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Por Cledis Candelaresi
 El Grupo Productivo dio ayer
un expreso respaldo al Gobierno a través de un escueto pero contundente
comunicado. El texto firmado por la Unión Industrial Argentina
(UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) exhorta a “la dirigencia política
a lograr acuerdos que permitan plasmar una efectiva política de
crecimiento”. Si bien esta demanda fue formulada en forma global,
los destinatarios específicos son los gobernadores justicialistas,
quienes tienen reparos para admitir el último paquete de ajuste
tal cual lo plantea el gobierno nacional. El corolario de ese aval será
una propuesta de medidas para alentar el crecimiento, que el empresariado
podrá redondear apenas logre zanjar sus propias diferencias intestinas
(ver aparte). Por ahora, los une el terror de un estallido social.
Todos los dirigentes empresarios parecen coincidir en el diagnóstico
de que Argentina atraviesa un momento sumamente crítico. Esta urgencia
está admitida en el título del comunicado, “Ante la
situación imperante”, cuyo texto reclama unión política
para superar la “grave situación económico-social por
la que atraviesa el país”.
La primera preocupación es que las disidencias internas bloqueen
el blindaje financiero que se gestiona en Washington y esto aumenta el
riesgo de default (cesación de pagos). Pero lo que más angustia
es la posibilidad de que la creciente presión social haga perder
al Gobierno el control. “¿Usted se imagina la protesta de
Tartagal (localidad de Salta donde acaba de morir un piquetero bajo la
represión policial) trasladada al Gran Buenos Aires?, ¿quién
la para?”, se afligía ayer un dirigente ante este diario.
Prueba de que el momento se percibe crítico es que hasta Aldo Roggio,
empresario de bajo perfil, formuló desde Córdoba declaraciones
a la agencia oficial de noticias Télam. “Sabemos que los gobernadores
y legisladores están mirando el problema de cada provincia, que
debe ser angustiante y difícil. Pero todos debemos apelar a la
responsabilidad porque el país está en una situación
delicada”, sentenció el vicepresidente de la Cámara
Argentina de la Construcción.
“La situación del país es tan delicada que no está
para elegir quién me gusta y quién no. La gente que está
trabajando lo hace lo mejor que puede”, aseguró Gregorio Chodos.
El constructor negó de este modo que haga falta un recambio en
el Ministerio de Economía, algo que todos descartan, al menos por
el momento. En los últimos días José Luis Machinea
cosechó un respaldo genuino del poder económico local. Sin
embargo, el comunicado del Grupo Productivo fue alentado por el propio
ministro y sus colaboradores, quienes reclamaron un auxilio ante la apertura
simultánea de los frentes externos e internos.
La última reunión formal y pública de Fernando de
la Rúa con el Grupo Productivo y la Asociación de Bancos
de la Argentina fue la semana pasada, antes del mensaje presidencial para
anunciar las últimas medidas. Pero los contactos con el propio
Machinea, su jefe de asesores, Pablo Gerchunoff, su secretario de Industria,
Javier Tizado y el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo son permanentes
y el discurso oficial único: los funcionarios piden respaldo para
que la situación política y social no se desmadre.
A esta preocupación, los dirigentes empresarios suman su afán
de que se promuevan medidas para resucitar la economía. Con esta
intención hubo una aproximación entre industriales, constructores
y ruralistas con los banqueros, de los que se divorciaron hace un tiempo
por incompatibilidad de intereses. El mayor recelo a concretar esta unión
surge en el seno de la propia UIA, cuyo titular, Osvaldo Rial, no asistió
a ninguna de las reuniones técnicas que se hicieron hasta ahora
para consensuar una propuesta de medidas pro competitivas junto a los
bancos.
El lunes hay otro encuentro decisivo con los hombres de ABA, en el cual
se resolverá si se avanza o no en un documento común para
elevar alGobierno. Esta comunión parece posible si triunfara el
ala más componedora de la entidad fabril, representada por la Copal
y Techint. Pero poco puede esperarse si algunos hombres de la UIA arremeten
nuevamente con su intención de exigir la restitución de
aportes patronales a las empresas de servicio y privatizadas, que se grave
la renta financiera o que los bancos apliquen tasas de interés
internacionales, es decir, mucho más bajas que las actuales para
las pymes. Aspiraciones semejantes a las que tienen los hombres de campo
y, en alguna medida, los constructores.
Ni la Sociedad Rural, ni las concesionarias de servicios públicos
ni las grandes cadenas comerciales se sumaron aún a esta movida
para apuntalar al Gobierno. Pero ni las unas ni las otras tienen mucho
que reclamarle al equipo económico, que se enfrentó más
de una vez con legisladores de la propia Alianza para evitar que se altere
la ecuación económica de las privatizadas.
EL
GP JUNTO A LOS BANCOS DISCUTEN MEDIDAS ECONOMICAS
Un paquete para ayudar a Machinea
En una reedición limitada
de lo que fue el Grupo de los Ocho, industriales, constructores y ruralistas
intentan elaborar junto a los banqueros una propuesta, cuyo objetivo es
“estimular la competitividad y la demanda”. A juicio de los
hombres de empresa, la principal carencia del último paquete es,
justamente, que no incluyó una batería de medidas reactivadoras.
El programa empresario que comenzó a discutirse incluirá
expresamente la recomendación de crear una subvención especial
para los jefes de familias que no tienen empleo, recurso para atenuar
la creciente efervescencia social.
Uno de los debates centrales es cómo garantizar esa ayuda sin complicar
el frente fiscal, ya que la mayoría de los dirigentes comulga con
la idea de que hay que erradicar el déficit. El proyectado documento
conjunto está en estado germinal y es, en este momento, más
una propuesta para debatir que un detalle de medidas acabadas.
Mientras algunos dirigentes de la UIA consideran imposible coincidir con
los banqueros, otros hombres de esa misma agrupación entienden
que es posible resignar algunas pretensiones para acordar con los bancos
en torno de cuatro o cinco puntos básicos. Como base para la discusión
se pusieron sobre la mesa algunas de las demandas ya formuladas por el
Grupo Productivo en sus últimos documentos públicos.
Entre esos planteos está el de exigir al Banco Central que flexibilice
las condiciones del previsionamiento que deben realizar los bancos por
sus créditos de dudosa cobrabilidad. En la medida que las entidades
tengan menos recursos disponibles para prestar, la tasa de interés
sube. También se buscaría algún mecanismo para que
se abarate el crédito para las pequeñas y medianas empresas.
La Unión también tiró sobre la mesa la idea de que
se aumenten los aranceles a las importaciones para costear con lo que
se recauden mayores reintegros a las exportaciones.
Mucho más controvertida puede ser realizar otra de las iniciativas
bajo análisis, de subir las cargas sociales sobre algún
sector de la economía con el objeto de cubrir una subvención
a los jefes de familia desocupados. Esta subvención debería
resultar más abarcativa que el actual subsidio de desempleo que
administra la cartera laboral.
La elaboración de esta propuesta fue una especie de pacto de caballeros
sellado por los dirigentes empresarios durante la última reunión
con el Presidente. Pero honrar este compromiso les resulta más
difícil de lo que previeron hace días, aun cuando ni siquiera
se arrimaron otras entidades también escindidas del ex Grupo de
los Ocho. La Sociedad Rural, con la que el Grupo Productivo tendió
alguna línea para reintegrarla a ese núcleo, nunca se acoplaría
para avalar el compre nacional, las altas tasas de interés actuales
o favores a las automotrices.
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