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Por Miguel Bonasso
 Una investigación exclusiva
de Página/12 logró confirmar lo que era un rumor y un secreto
de Estado: en julio pasado el ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno se
negó a firmar el decreto reservado 569/2000 por el que se asignaron
30 millones de pesos adicionales a la SIDE, y esa fue la causa principal
de su cesantía en el golpe ministerial del 5 de octubre pasado.
Ese día, casualmente, el presidente Fernando de la Rúa le
pidió la renuncia a Terragno y convirtió en público
al decreto que había dictado en julio con carácter de “reservado”.
Este “blanqueo” no es menor, porque los fiscales que investigan
el escándalo del Senado sospechan de esa partida adicional como
dinero “repuesto” a una “caja negra” de la que habrían
salido los sobornos a los senadores.
El episodio, además, desnuda modalidades inquietantes en un gobierno
que ha hecho de la “transparencia” su bandera principal: pese
a la negativa del jefe de Gabinete a otorgar en forma “reservada”
más fondos a la SIDE, la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia aprovechó un viaje de Terragno al extranjero
para “colar” el decreto y hacerlo firmar por el jefe de Gabinete
subrogante, que era el ministro del Interior, Federico Storani. El secretario
legal y técnico Virgilio Loiácono desmintió la negativa
de Terragno y le aconsejó paternalmente al autor de esta nota que
no investigara historias viejas. Cuando Página/12 le señaló
que había 30 millones de dólares en oscura danza, su respuesta
fue antológica: “¿Y qué son 30 palos en el Estado?
Mierda”.
El banquero pide plata
En enero de este año el banquero Fernando de Santibañes
le advirtió a su amigo, el presidente Fernando de la Rúa,
que no podía hacerse cargo de la Secretaría de Inteligencia
del Estado si no le sumaban 50 millones de pesos a los 138.331.921 pesos
que le había otorgado la Ley de Presupuesto. De la Rúa lo
derivó al jefe de Gabinete que es quien, por mandato del Congreso,
debe autorizar las reasignaciones presupuestarias.
Hubo entonces un encuentro cordial entre estos dos personajes tan disímiles:
el ex empleado del Banco Central que saltó rápidamente a
la condición de banquero y el filoso comentarista de los setenta
y los ochenta, devenido dirigente de la UCR y cofundador de la Alianza.
De Santibañes alegó que necesitaba urgentemente los 50 millones
“para poder pagar los sueldos”. La reasignación, propuso,
debería hacerse mediante un decreto “reservado”. Los
decretos reservados conservan la misma numeración correlativa de
los públicos, pero no se publican en el Boletín Oficial.
Allegados a Terragno sostienen que el jefe de Gabinete, por historia y
formación, no debía sentirse muy inclinado a entregarle
esa suma a la SIDE, sin un sistema de control adecuado y menos a partir
de un decreto que no se publicaría en el Boletín Oficial.
Como diputado opositor había criticado las “cajas negras”
de la anterior administración y presentado un proyecto para controlar
los gastos y las operaciones mismas de la central de espías. Pensaba
en un sistema de “publicidad diferida” (en realidad debería
ser “difusión diferida”) que permitiera conocer a futuro
las acciones y los gastos de la misteriosa Secretaría.
De todos modos, aceptó el reclamo del banquero aunque acotándolo:
le propuso elaborar un nuevo régimen de control, que incluyera
la “publicidad diferida” y una auditoría restringida
y secreta, pero rigurosa, sobre los gastos reservados. Era comprensible
que el Estado no diera a publicidad la inminencia de una operación
(contra el terrorismo o el narcotráfico, por ejemplo), para no
frustrarla, pero había que acabar con la SIDE de la era Carlos
Menem-Hugo Anzorreguy, que llegó a manejar con total discrecionalidad
una caja de 300 millones de dólares. De Santibañes estuvode
acuerdo y quedaron en que Terragno le mandaría un borrador con
la propuesta.
El jefe de Gabinete envió el proyecto y De Santibañes estuvo
de acuerdo de manera verbal. Sólo expresó su diferencia
en un punto: Terragno proponía un plazo de cinco años para
que pudieran hacerse públicas las acciones de la Secretaría
(la “publicidad diferida”) y el jefe de la SIDE sostuvo que
los plazos debían ser flexibles. Cinco años podía
ser mucho o poco, dependiendo del secreto de Estado que se debiera amparar.
