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Por D.C.
 Fernando de la Rúa siguió
sin definir ayer cuál será la vía para sancionar
la reforma previsional. Mientras tanto, un sector mayoritario del Gobierno
y los legisladores de la Alianza se enfrentan con tal virulencia que parecen
enemigos, más que integrantes de una misma coalición. “Que
vayan a Washington, a ver si se cae o no el acuerdo con el FMI”,
dijo, a los gritos, un alto funcionario de Economía en diálogo
con Página/12. “Si acá un prestamista viene a correr
al Presidente con un decreto inconstitucional, es un extorsionador y un
bandolero”, aseguró la diputada frepasista María América
González. José Luis Machinea, Chrystian Colombo, Adalberto
Rodríguez Giavarini y Ricardo López Murphy encabezan el
grupo que le pide a De la Rúa la firma del decreto. La mayor parte
de las bancadas de diputados y senadores del radicalismo, junto a Federico
Storani y Raúl Alfonsín, le advierten al Presidente que,
si opta por esa vía, la Alianza puede fracturarse definitivamente.
Con igual intensidad que la pelea, uno y otro bando asegura que De la
Rúa firmará el decreto o enviará un proyecto de ley
al Congreso, según sea la fuente que se consulte. “El domingo
se anuncia el decreto”, dijeron a este diario desde Economía.
Ese día, el Presidente regresará de su viaje a Panamá.
“El decreto ya está listo y De la Rúa lo firma”,
sostuvo, por su parte, un calificado vocero gubernamental. Quizás
la percepción que tienen los sectores en pugna obedezca a una explicación
que dio un legislador aliancista a Página/12: “De la Rúa
no le dice que no a nadie”.
A pesar del clima que vive todo su gobierno, el jefe de Estado esquivó
ayer una definición. “Quiero ser claro: acá no hay
marcha ni contramarcha, como dicen algunos, sino elaboración: estuve
trabajando toda la semana en la elaboración de una norma que es
compleja”, afirmó. “Yo les digo que aquí habrá
reforma previsional, que es necesaria para asegurar la previsibilidad,
por el camino constitucional que corresponda”, agregó.
Para quienes gustan de leer entre líneas, otra declaración
de De la Rúa parece darles la razón a los que dicen que
habrá decreto. Cuando se lo consultó sobre el rechazo que
recibiría el eventual proyecto de ley, señaló que
“son opiniones, lo que hay que preguntar es quién está
dispuesto a provocar un daño económico grave al país
y quién está dispuesto, con espíritu patriótico,
a colaborar para evitarlo”.
“Con sus dudas, De la Rúa propició toda esta pelea.
Si estaba dispuesto a aceptar las exigencias del FMI, el lunes pasado
tendría que haber sacado el decreto y punto”, fue la lectura
de un diputado oficialista quien, curiosamente, reclama la vía
parlamentaria para la discusión de la reforma. “Si el lunes
estaba el decreto, qué podíamos hacer”, se preguntó.
“En cambio, al abrir el debate, cada uno se defiende”, completó.
La crisis política ya planteada no es menor. De la Rúa no
atina a resolver el dilema entre dos situaciones que pueden poner al Gobierno
en nocaut. La primera es la siguiente: el debate continúa por varios
días, los mercados y el FMI lo presionan y finalmente Machinea
renuncia. La segunda, igual de grave, es que clausura la discusión
con el decreto y el bloque de diputados del Frepaso abandona la Alianza.
El Presidente está buscando suavizar las posturas, a fin de que
su decisión final no provoque el cataclismo que se insinuaba hasta
ayer.
En esa tarea, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, aseguró que
“la Alianza no se va a romper” si hay decreto. “La reforma
previsional se debe hacer porque le conviene a la Argentina y no al mercado,
y todas esas pavadas que se escuchan por ahí”, remarcó
Colombo, quien advirtió que “si no se hace, la gente va a
pagar mucho más caro el ajuste que tendrá que hacer”
el Gobierno. En conclusión, la reforma le conviene a la gente porque,
de lo contrario, vendrá algo peor. Más bien, ésa
parece la teoría de lo menos malo.
En el bloque de diputados del Frepaso fue ganando espacio la postura de
los más beligerantes hasta la aparición de las instrucciones
de Carlos “Chacho” Alvarez sobre el tema, que ratificó
la decisión de oponerse a la reforma previsional tanto por ley
como por decreto. Los legisladores radicales también manifiestan
su enojo. De la Rúa, en tanto, se debate entre dos fuegos.
