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Por
Victoria Ginzberg
 Hoy
se sabrá si el ex agente de la Dirección Nacional de Inteligencia
chilena (DINA) Enrique Lautaro Arancibia Clavel es condenado o absuelto
por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa, Sofía
Cuthbert. Será la primera sentencia dictada por un tribunal argentino
acerca de un crimen cometido por la dictadura de Augusto Pinochet. La
semana pasada el acusado escuchó cómo el representante de
la familia Prats, el del Estado chileno y la fiscalía pidieron
su reclusión perpetua. Después de 26 años, las tres
hijas del ex general del Ejército trasandino esperan empezar a
obtener justicia.
Los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 6 José Valentín
Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Horacio Alberto
Vaccare, deben expedirse sobre los dos cargos por los que está
acusado el ex agente de la policía secreta pinochetista: doble
homicidio y asociación ilícita.
Los memos secretos secuestrados en la casa del agente de inteligencia
en 1978, cuando fue arrestado por espionaje, son una prueba irrefutable
de la pertenencia del acusado al departamento exterior de la DINA. Si
los jueces consideran que, aunque fue un organismo “estatal”,
la policía secreta pinochetista fue una asociación ilícita
destinada a cometer delitos, la culpabilidad de Arancibia Clavel en uno
de los cargos está prácticamente asegurada. Pero hay algo
que puede truncar este análisis. La defensa, encabezada por el
abogado Eduardo Gerome, planteó que esos papeles habían
sido utilizados para dictar la prisión preventiva de Arancibia
Clavel en 1978 y que, por lo tanto, tenerlos en cuenta en esta causa vulneraría
el principio de “cosa juzgada”. Si los magistrados aceptan este
razonamiento, las querellas podrían tener problemas, pero tanto
Guillermo Jorge -representante de las hijas del general Prats junto a
Luis Moreno Ocampo–, como Alejandro Carrió –abogado del
Estado chileno– minimizaron los alcances del argumento.
“En este caso se está juzgando otro delito, por lo que no
es pertinente plantear que exista cosa juzgada. Los memos usados en 1978
fueron los relacionados con la revelación de secretos militares
y ahora se utilizaron los que demuestran que estaba involucrado en secuestros
de ciudadanos chilenos en Argentina, en el uso de documentos falsos y
otros delitos”, explicaron con palabras casi iguales Carrió
y Jorge. En ese caso, el tribunal deberá discriminar, entre los
cientos de documentos que tiene en su poder, los que ya fueron citados
en la causa por espionaje (en la que Arancibia Clavel fue indultado en
1981).
Si bien a lo largo de las audiencias, que comenzaron el 9 de octubre,
quedó comprobada la vinculación entre el acusado y la DINA,
los memos secretos de Arancibia Clavel incluidos en este proceso tienen
fechas posterior al asesinato de Prats, realizado el 30 de setiembre de
1974 en el barrio de Palermo. La defensa trató de usar este dato
a su favor con el argumento de que, aunque el acusado hubiera formado
parte de una asociación ilícita, ésta se habría
iniciado con posterioridad al homicidio de Prats y por lo tanto no sería
materia de juzgamiento en esta causa. Para las querellas, Gerome hizo
una errada interpretación jurídica. “La asociación
ilícita es una acusación en sí misma e implica a
un grupo de personas que se juntan para cometer crímenes indeterminados,
por eso se deben tener en cuenta todos los delitos cometidos por Arancibia
hasta 1978, cuando fue detenido”, manifestó Carrió.
¿Qué pasa con la participación del acusado en el
asesinato de Prats y su mujer? La hipótesis es que el espía
chileno ayudó al autor material del hecho: Michael Townley, un
ex agente de la DINA y la CIA que vive en Estados Unidos bajo el régimen
de testigo protegido. La cooperación consistió en “viabilizar
el atentado” (como dijo un testigo) a través de facilitar
el apagón que se habría producido en la cuadra del edificiodonde
vivían los Prats y en el retiro de la custodia del militar, que
estaba a cargo de Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía
Federal, comandada por el fallecido comisario Juan Carlos Gattei.
