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Por Raúl
Kollmann e Irina Hauser
 El dinero negro acumulado este
año por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
no se agota en la cuenta clandestina de 22 millones de dólares
que ya denunció la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Ahora la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando
(Ufitco) está analizando otra cuenta bancaria secreta que el organismo
ocultó y que tuvo un movimiento de 10 millones de pesos durante
el primer semestre, mientras estuvo a cargo del área el banquero
Fernando de Santibañes. El abogado del caso de los ex espías
despedidos en febrero denunciará esta semana ante la Justicia que
los más de 30 millones que la SIDE escondió habrían
sido parte de un refuerzo presupuestario que recibió para afrontar
las indemnizaciones que en realidad nunca pagó. Y que, contra las
normas, la central estatal de inteligencia logra manejar dinero fuera
de todo control poniendo sus bienes a nombre de sociedades privadas.
La cuenta recientemente descubierta está en el Banco HSBC (ex Banco
Roberts) y es la número 0590-02815-2, según pudo establecer
Página/12. Su lazo con la Secretaría de Inteligencia es
claro: está a nombre del Instituto de Investigaciones Sociales
SRL (IDIS), que tiene su sede en Avenida de Mayo 1370, piso 6º, oficina
133, ex propiedad de la agencia oficial de Noticias Saporiti y ahora patrimonio
de la firma fantasma Tiumayu SA, que figura como titular de más
de una decena de inmuebles de la SIDE. Tiumayu tiene su domicilio legal
en Reconquista 672, la misma dirección donde funciona el estudio
jurídico Archimbal, Bissoni, Carcavallo, Vila & Asociados.
En mayo le fueron transferidos los activos de Osgra SRL, otra firma virtual
que tuvo la titularidad de la mayoría de los inmuebles del organismo
de inteligencia (ver aparte).
El primer informe sobre las estrategias de la SIDE para esconder sus millones
lo realizó la SIGEN a mediados del mes pasado, en base a un pedido
de la Oficina Anticorrupción (OA). El documento revelaba que la
SIDE había declarado gastos que nunca hizo. En una cuenta del Banco
Nación, consignó el organismo de control interno del Estado,
había 22.283.052 millones guardados.
Aquella revelación terminó desencadenando la renuncia de
De Santibañes y dejó al descubierto que la central de los
espías cuenta con una masa de dinero disponible para hacer operaciones
libremente, sin fiscalización alguna. No es un dato menor para
la Justicia, que contempla la posibilidad de que el dinero para las supuestas
coimas a senadores para votar la reforma laboral haya salido de la SIDE
durante la gestión del banquero.
La Ufitco dio con los depósitos de 10 millones en el banco HSBC
a partir de una denuncia anónima que, hasta el momento y según
las verificaciones realizadas por los investigadores, demostró
acercarse bastante a la realidad. La cuenta está a nombre del IDIS
SRL (CUIT número 3357389424-9) y la persona autorizada a firmar
por las operaciones bancarias es Fernando Coghlan (libreta de enrolamiento
4.449.523).
Todos estos datos están también en conocimiento de la SIGEN,
repartición a cargo de Rafael Bielsa, que en octubre apuntó
a señalar una posible malversación de fondos por parte del
principal organismo de espionaje civil. El asunto tiene tres patas:
 La SIDE dio sólo información
parcial sobre sus cuentas públicas cuando se lo solicitó
el juez Liporaci.
Hizo pasar por ya gastada una
suma millonaria que tenía almacenada para fines desconocidos.
Tiene y tuvo cuentas a nombre
de sociedades privadas (anónimas y de responsabilidad limitada),
algo ilegal para los organismos del Estado.
A raíz del estado público que tomó la información
sobre la primera cuenta detectada, De Santibañes demandó
a Bielsa en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral por supuesta violación
de secreto. Pero el síndico replicó en una presentación
espontánea que “ninguno de los datos en los que se basó
el informe era secreto: ellos fueron obtenidos en su totalidad de organismos
oficiales. Tampoco existe secreto sobre la existencia de una cuenta bancaria
porque el concepto de ‘secreto’ cubre cierto destino del gasto
exclusivamente”. Indicaba inclusive que dos veces le pidió
al Poder Ejecutivo que levantara la confidencialidad sobre los documentos
y cuentas internas que sí están a resguardo por ley, pero
ante la negativa se limitó a analizar “la información
disponible y de carácter público, actuando en el marco de
la Ley de Administración Financiera”.