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Moreau vs. los Machi’s
El senador Leopoldo Moreau señaló al equipo económico
como responsable de haber inducido al presidente de la Nación
a numerosos errores en materia de reforma previsional. Señaló
que pretender imponerla por decreto “es una equivocación,
una deformación de tecnócratas, que creen que el Parlamento
no existe, que además quieren aprovechar la coyuntura para
meter una reforma que, según ellos, podría alentar
la inversión”. Pero también discrepó en
este punto. “Financiar crecimiento no significa extender el
campo de acción de las AFJP; en todo caso es darle más
nichos de poder a la patria financiera; tampoco desregular el sistema
de obras sociales para que los bancos norteamericanos o cuatro gerenciadoras
compren las prepagas que ya existen: ésa es la visión
distorsionada que hay en el equipo económico”, sostuvo
Moreau en declaraciones radiales. “Además –continuó–
cometieron gravísimos errores como para emitir juicio; de
ahí (el equipo económico) salió el consejo
al Presidente para que anunciara que los mayores de 80 años
iban a tener asegurada una jubilación de 200 pesos, cuando
ya la tienen asegurada los de 67 en adelante, y que también
los jubilados futuros van a tener un haber mínimo de 300
pesos cuando ya lo perciben los que se jubilaron desde el ‘94.
Es claro que no conocen el sistema de seguridad social.”
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Ineficiencia provocada
Hace poco más de dos meses, José Luis Machinea se
comunicaba con uno de los directores de la Anses para reclamarle
que demorara lo más posible la aprobación de nuevos
beneficios “porque no hay plata para pagarlos”. El episodio
era comentado ayer con amargura en el organismo administrador de
la Seguridad Social, como contraargumento a la señalada intención
de “acelerar los expedientes” esgrimida como excusa para
decidir la intervención de la Anses.
Fuentes del organismo, números en la mano, aseguran que en
los últimos 10 meses se resolvieron 110 mil casos, seis por
ciento más que en el mismo período del año
anterior. El stock de casos pendientes (trámites de jubilación
y pensión), afirman con total precisión, son 63.151
en el régimen de reparto y 3768 en el sistema de capitalización,
que se corresponderían con tres meses de trabajo. A un ritmo
de 22 mil casos ingresados mensualmente, ese período de 90
días sería la demora promedio que hoy existe para
darle solución a cada trámite.
En virtud de estos elementos, en la Anses llegan a la conclusión
de que la decisión de intervenir el organismo tuvo como motivación
razones puramente políticas y la necesidad de Economía
de lograr su control. La visión es compartida por directivos
y personal, que desde los anuncios del viernes pasado prácticamente
se han declarado en asamblea permanente y, en la práctica,
han dejado de atender al público. “No es sólo
en defensa de sus puestos de trabajo, que por cierto están
amenazados por la probable reestructuración; también
se manifiestan en defensa del actual régimen previsional”,
enfatizó un directivo del organismo de la seguridad social.
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POLEMICA
POR LOS COMBUSTIBLES
“Adiós al mercado libre”
El decreto por
el cual el Gobierno dispuso normas para “promover la competencia”
en el mercado de los combustibles ya recibió críticas de
los supuestos beneficiarios, los dueños de estaciones de servicio,
que consideraron que la letra de éste tergiversó el sentido
original de sus planteos ante la Secretaría de Defensa de la Competencia.
“Habrá que despedirse de la posibilidad de un mercado libre,
esto va hacia una integración vertical total”, interpretó
Manuel García, presidente de la Asociación de Estaciones
de Servicio Independientes, al ser consultado por Página/12. El
cuestionamiento apunta al artículo 2 del decreto 1060, que fija
en el 40 por ciento el tope de estaciones de las que las petroleras podrán
ser propietarias u operar directamente (a través de sus propios
empleados). Pero ese porcentaje no se medirá sobre el total del
mercado, sino sobre las bocas de expendio de la propia red. Es decir,
no hay límite para la porción que una marca pueda tener
del mercado.
“A Repsol YPF esto no le representa ningún problema, porque
tiene el 10 por ciento de las estaciones del mercado controladas, que
es menos del 25 por ciento de su red, pero con ellas domina casi el 30
por ciento de las ventas, porque son las mejor ubicadas”, se quejó
García.
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