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 El
juez Carlos Liporaci, que tiene a cargo la causa por el supuesto pago
de coimas a senadores, está en jaque. Dos integrantes del Consejo
de la Magistratura presentaron ayer un pedido para que la Comisión
de Acusación lo citara a declarar en el expediente en el que se
lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Todo indica
que la solicitud sería aceptada y el magistrado tendría
que presentarse la próxima semana. Es un paso decisivo en el proceso
que podría conducir a su destitución.
El pedido de citación fue formulado por el presidente de la Comisión
de Acusación, Pablo Fernández, y el consejero Fermín
Garrote. El dictamen que elaboraron está basado en las presuntas
“inexactitudes, omisiones y contradicciones” en relación
al patrimonio declarado por el juez, los ingresos familiares y su nivel
de gastos. “El importante aumento patrimonial de Liporaci –sostuvieron–
no tiene explicación.” La investigación sobre la fortuna
de Liporaci comenzó a raíz de una publicación periodística
que decía que Liporaci se había comprado este año
una casa nueva en Vicente López a 1,5 millón de pesos.
En función del análisis de las declaraciones juradas de
bienes del juez y de una manifestación patrimonial espontánea
que presentó al estallar el escándalo, Fernández
y Garrote sacaron conclusiones. “Se presentan dos situaciones extremas
de difícil justificación –plantean– y que alarman
a esta comisión: las relativas al valor real y al precio efectivamente
pagado por la propiedad de la calle Gaspar Campos 471 de Vicente López,
y el endeudamiento por parte del magistrado, que puede influir sensiblemente
en su estado a la hora de una decisión jurisdiccional.”
“Ya existen elementos –dicen los consejeros– que hacen
presumir que Liporaci recibió una atención especial por
parte de los vendedores o que el precio no es el que verdaderamente pagó.”
La escritura dice que abonó 610 mil pesos por su mansión
(...). Sin embargo –amplían– “ese precio es inferior
al de la valuación fiscal consignada en el mismo instrumento (663.000
pesos)”. A eso se suma que casi todas las tasaciones solicitadas
superan esos valores. Los tasadores de la Corte Suprema estimaron que
la propiedad vale entre 950.000 y 1.120.000 pesos. “Ahora bien –añade
el dictamen– la decisión de Liporaci de vivir en un lugar
privilegiado, mudándose a un inmueble que quintuplicaba en su valor
al anterior lo llevó a contratar dos préstamos que suman
más de la mitad del precio que dice haber pagado, en un circuito
financiero poco ortodoxo para un juez de la Nación.”
En base a lo que ya argumentó Liporaci, se preguntan “¿cómo
se pueden ahorrar 118.606,18 pesos en seis meses si el ingreso mensual
del grupo, siempre según sus dichos, fue de alrededor de 11.000
pesos mensuales?”.
Otro punto oscuro, según los consejeros, es que Liporaci basó
sus explicaciones “en los ingresos del grupo familiar”. Sin
embargo, por ejemplo, su hija María Florencia presta servicios
en la Auditoría General de la Nación recién desde
junio de este año. Y su hija Carolina se casó en setiembre
del año pasado, “de lo que se sigue que desde esa fecha no
integra el grupo familiar conviviente”.
Por lo pronto, Fernández pidió que Liporaci declarara el
28 de este mes. Al parecer, algunos consejeros ya advirtieron sus intenciones
de dilatar el trámite. Hoy lo decidirán.
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