencionamos a nuestro Salvador Jesucristo y sus Apóstoles
como JC y su Banda. 6. David derrotó a Goliat con una honda
y una piedra, nunca le rompió el culo. 7. No calificamos
a Judas como buchón y vendió a Jesús por 30
monedas de oro y no por dos lucas. 8. El Papa es sagrado no castrado
y no lo llamamos El Padrino. 9. El Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo no son Papi, Junior y el Aparecido’”.
A juzgar por los resultados obtenidos en el primer año de
gobierno, el Presidente también está enredado en diversas
confusiones. En la búsqueda de esa esquiva confianza de los
inversores, que lo hizo abandonar el programa electoral de la Alianza,
sumada a una sorprendente ineficacia en la gestión, ya perdió
la mayor parte de la confianza popular y colocó su autoridad
en situación de hemorragia masiva. Hay muchos que perciben
esa debilidad progresiva. Ahí están los gobernadores
peronistas, la mayoría dependiente del Tesoro nacional por
falta de recursos autosuficientes, que regatean desde hace una semana
el precio por el apoyo a un acuerdo que requiere el FMI, en un patético
remedo a cara descubierta de las negociaciones por la ley de reforma
laboral. Mientras el Presidente y su jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo, pronostican el Apocalipsis si sus adversarios no rubrican
el acuerdo, en el trámite ya perdieron la bandera de la justicia
social, que los peronistas agitan como si fuera propia y verdadera,
a pesar de haber consentido o colaborado con los diez años
de unicato menemista que produjeron, con la confianza de los inversores,
desempleo en masa, déficit fiscal atolondrado y despilfarro
del patrimonio público, para no mencionar indultos, impunidades
y corruptelas de varios tamaños.
Otro que quiere hacer astillas del árbol caído es
Domingo Cavallo, depositario de la confianza del capital financiero
que busca servir De la Rúa con semejante empeño, a
través de su propuesta para elegir vicepresidente lo antes
posible, especulando con que el miedo al futuro y la frustración
del presente lo asciendan al lugar de sustituto presidencial. En
cuanto al ánimo popular, podrá verificarse lo que
anticipan las encuestas cuando se cumpla la próxima semana
la huelga general aprobada, hasta ahora, por las tres centrales
sindicales. A eso, hay que sumarle la exhortación crítica
del Grupo Productivo de la industria, la construcción y el
campo, acicateado por la recesión, la agonía del mercado
interno y las tarifas usurarias del crédito bancario, que
el Gobierno paga sin levantar la voz. Ni qué hablar de los
ruralistas que están con el agua al cuello, sobre todo en
doce partidos bonaerenses, sin que nadie atine a ofrecerles soluciones
efectivas para amortiguar los efectos de la catástrofe. Por
donde mire, el Gobierno está cercado por turbulencias, que
aumentan con cada intento oficial de aplicar nuevos ajustes.
Tampoco circulan con facilidad en las cámaras legislativas
los proyectos del Ejecutivo. Hay tanta resistencia a la reforma
previsional que, para cumplir con el FMI, lo más probable
es que el Presidente tenga que apelar al decreto de necesidad y
urgencia. Las críticas arrecian igual contra el Presupuesto
2001 que, por ahora, tiene el respaldo de los radicales, acogotados
por la disciplina partidaria (“que se doble, pero que no se
rompa”) y por Cavallo, que asegura el arrastre de los partidos
provinciales (con excepción de Salta y los patagónicos
si el oficialismo insiste en cancelar los subsidios al tabaco y
al petróleo), pero en el Frepaso rechazan la reforma y sobre
el presupuesto el debate está abierto. Diez de sus diputados
reiteraron la disidencia en una nueva declaración (“Construyamos
otro modelo”), en la que afirman: “La continuidad de un
modelo instaurado desde 1991, lleva al gobierno de la Alianza a
alejarse de la base social que lo votó, a alejarse de aquellos
que creyeron en uncambio posible. Este Gobierno tiene un dilema
de hierro, o gobierna para el bienestar de todos o sólo sirve
a los intereses de los más poderosos”. Son conceptos
que sin duda apoyarán los diputados socialistas y queda por
saber las condiciones que demandarán los bloques del PJ en
Diputados y el Senado.
En el Frepaso las polémicas abundan porque ninguno de sus
adherentes tiene respuestas claras y directas sobre el futuro partidario
y la permanencia en la Alianza, dado que De la Rúa tiene
el dial clavado en la sintonía de las corporaciones financieras
internacionales. En los últimos días, comenzó
a circular la versión de un próximo congreso nacional
de la fuerza, convocado por el mismísimo Chacho Alvarez que,
en ese ámbito, rompería el silencio que se autoimpuso
poco después de abandonar la vicepresidencia. Además
del silencio, nadie garantiza qué otras roturas habrá
que contabilizar en ese momento, si es que llega. Algunos piensan
que el rumbo presidencial no tiene retorno y, por lo tanto, perdió
sentido la coalición inaugurada hace tres años para
gobernar de otro modo, en tanto que otros tratan de imaginar si
el costo de la ruptura no será mayor que el de la continuidad,
aunque sigan en protesta continua.
Aparte de los hechos, que van imponiendo el perfil de la realidad,
sería interesante que despejaran las dudas mediante los mecanismos
que ofrece la Constitución en su capítulo de “Nuevos
derechos y garantías”. Es el caso de la consulta popular
(artículo 40) que ni Menem ni la Alianza han considerado
jamás como una opción válida, aunque la democracia
es en teoría el gobierno de y para el pueblo. Ya que los
mercados son consultados casi a diario con la intención de
satisfacer sus deseos, sería encomiable que alguna vez el
ciudadano tuviera la oportunidad de expresarse, sobre todo cuando
la encrucijada es de la envergadura que anuncia el Gobierno por
boca de sus más encumbrados representantes. “Estamos
tomando café sobre la cubierta del ‘Titanic’”,
aseguró Colombo con énfasis dramático. Es hora,
entonces, de que los pasajeros puedan acudir a los botes con plena
conciencia de los riesgos mediante el ejercicio del derecho de opinión.
Si la responsabilidad es de todos, como pretende el Presidente a
cada momento, pues que todos tengan la oportunidad de influir en
las decisiones. Es hora de renovar el voto del año pasado,
porque las promesas que inspiraron aquella decisión han sido
abandonadas.
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