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Por Diego Schurman
 La Sindicatura General de la
Nación constató “deficiencias del sistema de control
interno” en la Administración de Programas Especiales, el
organismo encargado de la entrega de subsidios a las obras sociales sindicales.
La SIGEN llegó a esa conclusión preliminar a través
de una auditoría que se viene realizando sobre esa dependencia
del Ministerio de Salud, que maneja 117 millones de pesos anuales. El
dato no es menor: la Justicia considera a la APE como uno de los lugares
por donde podría haber surgido el dinero para los presuntos sobornos
en el Senado.
La Sindicatura dará a conocer en un mes el informe final con los
resultados de la auditoría de movimientos de fondos iniciada a
mediados de octubre y que en estos días se encuentra en su punto
culminante. De todos modos, Página/12 pudo saber que entre los
“aspectos críticos” del informe figurarán dos
que son recurrentes:
 Las “notorias” demoras
en la rendición de fondos de parte de las obras sociales que reciben
los subsidios.
La “desidia” de las
autoridades de la APE que no reclaman la rendición de esos fondos.
Un documento de la SIGEN conocido en abril, denominado “Informe Ambiente
Control”, pone al descubierto que esas deficiencias se arrastran
prácticamente desde la creación del organismo, en 1998.
Uno de los puntos más llamativos es el que analiza el otorgamiento
de reintegros a obras sociales por tratamientos de alta complejidad como
sida, estudios computarizados, prótesis y trasplantes. Concretamente,
advierte sobre la habilitación de fondos “sin que estén
dados los requisitos necesarios, o bien sin contar con todos los elementos
de juicio que den sustento a la decisión adoptada”.
La APE destina alrededor de 114 millones de pesos al pago de subsidios
–entre reintegros y ayuda a obras deficitarias– y sólo
3 millones a gastos administrativos, con lo cual las auditorías
se vuelven aún más complejas. La APE recibe su presupuesto
del Fondo Solidario de Redistribución, que concentra el 10 por
ciento de la recaudación de las obras sociales sindicales, lo que
representa en total unos 360 millones de pesos. La nueva auditoría
que viene realizando el equipo de trabajo de Rafael Bielsa –y que
incluyó un encuentro entre los síndicos de Salud y el gerente
general de la APE, el radical Andrés Berduc– abarca los movimientos
de fondos realizados entre el 1º de enero hasta el 30 de setiembre,
fecha de cierre anticipado dispuesto para este año por la Contaduría
General de la Nación.
Fue justamente dentro de ese período cuando la APE ganó
espacio en los medios al conocerse que el juez Carlos Liporaci la incluyó
dentro de los hipotéticos lugares de donde pudo haber surgido el
dinero para pagar las presuntas coimas en el Congreso. A pesar de que
el ministro de Salud, Héctor Lombardo, y el superintendente de
Servicios de Salud, Rubén Cano, negaron abiertamente esa posibilidad,
la Justicia nunca la desechó. Es más, el juez aún
quiere saber por qué se destinaron 17 millones de pesos a un puñado
de obras sociales sindicales en vísperas de la aprobación
de la reforma laboral, cuando en meses anteriores ese monto siempre osciló
entre 5 y 10 millones. Fuentes de la Sigen aseguraron a Página/12
que “la auditoría no se originó como consecuencia del
escándalo del Senado sino para evaluar factores de riesgo”.
En buen romance: que se trata de un trabajo de rutina.
Efectivamente, la Sindicatura nunca recibió un pedido de la Oficina
Anticorrupción para auditar la APE. Por las sospechas de sobornos
en el Congreso, únicamente le pidieron trabajar sobre la SIDE,
el Ministerio de Defensa, la Policía Federal, la Lotería
Nacional y el Banco Nación.
