Por Por Fernando Cibeira

Por la tarde, en el Gobierno estaban contentos. Tanto que el presidente Fernando de la Rúa convocó a una inusual rueda de prensa en su despacho. “Esto es para crecer”, auguró el Presidente. Hacía un par de horas, habían conseguido que los gobernadores del PJ por fin firmaran el acuerdo por las medidas económicas que les costó una trabajosa semana de negociaciones y unos 250 millones de pesos en planes sociales. Como última concesión, el Gobierno aceptó un pedido de los dirigentes opositores de incluir una cláusula de excepción al control del gasto en caso de emergencias. Para la Rosada, el pedido fue pour la gallerie: un último gesto de los gobernadores antes de aceptar un acuerdo que, de última, también necesitan. No sólo por los anunciados efectos beneficiosos que causará en los mercados financieros el blindaje que habilitará el FMI. También por sus propios préstamos que permanecían demorados en el BID y el Banco Mundial a la espera de una señal como la de ayer.
Los gobernadores justicialistas se reunieron a las 11 en el CFI, como hicieron durante toda la semana pasada. Ya a esa altura era difícil determinar qué era exactamente lo que los separaba de la propuesta oficial. Es más, durante toda la semana pasada parecía que el acuerdo se firmaría de un momento a otro hasta que de repente salía Carlos Ruckauf a decir que la negociación estaba peor que nunca. Ayer, no fue la excepción. Una hora antes de que saliera la contrapropuesta del PJ, Ruckauf dijo que De la Rúa “está escuchando demasiado hablar en inglés y muy poco en el idioma de los argentinos”.
Pero, desde el fin de semana, quien se encargó de negociar con el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro de Economía, José Luis Machinea, en nombre del justicialismo fue el cordobés José Manuel De la Sota, más proclive a conseguir un rápido acuerdo. De la Sota está esperando que el BID le envíe un crédito de 200 millones de dólares que necesita para que le cierren los números en su provincia.
En un principio, De la Sota había intentado flexibilizar uno de los pilares del acuerdo –el congelamiento de los gastos primarios de la Nación y las provincias hasta el 2005– poniendo excepciones para el caso de los gastos en salud, educación y ayuda social. Pero Colombo ya había determinado que los buenos modales no le estaban dando los resultados buscados, por lo que tomó una posición más rígida. Respondió que todo gasto adicional a lo ofrecido no pasaría el tamiz del Fondo Monetario.
Sin mucho margen adicional, entonces, los gobernadores del PJ dieron una respuesta en la que no quisieron aparecer cediendo, aunque tampoco obtuvieron lo que pedían inicialmente. Se estableció una cláusula adicional para gastos extra en situaciones especiales. “Las partes acuerdan que ante una situación grave que implique una interrupción de los servicios de educación o salud, o alteraciones excepcionales en la seguridad pública y ante la imposibilidad de reducir otros gastos en el corto plazo, la provincia afectada podrá solicitar la autorización al Ministerio de Economía para la modificación temporaria del gasto respectivo”, firmaron.
La contrapropuesta fue aceptada de inmediato. “Algo tenían que alegar para justificar el retraso”, decían ayer en la Jefatura de Gabinete sobre la última exigencia peronista. “Era obvio que si en alguna provincia ocurre una catástrofe la Nación saldrá a socorrerla como de costumbre”, agregaba. Una segunda condición –más de forma que de fondo– fue que los funcionarios se corrieran hasta el lugar donde se encontraban reunidos los gobernadores para hacer la firma. Los gobernadores no querían darle el gusto a De la Rúa de hacer un acto formal en la Casa Rosada que el Gobierno pudiera exhibir como un logro propio.
A los tres ministros que participaron de las negociaciones, Colombo, Machinea y Federico Storani, entonces, no les quedó otra que correrse hasta el CFI para cerrar el tema de una vez. Luego hubo un segundo encuentro compensatorio, esta vez con cámaras de televisión, en laJefatura de Gabinete al que se sumaron los gobernadores de la Alianza que no habían podido firmar el acuerdo el viernes pasado, cuando lo hicieron sus colegas como forma de presión al justicialismo. Pero en este segundo mítin, sutil diferencia, faltaron Ruckauf y el santafesino Carlos Reutemann, deseosos de mantener un perfil diferenciado. Con todo, cerca del gobernador bonaerense, explicaban que su ausencia debía interpretarse como una señal de “unidad” del PJ, ya que lo habían dejado a De la Sota en papel de representante.
De la Rúa atendió en su despacho flanqueado por Colombo y Storani con un rosario de frases optimistas a flor de labios, cuestión de no dejar dudas de que se estaba frente a una buena noticia. “Una noticia muy valiosa para todo el país”, definió, y lamentó que la firma se hubiera demorado tanto. Para quien no tuvo halagos fue para el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, el único que no firmó el acuerdo (ver asimismo página 5).
También en Economía hacían una buena evaluación. “Es favorable a ambas partes”, explicaba el secretario de Programación Económica, Miguel Bein. “Las provincias obtienen un importante paso para reestructurar sus deudas hasta el 2003, además de un aumento de 250 millones en ayuda. Y al Gobierno le sirve para dar una señal muy fuerte en materia fiscal que va a servir para bajar las tasas”, evaluaba.
En su núcleo, el acuerdo firmado de ayer no varió de lo que se venía discutiendo:
El Gobierno y las provincias se comprometen a no aumentar sus niveles de gastos primarios (es decir, sin el pago de la deuda) hasta el año 2005.
El Gobierno transferirá a las provincias por coparticipación y fondos específicos una suma fija que será de 1364 millones de pesos en el 2001 y 2002, que se incrementará hasta los 1480 millones en el 2005.
El Gobierno destinará durante el año próximo una partida de 225 millones de pesos en programas de empleo (el 80%) y sociales (20%) que administrarán las provincias. En los años posteriores, las provincias administrarán el 30 por ciento de lo que se presupueste en el 2001 para programas de empleo transitorio.