Con su conocida admiración por los norteamericanos, el banquero
sugería un sistema de “desclasificación” con períodos
variables. El jefe de Gabinete, por su parte, admitió que los plazos
para la difusión diferida podían variar, pero dejó
claro que nunca podrían ser tan prolongados como las “desclasificaciones”
de documentos secretos que se realizan en Estados Unidos, país
que ha participado en dos guerras mundiales, no deja de guerrear y es
la única superpotencia del orbe.
El intercambio fue informal, porque De Santibañes nunca le respondió
de manera oficial al funcionario que, por ley del Congreso, debe autorizar
la reasignación de las partidas presupuestarias. En cambio, se
apresuró a enviar una nota al secretario de Hacienda, Mario Vicens,
solicitando un “refuerzo de crédito en la partida ‘Gastos
en Personal’ (Otros Gastos en Personal) de $ 50.827.804 para el ejercicio
en curso, de acuerdo con lo conversado oportunamente con el Jefe de Gabinetes
(sic) de Ministros Dr.Rodolfo Héctor Terragno”.
En esa nota, fechada el 24 de enero de este año, fundamenta su
pedido “en la necesidad de afrontar indispensables gastos en personal”.
Un dato a tener en cuenta, porque no es lo que dirá luego el decreto
reservado 569/2000. En la nota a Vicens, el Señor Cinco también
solicita que el refuerzo presupuestario “sea efectuado mediante decreto
de carácter reservado por tratarse de erogaciones comprendidas
en la ley “S” (secreta) 19.373”.
Las leyes de los pretores
La Secretaría de Inteligencia del Estado se rige por decretos
y decretos-leyes, promulgados durante los diversos regímenes dictatoriales
que asolaron al país en el último medio siglo: empezando
por el que presidió el general Pedro Eugenio Aramburu, quien firmó
el decreto secreto 5315/56 del que derivaron otros en la autodenominada
“Revolución Argentina”, tanto en la etapa preconciliar
del general Juan Carlos Onganía, como en la “aperturista”
del general Alejandro Agustín Lanusse (“ley” 20.105 promulgada
por la Junta Militar de acuerdo con el “Estatuto de la Revolución
Argentina” y decreto secreto 1792/73). Los legisladores de la democracia
han mantenido esa normativa para preservar la famosa “continuidad
jurídica” del Estado, a pesar de que fueron medidas dictadas
en tiempos de pretores y destinadas, centralmente, a la persecución
ideológica.
En esas normas se basó el banquero amigo del Presidente, para solicitar
que los 50 millones se los dieran por decreto “reservado”, a
lo que se oponía claramente Terragno, por varias razones: no era
necesario que el Presidente se comprometiera cuando bastaba una decisión
administrativa que podía adoptar el jefe de Gabinete; la reasignación
presupuestaria estaba referida a la Ley de Presupuesto más que
a la SIDE misma y, finalmente, ¿por qué debía ser
“reservada” una solicitud vinculada, de manera genérica,
a “gastos de personal”?
Por qué razón De la Rúa quiso que saliera por decreto
y ese decreto fuera “reservado” es una incógnita que
aún no ha podido ser develada.
Historia secreta de un decreto
reservado
El pedido de De Santibañes tuvo que esperar unos meses. La reasignación
presupuestaria para la SIDE estuvo a punto de integrar un decreto-ómnibus
de “necesidad y urgencia” (N y U en la jerga de palacio) que
redistribuía partidas a varias dependencias estatales a la vez.
Se trata del (expediente o protodecreto) “provisorio” N 515/2000,
que fue publicado en el Boletín Oficial con el número 487/2000.
Pero la partida para la SIDE no se incluyó, finalmente, en el decreto-ómnibus.
Debía ir en un decreto aparte, para que ese decreto –precisamente–
fuera “reservado”. Así nació el “provisorio”
548/2000, que sería luego el “reservado” número
569/2000 y más tarde, el 5 de octubre, el “público”
N 881.
En junio De Santibañes logró que el Presidente y su ministro
de Economía, José Luis Machinea, dieran luz verde a la reasignación.
Que fue recortada a 30 millones de pesos a ser compensados en el Presupuesto
con una reducción por igual monto en las arcas de Economía.
Es curioso: mientras los medios enfatizaban el conflicto De SantibañesMachinea,
el ministro de Economía que había protagonizado drásticos
ajustes le daba una mano a su antiguo compañero de tareas en el
Banco Central de la dictadura. Más curioso aún es que hubiera
cambiado el fundamento del pedido, que ya no aparecía vinculado
a “gastos de personal” sino a la necesidad de “atender
compromisos contraídos por el Estado nacional”, como lo dice
textualmente un memorando dirigido al subsecretario de Presupuesto por
el licenciado Alberto Feo, a cargo en esos días de la Dirección
de la Oficina Nacional de Presupuesto.