Contra esta presunción, la defensa levantó el testimonio
que Townley brindó en secreto ante la jueza de instrucción
de la causa, María Servini de Cubría. En esa oportunidad
el norteamericano aseguró desconocer que Arancibia Clavel hubiera
participado del atentado contra Prats.
Las querellas rechazaron la declaración porque suponen que éste
quiso favorecer al acusado, con quien mantuvo una estrecha amistad. Por
otra parte, consideraron que la organización celular que tenía
la DINA permitía que el norteamericano no supiera que el chileno
estaba actuando en el mismo hecho. Finalmente, las más importantes
refutaciones a la declaración de Townley son los testigos que involucran
a Arancibia Clavel en el homicidio. Entre ellos están Eugene Propper,
fiscal norteamericano que condujo la investigación del crimen del
ex canciller chileno Orlando Letelier; el agente del FBI Robert Scherrer
y Alfonso Morata Salmerón, un anticomunista y anticastrista de
contactos no todo confesos con la DINA.
Durante todas las audiencias, sin excepción, la defensa intentó
probar que Arancibia Clavel no estaba en Buenos Aires a fines de setiembre
de 1974, cuando se concretó el atentado. Para eso, citó
a varios de sus familiares y amigos, que aseguraron haber almorzado con
él el 30 de setiembre en Santiago de Chile, algunas horas después
de que estallara por los aires el auto donde estaban Prats y su mujer.
Pero la presencia del agente de la DINA en su país en ese momento
no probaría nada. Sí es relevante saber si el acusado estaba
instalado en Buenos Aires desde un tiempo antes del crimen, lo que le
habría permitido usar sus contactos para allanar el camino de Townley.
Este punto hizo que se presentara en la sala de audiencias un ex bailarín
del teatro de revistas de Susana Giménez que convivió con
Arancibia Clavel. Se trata de Hugo “Adrián” Zambelli,
que por querer ayudar al acusado terminó querellado por falso testimonio.
Durante la audiencia en el juicio oral, Zambelli se contradijo con sus
anteriores declaraciones, donde había asegurado que conoció
a Arancibia Clavel –bajo el nombre de Luis Felipe– en el año
‘74. Frente a los jueces Vaccare, Martínez Sobrino y Roqueta,
en cambio, dijo que no frecuentó a quien luego supo que era agente
de la DINA hasta un año después. Pero el coreógrafo
Salvador Estévez reconoció que a través de Zambelli
alternó con Arancibia Clavel en el año ‘74, mientras
en el teatro Astros se exhibía La revista de oro. Además,
Manuel Edgardo Hernández Anguita, el representante oficial del
Banco del Estado de Chile en Buenos Aires (donde el acusado tuvo un puesto
“pantalla”), señaló que Arancibia Clavel se instaló
en Buenos Aires a mediados de 1974, aunque su “nombramiento”
no salió hasta octubre de ese año.
Hoy, después de que los jueces le pregunten al acusado si quiere
hacer uso de la palabra, se sabrá el veredicto. No pueden quedar
dudas de que Arancibia Clavel era, como consta en uno de sus memos, el
“jefe de información clandestina” de la DINA en Buenos
Aires. No parece creíble que ese hombre no colaborara de manera
decisiva en la planificación y materialización de uno de
los asesinatos más importantes para la dictadura chilena. Pero
aun con Arancibia Clavel condenado faltará para hacer justicia
plena en el asesinato de Prats. Como dijo durante su alegato Moreno Ocampo,
se está juzgando “un engranaje de la asociación que
cometió este crimen”. Mientras, el autor material no puede
ser condenado y Servini de Cubría espera una respuesta de Chile
para saber si Argentina podrá juzgar a quienes dieron la orden,
entre ellos al jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al dictador Augusto
Pinochet.
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