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Por Javier Lorca
 Aunque no lo hicieron frontalmente,
las autoridades del Ministerio de Educación, junto con rectores
universitarios, salieron ayer al cruce de las presiones del establishment
para que se ajuste a la educación superior. El ministro Hugo Juri
calificó de “injustas” a las “alternativas de mercado
que siguen planteando una reducción a las asignaciones presupuestarias”
y dijo que no es posible “sostener el sistema con una reducción
de 700 millones. Eso implicaría que dejen de funcionar las universidades”.
Se refería a una propuesta impulsada por el Consejo Empresario
Argentino y la consultora FIEL. En una conferencia de prensa, Juri admitió
que se está analizando un proyecto de impuesto a los graduados
–como ya informó este diario–, pero desmintió
que esté en un grado avanzado. También anunció un
acuerdo con los rectores para –a tono con el pedido de mayor eficiencia
lanzado por Fernando de la Rúa– fijar criterios objetivos
para distribuir los fondos y aprovechar mejor los recursos mediante un
sistema más integrado.
“(José Luis) Machinea está en medio de una tormenta.
Para los grupos económicos del país, él parece Fidel
Castro. Y esos grupos quieren terminar con la universidad pública.
Por eso salimos a defendernos, a mostrar que nos estamos portando bien,
que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible.” Así explicó
las razones de los anuncios de ayer un rector de la Alianza, en diálogo
con Página/12.
También ayer, el diario La Nación publicó que Educación
estaba por anunciar un impuesto a los graduados universitarios. Juri lo
desmintió y, además, descartó que el Presidente se
haya manifestado a favor de arancelar la educación. “La propuesta
de un impuesto a los graduados está en estudio desde la gestión
anterior (de Juan Llach). Pero es un paper, no está en proceso
de implementación. No está archivado, ni se está
preparando su envío como proyecto al Congreso. Hay muchas propuestas
que se están estudiando para mejorar el financiamiento de la educación
superior.”
Como ya informó Página/12, la idea oficial es desarrollar
un gravamen para los egresados con altos ingresos (que pagan impuesto
a las Ganancias) y, con lo recaudado, aumentar las becas para alumnos
carenciados. “No tiene nada que ver con el arancelamiento”,
aclaró el secretario de Educación Superior, Juan Carlos
Gottifredi. El funcionario agregó que el plan está aún
en etapa de consultas con tributaristas y colegios de graduados “para
analizar si es viable”. A su vez, el ministro insistió en
que no se trataría de “un impuesto sino de un proyecto de
solidaridad intergeneracional, acompañado por el trabajo solidario
de los alumnos”. Entre las demás medidas que se están
analizando para aumentar los recursos figuran, según Juri, “gravar
a los grandes contribuyentes que tienen hijos en las universidades”;
un sistema como el vigente en la Universidad de Córdoba, donde
los alumnos hacen un aporte voluntario; explotar más intensivamente
la venta de servicios a terceros; y otras.
En ese marco, el ministro y los rectores se comprometieron a acordar criterios
objetivos para distribuir el presupuesto. “Las nuevas pautas permitirían
direccionar más fondos a las universidades más eficientes”,
dijo Juri. También se buscarán acuerdos para mejorar la
eficacia de los recursos. Algunos de los objetivos serían “aprovechar
mejor los recursos humanos”, fomentar el desarrollo regional, “descomprimir
a las universidades y jerarquizar a los institutos no universitarios”.
El titular del CIN, Mario Barletta, agregó a la lista la posibilidad
de desarrollar ciclos iniciales comunes entre las carreras de grado de
las universidades y los terciarios, con carreras que, a través
de un sistema de créditos, se puedan empezar en una y continuar
en otra casa de estudios; evitar la superposición de carreras de
grado; articular a las universidades con las escuelas medias de las provincias;
integrar a las instituciones públicas con las privadas; y crear
titulaciones intermedias.