A comienzos de junio, esa Oficina informó a la Dirección
de Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia que el provisorio 548 “se adecua a las normas técnicas
vigentes”. En un memo de la directora de asesoría técnica
de esta última dependencia, Claudia Graciela Reston, dirigida a
la Dirección de Despacho y Decretos, se dictamina: 1) que el nivel
jurídico del proyecto “es el adecuado”, “aunque
no obra el correspondiente requerimiento de un funcionario de rango no
inferior a subsecretario que justifique asignar a la medida el carácter
de ‘reservado’, atento a que la partida que se afecta en la
SIDE (1.1.5.) Otros Gastos en Personal no reviste el referido carácter”.
La funcionaria deja constancia de que “la presente medida deberá
dictarse con posterioridad al dictado del decreto de N y U que tramita
por provisorio 515/00”. Con total corrección, Claudia Reston
sugiere: “Correspondería dar intervención a la Subsecretaría
de Recaudación y Ejecución Presupuestaria de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y recabarse el refrendo del Sr. jefe de Gabinete
de Ministros”. Lo mismo dice su jefe, Loiácono, en otro memo
oficial donde, sin embargo, recuerda que –según el artículo
26 de la ley 25.237– “las facultades otorgadas por la presente
ley al jefe del Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el
Poder Ejecutivo nacional (el Presidente), en su carácter de responsable
político de la administración general del país”.
¿Un recaudo por si Terragno se resistía a firmar?
A partir de allí el procedimiento se acelera: el 20 de junio la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Legal y Técnica
se dirige al doctor Virgilio Loiácono, que entonces era subsecretario
de Asuntos Legales, informándole que la medida “se adecua
a las normas técnicas vigentes”. El 21, María Elena
Machinea (prima del ministro) y subsecretaria técnica le remite
el provisorio 548 a una de las segundas de Terragno, Marta Barros de Canosa,
a cargo de la Subsecretaría de Recaudación y Ejecución
Presupuestaria. La funcionaria, a su vez, da traslado a su colega Ricardo
Entelman, subsecretario de Relaciones Institucionales, quien lo eleva
al coordinador general J. Raúl Palacio y éste informa finalmente
al jefe de Gabinete, mediante el memorándum SCG No. 416/00 del
28 de junio.
El decreto que Terragno
no firmó
Por una curiosa orgánica del Ejecutivo, el jefe de Gabinete carecía
de una estructura jurídica de apoyo. Su oficina jurídica
era la misma del Presidente: la Subsecretaría Legal y Técnica.
A cargo provisoriamente de su actual titular, Virgilio Loiácono,
un viejo dirigente radical “de la 20” (Recoleta), estrechamente
vinculado a Fernando de la Rúa. Según lo reveló en
este diario Susana Viau, Loiácono trabajó en esta misma
dependencia presidencial entre 1976 y 1978, los años más
duros de la última dictadura militar. Lo hizo a las órdenes
de su correligionario Ricardo Yofre, que a su vez dependía del
general José Villareal. El funcionario, como es obvio, está
mucho más inclinado a responder a los pedidos del amigo del Presidente
que a los de un jefe de Gabinete al que De la Rúa quería
ir esmerilando. Pero a Terragno no le hacía falta asesoramiento
jurídico en este caso. Cuando leyó en el memo de la subsecretaria
Barros que el decreto iba a ser “reservado”, simplemente se
negó a firmar.
Pocos días después emprendió una gira por el exterior,
que estaba programada desde mucho tiempo atrás. Entonces, aprovechando
esa ausencia, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
“coló” el decreto con otras medidas en trámite
y lo llevó a la firma del ministro del Interior, Federico Storani,
que subrogaba a Terragno como jefe del Gabinete de Ministros. Ante los
ojos del ministro subrogante había un texto, con el estratégico
“gancho” de José Luis Machinea y este curioso considerando:
“Que resulta necesario modificar la distribución de los créditos
vigentes del Presupuesto de la Administración Nacional, a fin de
atender compromisos contraídos por el Estado nacional”. En
la parte resolutiva dice: “artículo 1: Modifícase la
distribución del Presupuesto de la Administración Nacional
para el ejercicio 2000, de acuerdo al detalle obrante en planillas anexas
al presente artículo, que forman parte integrante del mismo”.
Ni una simple mención de la SIDE ni de su carácter “reservado”.
Sólo una omisión en el artículo de forma: la omisión
de la palabra “publíquese”.
