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 Con el argumento de utilizarlas
“con fines de investigación”, el Ministerio de Pesca
del Japón y la embajada en Buenos Aires confirmaron la salida de
su flota pesquera con la misión de cazar 440 ballenas, aunque el
vocero diplomático aclaró que “no se trata de ejemplares
de la ballena franca austral”, en peligro de extinción. La
expedición partió hacia la Antártida, a pesar de
las protestas internacionales y del antecedente de la sanción económica
que el gobierno de los Estados Unidos le aplicó al Japón
en setiembre por la misma causa. De acuerdo con la información
oficial, de los ejemplares capturados “recogerán datos sobre
la edad y hábitos de los animales”. Los barcos regresarán
al Japón en abril. La organización ecologista Greenpeace
condenó la decisión japonesa y recordó que “es
totalmente ilegal” la caza de ballenas de la especie Minke, objetivo
de la travesía. Milko Schvartzman, coordinador de la campaña
de ballenas, requirió del gobierno argentino “un pronunciamiento
en contra de lo que está sucediendo”, tomando en cuenta que
la especie también se aproxima a las playas del sur del país.
“Es inadmisible que Japón siga desoyendo la posición
de todo el mundo y continúe violando los tratados internacionales”,
señaló Schvartzman, quien consideró que el gobierno
argentino “debería tomar una posición más activa,
como Brasil, Australia y Nueva Zelanda”. Según el vocero de
Greenpeace, “la expansión de esta caza depredatoria hará
más daño a las poblaciones de ballenas que el ya cometido
en el último siglo y tendrá un impacto directo en todo el
ecosistema oceánico”.
Según Schvartzman, Japón es uno de los países responsables
“de que sólo quede un diez por ciento de la población
de la ballena franca austral”. En este sentido puntualizó
que “al gobierno argentino debería interesarle de manera especial,
porque la especie Minke es una de las que suelen acercarse a nuestras
costas y es un fuerte atractivo turístico”. “Esta especie,
que está en recuperación, volverá a ser blanco de
los arpones, lo que no sólo atenta contra la biodiversidad, sino
también contra una actividad turística muy importante”,
advirtió.
Greenpeace recordó que la caza de ballenas con fines comerciales
está prohibida desde 1986, pero la carne igual es vendida en el
mercado del Japón. La Comisión Ballenera Internacional (CBI),
integrada por 40 países, le ha reclamado varias veces al Japón
que detenga su programa de caza en el Pacífico Norte y en aguas
del santuario ballenero austral y que se limite sólo “a las
investigaciones científicas”.
El vocero de la embajada de Japón, Takahiro Natamae, admitió
que en su país existe “una cultura de consumo de carne de
ballena”, pero insistió en que se trata de “una misión
científica” y dejó sentado que “no corre ningún
peligro la ballena franca austral”. La CBI, junto con Greenpeace,
consideran que los resultados de las presuntas investigaciones “son
superfluos” y que la verdadera razón es la de utilizar la
carne de ballena. A pesar de la veda vigente, Japón mata cada año
centenares de ejemplares. La carne de estos animales, considerada en Japón
un manjar, se vende en el mercado y hasta sirve para financiar parte de
la propia investigación. Desde la embajada del Japón en
Buenos Aires se repitió el mensaje de siempre: “No queremos
poner a la especie en peligro de extinción y nuestros fines son
científicos”.
Greenpeace, en cambio, sostuvo que Japón quiere “volver a
impulsar la caza industrial de ballenas y está preparando el terreno
para la próxima reunión de la CBI, que se realizará,
precisamente, en ese país”. En su gira por Asia, el presidente
Bill Clinton le pidió al primer ministro de Japón, Yoshiro
Mori, que detenga la cacería de ballenas. Sin embargo, la nueva
flota ballenera japonesa partió ayer desde el puerto de Shimonoseki,
en el sudoeste del país, con el objetivo puesto en la caza.
MAS
AGUA POR DESBORDE DE RIOS
El desastre sigue en alza
La situación en el noreste
de la provincia de Buenos Aires se ha tornado desesperante: a los doce
distritos que permanecen inundados está llegando ahora el caudal
de agua proveniente de las cuencas hídricas de Córdoba,
La Pampa y Santa Fe. El presidente de la Sociedad Rural de General Villegas,
Alejandro Vignale, pronosticó ayer que las pérdidas en cosechas
superarán los 15 millones de pesos, a lo que sumó la improductividad
de los tambos, aislados por el agua.
El intendente de la ciudad de Pehuajó, César Fernando Peña,
señaló que en su distrito “los perjudicados son cerca
de 1700 productores, 780 de ellos con campos de entre 200 y 500 hectáreas,
más otros 440 que tienen hasta 100 hectáreas y que en total
dan trabajo a unas 2000 personas”.
Las autoridades de los municipios afectados temen que la inundación
termine en caos: “Aun cuando no llueva más, vamos a tener
más de un año parado el campo. Y mientras, ¿de qué
vive la gente?”, se preguntó Peña.
Cientos de trabajadores rurales están desocupados. Carlos Rivas,
titular de la intendencia de Carlos Tejedor, señaló que
“necesitaría trabajo para unos 500, pero hasta el momento
(el gobierno de la) Nación nos pudo dar 60 puestos más sobre
los 120 que ya teníamos otorgados”. Mientras tanto, casi 900
alumnos de zonas rurales de la provincia han perdido semanas enteras de
clase, porque sus escuelas están tapadas por el agua.
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