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Por Washington
Uranga
 En una carta dirigida al arzobispo
de Paraná, Estanislado Karlic, en su condición de máxima
autoridad del Episcopado, el presidente Fernando de la Rúa consideró
que el crítico documento que los obispos católicos dieron
a conocer la semana anterior sobre la situación social “constituye
un singular aporte para la reflexión y el examen de conciencia
de la sociedad entera, de gobernantes, fuerzas sociales y políticas
y de cada ciudadano”. Frente un pronunciamiento eclesiástico
que cuestiona la “tiranía del mercado” y señala
que “la tarea no debe reducirse a que las cuentas cierren para tranquilizar
los mercados”, De la Rúa afirma que “para el Gobierno
es importante su comprensión (la de los obispos) ante los esfuerzos
que se hacen para superar las dificultades a través de los programas
sociales y una reactivación económica que necesita de la
confianza de los inversores y que debe contribuir a una mayor equidad”.
La respuesta presidencial, elaborada en un tono estrictamente formal,
elude las cuestiones fundamentales planteadas en el documento de la jerarquía
católica.
El Presidente dice coincidir con el Episcopado en que “la gran deuda
de los argentinos es la deuda social”, pero advierte que ella “no
se ha generado por cierto en este año” y sostiene que “estamos
decididos a poner todo el empeño” en remediarla porque “es
un objetivo fundamental de justicia y solidaridad asumido por mi gobierno”.
Tras el pronunciamiento del sábado anterior, la Conferencia Episcopal
le hizo llegar directamente el texto al Presidente y Karlic no descartó
la posibilidad de un encuentro entre el propio De la Rúa y los
obispos para conversar sobre las cuestiones sociales y la labor de la
Iglesia.
El documento episcopal, emitido tras una semana de deliberaciones de todos
los miembros de la conferencia episcopal, fue considerado uno de los pronunciamientos
más claros y directos de cuantos hayan salido de la pluma de la
jerarquía católica en los últimos tiempos. Entre
otras cosas se sostuvo allí que “no es suficiente hacer bien
los deberes hacia fuera” y se afirmaba que “esta crisis no es
sólo un problema estadístico” sino que ante todo es
“un problema humano” que “tiene nombres, apellidos, espíritus
y rostros”.
De la Rúa afirma que “compartimos la preocupación ante
la crisis moral y por la marginación y necesidades insatisfechas
que sufren tantos conciudadanos y somos solidarios con cada uno de ellos”.
Nada dijo el Presidente ante la afirmación eclesiástica
acerca de que “la corrupción instalada en casi todos los ámbitos
de nuestra vida tiene protagonistas resistentes al cambio y que impiden
la purificación necesaria de las instituciones” que formaba
parte de la denuncia episcopal. Prefirió en cambio apoyar a los
obispos en su defensa de la democracia: “Valoro la confianza que
se expresa en el noble ejercicio de la democracia, la que aspiramos sea
cada vez más participativa”.
El mandatario termina pidiéndole a Karlic que transmita “mi
saludo y especial agradecimiento a los señores obispos por las
palabras de aliento y discernimiento pastoral que dan a nuestro pueblo
en este Año Santo así como por la entrega generosa de cuantos
desde la Iglesia Católica trabajan en reconstruir el tejido social”.
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OPINION
Por Hugo Juri *
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Eficiencia en la inversión
El Ministerio de Educación firmará el año
entrante un convenio con la Jefatura de Gabinete para iniciar un
proceso de modernización de la administración que
incluirá la revisión del sistema de compras y contrataciones
y la creación de programas con metas claras para el personal.
Buscamos de esta manera dar un paso trascendental en pos de la eficiencia
en la administración de los fondos que conforman la inversión
educativa. Sabemos de la necesidad de efectuar una creciente inversión
del sistema educativo que signifique una ampliación de las
oportunidades de la población; por eso, y aunque en los últimos
años la inversión en este sector se ha incrementado,
estamos buscando diferentes alternativas con los principales actores
del sistema.
Alternativas que no aspiran a suplir el presupuesto sino a mejorar
su aplicación.
Un claro ejemplo de este camino fue la reunión con los integrantes
del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) realizada esta semana,
que dejó sentadas las bases para una nueva etapa en la administración
de los recursos financieros de las casas de altos estudios. La conformidad
prestada por los rectores a esta iniciativa, basada en la progresiva
distribución del presupuesto universitario a través
de pautas con criterios de eficiencia como objetivos y la implementación
de evaluaciones cruzadas entre las mismas universidades como factor
principal en la medición de esas pautas, significa en todo
sentido hacer más eficiente la inversión educativa.
Debemos anticiparnos a los problemas. El congelamiento de los gastos
del Estado y la tendencia al aumento en la cantidad de estudiantes
que ingresan al sistema universitario nos pondrán en una
situación de crisis en los próximos años y
estas medidas buscan utilizar mejor los recursos para hacerlos más
eficientes. En ese sentido, ya analizamos mecanismos para descomprimir
este creciente incremento del ingreso al nivel universitario como
una reestructuración académica, curricular y financiera
del sistema terciario en todo el país que empiece a captar
a nuevos estudiantes.
Estamos trabajando activamente con las provincias para reorganizar
la administración de los recursos humanos, aspiramos a que
logren, con el aporte de la Nación, modernizar vetustos sistemas
de información y control de gestión. Nos proponemos
que las provincias que aún tienen situaciones precarias debido
a complicadas situaciones fiscales alcancen una cobertura educativa
eficiente.
Es necesario dar este debate hoy para no permitir que injustas apreciaciones
hagan mella en el firme rumbo que tiene nuestro compromiso por la
calidad y equidad de la educación.
* Ministro de Educación.
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