Sin embargo, no se descarta que las conclusiones finales de la auditoría
a la APE se conviertan para los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado
en un nuevo elemento de sospecha sobre el Ministerio de Salud y los dirigentes
gremiales beneficiados con las partidas, la mayoría perteneciente
a la CGT oficial. Curiosamente, la APE acaba de incorporar como asesor
ad honorem al menemista Vicente Mastrocola, el sindicalista plástico
atosigado por la crisis financiera de su obra social (ver aparte).
Aún si las “deficiencias de control interno” constatadas
por la SIGEN no tuvieran relación alguna con las presuntas coimas
en el Senado, son de por sí un alerta rojo para un organismo dedicado
exclusivamente a manejar sumas siderales de dinero.
| ¿Qué
es la APE?
La Administración de Programas Especiales (APE) fue creada
como organismo descentralizado de la administración pública
el 15 de enero de 1998, durante la gestión de Carlos Menem.
Pertenece a la jurisdicción del Ministerio de Salud y tiene
un régimen de autarquía administrativa, económica
y financiera. Se financia con los recursos del Fondo Solidario de
Redistribución y otra fuentes alternativas de financiamiento.
El actual gerente general es el radical Andrés Berduc, quien
en febrero reemplazó en el manejo del dinero del organismo
al menemista Carlos “El Gato” Lapadula. Es ahora Berduc
el responsable de elaborar y diseñar normas de otorgamiento
de subsidios y controlar que éstas se cumplan, un ítem
que según la auditoría de la Sindicatura General de
la Nación no se estaría cumpliendo.
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Ci vediamo dopo
En la última semana Página/12 intentó comunicarse
con el máximo responsable de la Administración de
Programas Especiales, el ministro de Salud Héctor Lombardo,
para conversar sobre la auditoría llevada adelante por la
Sindicatura General de la Nación. Pero voceros de la cartera
informaron que el funcionario se encontraba de viaje en Italia participando
de un congreso médico.
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Un visitante ilustre
Por D.S.
La buena relación entre el ministro de Salud, Héctor
Lombardo, y la CGT menemista no es novedosa. Privilegia a este sector
en las negociaciones por la desregulación del sistema de
obras sociales y es con un encumbrado sindicalista menemista, como
Luis Barrionuevo, con quien mantiene un trato especial, quizás
influenciado por un amigo en común: Enrique “Coti”
Nosiglia. Seguramente por eso no sorprenden las visitas permanentes
que el dirigente plástico Vicente Mastrocola realiza a esa
cartera y mucho menos que a este reconocido admirador de Carlos
Menem lo hayan premiado con una asesoría ad honorem de la
Administración de Programas Especiales.
Mastrocola integra el Movimiento Obrero con Propuesta (MOP), una
hipermenemista línea interna de la CGT oficial donde abundan
los trajes cruzados y el perfume francés. Es, al fin, titular
de un gremio que alguna vez condujo a otro dirigente a la fama,
aunque más por su amor a los “burros” y a las comidas
del Jockey Club que por su actividad sindical: el ex funcionario
menemista Jorge Triaca.
Lo curioso es que Mastrocola haya sido convocado para asesorar a
un organismo que maneja el dinero de las obras sociales cuando la
suya se encuentra en concurso preventivo. Es decir, a un paso de
la quiebra. El sindicalista planteó la situación ante
el Juzgado en lo Comercial 19, Secretaría 38 de la Capital
Federal. Se habla de un desfasaje de 4 millones de pesos y juicios
en contra llevados adelante por diversas clínicas por deudas
impagas. La presentación en quiebra del grupo de salud IMG,
que estaba asociado a los plásticos, habría sido la
gota que rebalsó el vaso.
Fuentes de la cartera de Salud aseguraron que Mastrocola, en su
papel de asesor, sugirió en los últimos días
los montos para que el APE repartiera en los próximos meses
entre distintas obras sociales: 550 mil para la de gastronómicos,
de Barrionuevo, 300 mil para la de la carne, 300 para la del correo,
y también 300 mil para la propia, o sea, la del plástico.
Habrá que ver si le hacen caso.
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