En la planilla adjunta se dice que los fondos están afectados a
08 (SIDE) y al programa 16, Información e Inteligencia. Storani
firmó. Fue el 14 de julio. Un día antes Terragno se entrevistaba
en Madrid con el presidente español José María Aznar
para tratar el delicado tema de Aerolíneas Argentinas.
Cuando regresó a Buenos Aires se encontró con la novedad
del decreto. Para ese entonces el escándalo del Senado crecía
en intensidad y muchos comenzaban a decir en voz alta que si había
sobornados debía haber sobornadores.
Storani, Terragno y Alvarez compartían en aquel momento la preocupación
por el tema Senado, provocando el disgusto del Presidente que le temía
a la profecía cumplida. En ese marco el decreto reservado aparecía
como un posible potenciador del escándalo. Se mantuvo entonces
en una oscuridad sólo penetrada por algunos dirigentes de la Alianza,
hasta que ingresó en la causa del Senado, que lleva el juez Carlos
Liporaci, cuando el abogado Carlos Iglesias denunció que un anónimo
hablaba de un decreto secreto para “estímulos legislativos”.
El tema pasó por los medios pero no se quedó porque a muchos
observadores les resultó insustancial. Tampoco les pareció
trascendente a los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado hasta que
la declaración de María Elena Machinea lo metió –esta
vez de manera oficial– en el expediente.
El 26 de setiembre, la Subsecretaria Técnica reveló ante
Liporaci la existencia del decreto reservado, que asignaba 30 millones
adicionales a la SIDE para “gastos de personal” y no para “compromisos
contraídos por el Estado nacional” como dice el considerando.
Ante una pregunta respondió que no lo había firmado el jefe
de Gabinete “ya que estaba fuera delpaís”. Pero la decisiva
revelación quedó sumergida en el secreto del sumario.
El decreto se blanquea
La primera vez que este cronista escuchó hablar del decreto y
la negativa de Terragno a firmarlo fue en agosto, en un asado al que asistieron
dos legisladores de la Alianza. Y desde entonces no cesó de buscar
la historia secreta que ahora se cuenta. Por eso se sintió molesto
y decepcionado, cuando se enfrentó con Virgilio Loiácono,
un hombre de estatura mediana, morrudo, de maneras cancheras y paternalistas
que le dijo: “Pero viejo, todo eso ya se sabe, es historia antigua”
y le mandó pedir a María Elena Machinea el texto del decreto
reservado y el del que lo hizo público. Una manera contundente
de ratificar que era algo transparente, conocido y viejo. Salvo que equivocó
la cronología. Cuando Página/12 le preguntó por qué
había salido como “reservado” dio esta explicación:
“Pero mire la fecha: en ese momento se anunciaba la reducción
de sueldos, ¿cómo íbamos a decir que le dábamos
30 millones más a la SIDE?”. (El ajuste, como se sabe, fue
en mayo y no en julio, pero su razonamiento no deja de ser inquietante:
¿era correcto darle 30 millones más a la SIDE cuando se
le quitaba un diez por ciento a los empleados estatales?) Cuando se le
indicó que esa cifra era lo suficientemente grande como para transparentarla,
comentó: “Para una empresita es mucha plata; acá, visto
desde el Estado, es una mierda”. Con igual displicencia, negó
rotundamente que el jefe de Gabinete no hubiera querido firmar el decreto.
“¿Cómo que no lo quiso firmar? Si no lo hubiera querido
firmar se hubiera ido”. Pero su argumento fundamental era ese decreto
881 que tornó público al “reservado” 569, basándose
en el siguiente considerando: “que los hechos de dominio público
han demostrado un claro interés en conocer las decisiones adoptadas
respecto de los créditos presupuestarios asignados a la Secretaría
de Inteligencia del Estado”.
A Loiácono se le pasaron por alto el detalle de la fecha: 5 de
octubre. (Que debería recordar bien, porque ese día ascendió
a titular de la Legal y Técnica). Ese día, Fernando de la
Rúa llevó a cabo el espectacular cambio de gabinete que
concluyó con la renuncia de Chacho Alvarez. Ese día, también,
le pidió la renuncia a Terragno, lo que tornaba imperativo el blanqueo
del “reservado”: si, por despecho, el renunciado exhumaba ante
los medios la tortuosa historia, había que taparle la boca con
el decreto que se volvió público. (El 881 –curiosamente–
no está firmado ni por Terragno ni por el sucesor, Chrystian Colombo).
El 5 de octubre, por último, el Presidente envió a otro
ministro cesante, el de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, a cumplir una ingrata
tarea en el juzgado de Liporaci. Pero esa ya es otra historia.
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