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En los años
70, cuando en nuestra sociedad reinaban dictaduras militares, los
profesores de Educación Democrática, Instrucción
Cívica o ERSA repetían, para explicar la democracia,
una definición del norteamericano Franklin Delano Roosevelt:
“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo”. Los funcionarios de este gobierno quizá
recuerdan aquella definición de Roosevelt y por eso dicen
que no van a hacer nada con la protesta de los presos por el asalto
al cuartel de La Tablada. “A la gente no le interesa”
afirman. En estos tiempos claro, la palabra “gente” reemplaza
a la universal “pueblo”. Un observador externo que repare
en las definiciones oficiales podría concluir que este gobierno
es fiel intérprete de la voluntad de las mayorías.
Sin embargo no hay ningún testimonio que muestre apoyo popular
a medidas como el recorte del 12 por ciento a los sueldos estatales,
o el reciente intento de terminar con la jubilación estatal
a manos de las AFJP. Los presos de La Tablada no reclaman leyes
de privilegio como “las de obediencia debida o punto final”,
tampoco piden indultos como los que recibieron los genocidas militares.
Simplemente exigen que el Gobierno respete tratados internacionales
que fueron incorporados a la reformada Constitución nacional.
La misma que nació al calor del Pacto de Olivos y que permitió
la reelección de Carlos Menem. El gobierno de Fernando de
la Rúa se autoproclama “republicano” y por eso
no decide nada, delega el caso en el Congreso. Los legisladores,
se sabe, tienen otras preocupaciones: los senadores sueñan
con una contraofensiva que honorabilice el cuerpo parlamentario
y tal vez pronto puedan constituirle un monumento al salteño
Emilio Cantarero; y los diputados no logran siquiera sentar sus
traseros en las bancas. Hecho que igualmente no los eximirá
de futuras responsabilidades. Mientras tanto el Gobierno reafirma
su apego a la ley.
No hay ningún código, ni ley que contemple la figura
de “estafa electoral”. La existencia de una cantidad de
promesas incumplidas tal vez explique la sensación social
de abatimiento y tristeza que inunda a muchos argentinos. Si no
fuera porque todo corre peligro, las defraudaciones electorales
podrían simpáticamente ingresar a la galería
de la viveza criolla. No hace falta que un ayunante de La Tablada
muera para saber que el autoritarismo está regresando a escena.
El gobierno de De la Rúa, elegido hace doce meses, es indiscutiblemente
un gobierno “del” pueblo. Que gobierne “por”
el pueblo está en discusión. Ahora pocas dudas caben
“para” quién gobierna. Lo hace para grupos concentrados
del capital financiero, denominados genéricamente “los
mercados”. Para la City o las administradoras de fondos de
inversión la protesta de los presos de La Tablada es tan
extraña como lejana. En este tema el Gobierno no mostró
sus nervios y al no atender sus reclamos permitió que los
ayunantes transiten la delgada línea que separa la vida de
la muerte y es sabido que cuando un hombre muere todo corre peligro.
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