Las diez claves para entender el pacto fiscal

Congela el gasto hasta el 2005, se fija un monto fijo de giro de la Nación a las provincias y se acordó una partida adicional de asistencia social. Y el FMI contento.

Por Claudio Scaletta

1 –¿Cuál es el objetivo del pacto fiscal?
–Congelar los gastos de los presupuestos provinciales hasta el 2005. Se trata de una precondición exigida por los organismos financieros internacionales, el FMI entre ellos, para otorgar un crédito de alrededor de 20 mil millones de dólares que funcionará como reaseguro financiero, el famoso “blindaje”, para el pago de los vencimientos de deuda externa del país. Se espera que este reaseguro calme, al menos temporalmente, las agitadas aguas de las finanzas y permita “recuperar la confianza de los mercados”, el leit motiv de la actual política económica.
2 –¿Cuáles serán los efectos del congelamiento del gasto sobre las economías provinciales?
–Como algunos gobernadores argumentaron, el gasto tiene un componente de crecimiento “vegetativo”, es decir, aumenta en paralelo con el crecimiento de la población. Dejarlo congelado implica de hecho su reducción año a año. Además, desde el punto de vista de la política económica, el congelar una determinada situación durante años supone un cercenamiento de la política fiscal como instrumento de distribución del ingreso.
3 –¿Por qué los gobernadores aceptan esta restricción sobre sus recursos?
–Al margen de los presiones políticas, la mayor parte de los estados provinciales tiene un grado de endeudamiento que les impide tomar decisiones autónomas sobre su presupuesto. Esta falta de autonomía es la que puso en juego la Nación en las negociaciones. Frente a la imposibilidad de enfrentar la voluntad del Estado nacional, los gobernadores se concentraron en asegurarse el manejo de los fondos. A las provincias les competerá la ejecución y a la Nación la supervisión.
4 –¿De cuánto son los montos comprometidos?
–Durante los ejercicios fiscales de los años 2001 y 2002 las transferencias de la Nación a las provincias por coparticipación de impuestos y fondos específicos se fijaron en una suma mensual, “de envío automático y diario”, de 1364 millones. Para el 2003 la Nación garantiza el envío de 1400 millones, que aumentarán en 40 millones más en el 2004 y a 1480 en el 2005.
5 –¿Cuál fue el punto extra que permitió destrabar la negociación y contar con la firma de los gobernadores opositores?
–El logro conseguido por los gobernadores fue el compromiso del gobierno nacional de incrementar, en el presupuesto 2001, 225 millones de pesos destinados, el 80 por ciento, a programas de empleo y el 20 por ciento a programas sociales. Estos montos serán administrados exclusivamente por los gobiernos provinciales. También, a último momento, se consiguió agregar a los 26 puntos del acuerdo una cláusula adicional que posibilita a las provincias la flexibilización del gasto ante situaciones excepcionales –como la interrupción de servicios de salud y educación o alteraciones de la seguridad pública y siempre “ante la imposibilidad de reducir otros gastos de corto plazo”–. La cláusula aclara, no obstante, que “en ningún caso el acuerdo que se logre podrá modificar el compromiso respecto a la magnitud del desequilibrio fiscal acordado para cada año”. En otras palabras, si bien puede autorizarse un mayor gasto inmediato, esa suba deberá compensarse durante el ejercicio anual.
6 –¿La Nación se hará cargo de las deudas provinciales?
–No, pero participará de su refinanciación por medio del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero hasta el año 2005. Las herramientas serán el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial del Banco Nación y el potencial apoyo de organismos internacionales.
7 –¿Cómo pagará la Nación la deuda por coparticipación que mantiene con algunas provincias?
–Durante el 2001 la Nación hará dos pagos, el 30 de abril y de 31 de agosto, que cubrirán la mitad de la deuda del ejercicio 1999. La mitad restante se cubrirá antes de abril del 2003. Los estados que renuncien a este 50 por ciento podrán canjearlo por planes sociales y de empleo adicionales a los existentes.
8 –¿Qué relación tiene el pacto con la ley de coparticipación federal de impuestos?
–Los gobernadores se comprometen a enviar al Congreso, para su tratamiento durante el 2001, una nueva Ley de Coparticipación Federal que respete los montos máximos acordados. Sin embargo, si el envío y su aprobación sufriese demoras o postergaciones, las partidas seguirán realizándose sobre los montos establecidos en el acuerdo. En concreto, la nueva Ley de Coparticipación sólo tendrá el carácter formal de consolidar lo ya acordado, excluyéndose la posibilidad de introducir modificaciones que no sean “consistentes con la solvencia fiscal”.
9 –¿Qué pasará con las actuales disparidades, a igual función, en las remuneraciones de los funcionarios públicos de los distintos gobiernos provinciales y municipales?
–No se establece explícitamente, pero las partes se comprometen a adherir al “Compromiso federal para la austeridad, la equidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública” que tiene por objetivo “asegurar la proporcionalidad de las remuneraciones de los funcionarios públicos de todas las jurisdicciones. A su vez se eliminan, en todas las jurisdicciones, las cláusulas de aumentos automáticos y se “invita” a los poderes Legislativo y Judicial de todos los niveles de Gobierno a sumarse a la iniciativa. En otro orden, las partes se comprometen a conseguir “la adhesión de los municipios a los aspectos centrales del presente acuerdo”.
10 –¿Cuándo comenzará a regir el acuerdo?
–El 1º de enero de 2001.

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