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Cambios en la Ley
Federal
Además de los anuncios sobre educación superior,
el secretario de Educación Básica, Andrés Delich,
informó que, para fin de mes, se producirían reformas
en la normativa de la Ley Federal. “Tenemos una inmensa picadora
de carne, que es la educación media, y esto no ha sido solucionado
por la reforma”, dijo. Su objetivo es evitar “traumatismos
en el paso de un ciclo a otro” y que se pueda mantener “un
sistema homogéneo, sin quiebres, como el que impera en la
ciudad de Buenos Aires”, que no aplicó dicha reforma.
Por otra parte, Marcos Makón, de la Jefatura de Gabinete,
anunció que Educación será eje de una prueba
piloto para reformar los criterios de gestión. Se hará
una “reingeniería”: se revisarán modelos
de contratación de personal y compras. Además, en
Educación Básica se comenzará a trabajar con
programas dirigidos al cumplimiento de resultados determinados.
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CONFLICTO
EN CIENCIAS ECONOMICAS
Echados y recontratados
Por J. L.
La Facultad de Ciencias Económicas
despidió al menos a 33 personas que acataron un paro que, inicialmente,
había convocado la propia universidad. Pero, a una semana de hacerlo,
después de reclamos y protestas, el decano Carlos Degrossi reconsideró
la medida y dio marcha atrás, según le informó ayer
a Página/12.
Para el martes de la semana pasada, el Consejo Interuniversitario Nacional
había organizado un “cierre simbólico” en reclamo
de un mayor presupuesto. Pero el viernes anterior los rectores decidieron
no ratificar la medida, tras de que Educación les garantizara que
no habría recorte. Igual, los gremios de los docentes y no docentes,
que habían adherido a la convocatoria, sostuvieron la medida. En
Económicas, la adhesión fue fuerte. En represalia, el decano
decidió “desafectar con cese de servicios... a todos los pasantes
que incurrieron en inasistencia injustificada”. La medida alcanzó
al menos a 33 estudiantes que cumplían diversas funciones como
contratados, por lo que tampoco tenían derecho a indemnizaciones.
“Vulneraron un derecho básico de los trabajadores, el derecho
a huelga”, reclamó Iván Heyn (TNT), consejero directivo
por la minoría estudiantil. “Lo absurdo –siguió–
es que el paro lo habían organizado los rectores. Y el año
pasado eran ellos y los decanos los que estaban en la calle reclamando.
Por hacer eso, echaron a un montón de gente.”
“Mi obligación es garantizar las condiciones mínimas
para que los que quieran trabajar puedan venir a hacerlo –se explicó
Degrossi–. Y pensé que estas personas no estaban imbuidas
de la responsabilidad que tienen. Después vinieron los pedidos
de reconsideración, incluso nos enteramos de que muchos jefes habían
dicho que no se trabajaba, y decidimos rever la medida.” Aseguró
que todos recuperarán sus puestos.
CONVOCAN
LOS DISIDENTES DE CONADU
Paro activo de los docentes
Los gremios de docentes universitarios
que desconocen a la conducción oficial de Conadu harán un
paro activo hoy y mañana, en rechazo al proyecto de presupuesto
para el 2001.
El líder de este sector, José Luis Molina, apuntó
que los recursos previstos “condenan a la educación, la ciencia
y la tecnología, a la asfixia a perpetuidad y a los miles de trabajadores
docentes e investigadores universitarios y no docentes a la incertidumbre
laboral”. Molina también anunció que, entre el 24 y
25 de noviembre, las asociaciones de base opositoras a la Conadu harán
un congreso en Tucumán para resolver sobre la creación de
una nueva federación nacional de docentes universitarios.
Mientras, la Conadu, que conduce Anahí Fernández, convocó
a un paro nacional activo de 36 horas para el 23 y 24 de este mes “para
enfrentar las políticas económicas y sociales así
como al proyecto de presupuesto 2001”.
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