La suma de los montos de las dos cuentas coincide con la cifra de alrededor
de 30 millones que habría solicitado De Santibañes en febrero
para saldar las indemnizaciones de los más de 1000 empleados despedidos.
El abogado José Manuel Ubeira, que interviene en el caso, denunciará
esta semana que el dinero no fue utilizado para los fines para los que
fue solicitado y que, por ende, puede haber sido acumulado en cuentas
secretas. Según explicó a este diario, también señalará
que la SIDE pudo lograr esa maniobra gracias a la costumbre de poner sus
propiedades a nombre de sociedades privadas, algo que está prohibido
(ver aparte). “La SIDE violó el principio la división
entre bienes públicos y privados, no puede tener bienes a nombre
de una sociedad anónima o una SRL, eso viola el orden constitucional”,
dijo Ubeira. En la presentación que hará ante la Justicia
Federal denunciará no sólo a De Santibañes sino a
Hugo Anzorreguy y al resto de los jefes de la SIDE de los últimos
20 años por incumplimiento de sus deberes como funcionarios y por
fraude al Estado.
Mientras tanto, los investigadores que siguen el tema desde distintos
organismos de control estiman que el dinero negro manejado por la SIDE
en lo que va de este año podría superar por lejos los 30
millones registrados hasta ahora. Por ejemplo, la SIDE dice que pagó
8 millones de pesos en masa salarial. Sin embargo, algunas pericias indican
que la cifra real de salarios sería apenas la mitad.
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Problemas con testaferros
Recién después de echar a más de 1000 agentes,
Fernando de Santibañes advirtió que tener propiedades
a nombre de sociedades privadas no siempre redundaba en ventajas
para la SIDE. José Daniel Salinardi, uno de los despedidos,
figuraba como titular de Osgra, una firma virtual que tenía
a su nombre la mayoría de los inmuebles del órgano
de inteligencia. Salinardi había sido jefe de contrataciones
de la SIDE hasta febrero de este año y desde 1982 aparecía
como socio y apoderado de Osgra. En la secretaría se habían
olvidado de ese detalle. Cuando se dieron cuenta, cuentan los espías,
le pidieron varias veces que firmara el traspaso de los bienes,
pero Salinardi se hacía el distraído. Paralelamente,
en un juzgado de la provincia de Buenos Aires avanzaba una demanda
por fraude contra Salinardi radicada por su propia ex esposa, Mónica
Rodríguez. La jueza Gladys Zaldúa hizo lugar a la
demanda y llegó a embargar propiedades de la central de espías.
Por su parte, la SIDE demandó a Salinardi ante la jueza María
Romilda Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli. Llegó
a estar detenido, acusado de asociación ilícita junto
a su ex mujer, el también ex agente de inteligencia Mario
Márquez y la abogada Daniela Arias.
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Con el nombre cambiado
En la presentación que hará esta semana ante la
Justicia, el abogado José Manuel Ubeira denunciará
que la SIDE manejaría fondos y bienes sin control, y que
viola normas al tener propiedades a nombre de sociedadesprivadas.
“La SIDE –explicó el letrado– utilizaba a
algunos de sus empleados como integrantes de una SRL a los efectos
de encubrir bienes del Estado. Ellos dicen que esos bienes figuraban
en una sociedad de esas características a los fines de encubrir
las actividades de inteligencia. Sin embargo, existe una ley vigente
desde 1978 que es la de la Escribanía General de Gobierno,
que permite a los organismos no anotar los bienes del Estado en
el Registro Público de la Propiedad, lo que le permitía
a la secretaría tener los mismos bienes sin acudir a ninguna
sociedad privada.” Según Ubeira, cuando la SIDE denunció
a los ex agentes que eran titulares de una de las firmas fantasma
propietarias de inmuebles y a la abogada Daniela Arias lo hizo “para
protegerse de una investigación sobre sus bienes”. “Queremos
que la SIDE dé una explicación ante la Justicia Federal.
El Estado no puede tener bienes encubiertos; todo indica que el
dinero pactado para las indemnizaciones, que hasta ahora no se pagaron,
fue canalizado por esos mecanismos.”
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