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Por
Santiago Rodríguez
 Aníbal
Ibarra no tiene idea de quién lo pudo haber estado espiando, pero
sospecha que los espías lograron llegar a su despacho e instalar
una red de micrófonos porque alguien de la Jefatura de Gobierno
porteño les facilitó el acceso. “No van a entrar por
la ventana descolgándose por una soga”, razonó ayer
ante Página/12. Por esa razón, ordenó la realización
de una investigación interna, además de presentar una denuncia
ante la Justicia por “daño y violación de domicilio”.
Es que la normativa no contempla el castigo de los casos de espionaje,
un vacío legal que se propone cubrir al menos en el ámbito
de la ciudad con un proyecto que en los próximos días remitirá
a la Legislatura.
–Usted dijo que no sabe quién lo espiaba, pero que lamentablemente
podían ser muchos. ¿Quiénes, por ejemplo?
–En realidad es una expresión como que... Claro, uno puede
pensar: gente que puede buscar información para generar una suerte
de extorsión o de ventaja política, gente que puede obtener
alguna información muy política para canjearla ahora o para
guardarla para una futura campaña, gente que puede estar vinculada
con alguna cuestión puntual y que te quieran joder o gente que
lo hace porque se trata del jefe de Gobierno. Hay muchas posibilidades,
gente que puede estar totalmente fuera de lo institucional o alguien que
sea periférico–institucional. No puedo hablar de nada porque
certezas no tengo ninguna.
–¿No tiene ninguna sospecha?
–No, realmente no. Es un hecho preocupante que te metan micrófonos
que te escuchan todo el ambiente, que te puedan grabar y hayan tenido
posibilidad de acceder y hacer todo. No me altera el ritmo de trabajo,
no me obsesionó, por decirlo así, pero ver los micrófonos,
los cables y cómo estaban instalados es una cuestión fuerte.
–Para montar una instalación como la que descubrieron en su
despacho es necesario contar con una cierta estructura. ¿O no?
–Sí, y tiempo para trabajar ahí, además de conocimiento.
Es necesario el conocimiento de alguien que se dedica a eso y que además
consiguió una especie de zona liberada durante un tiempo.
–O sea supone que participó alguien de la Jefatura de Gobierno.
–Y... para facilitar un acceso así, sí, porque no van
a entrar por la ventana descolgándose por una soga, y dudo que
alguien se quede escondido en un ropero para poder entrar. Creo que en
algún ámbito algún punto de acceso habrá habido;
no quiero decir con esto que sea un ordenanza o una persona de seguridad.
Me cuesta entender otra alternativa, aunque no es imposible; hay gente
que ha asaltado museos o bancos quedándose adentro, pero no creo
que ése sea el método porque es mucho más fácil
encontrar a alguien que facilite el acceso, poner plata y listo.
–Sobre la base de su experiencia, incluso como fiscal, ¿quién
tiene estructura para hacer algo así, además de la SIDE?
–Puede haber sectores vinculados con tareas de inteligencia. Plantar
micrófonos y establecer un cableado es cuestión de disponer
de tiempo, saber dónde colocarlos y extenderlos. No es algo imposible
de hacer por alguien que tenga un nivel medio de sofisticación
dedicado al tema.
–¿Habló del tema con el titular de la SIDE, Carlos
Becerra?
–Hablé el domingo y hoy (por ayer) estuve con (el número
dos de la SIDE) Darío Richarte y con un técnico, y todo
muy bien.
–¿Estuvieron en su despacho?
–Sí, vinieron y vieron las cosas. Les facilité todo
y se iban a poner en contacto con la gente que lo había encontrado
para interiorizarse de las cuestiones técnicas. Todo bien, y lo
digo con sinceridad, no tengo ni un mínimo resquemor con Becerra,
ni nada por el estilo.
–¿Ayer presentó una denuncia?
–No lo quiero dejar, aunque tuve casi que forzar el delito, delito
de daño y violación de domicilio, porque no hay normativa
vinculada con esto.
–¿Por qué no hay leyes que castiguen el espionaje?
–El Código Penal es muy viejo y sólo habla de la apertura
de sobres o de correspondencia. Por eso voy a presentar un proyecto de
ley para que mientras no lo castigue el Parlamento, el espionaje sea por
lo menos una contravención en la ciudad.
Ahora,
a investigar
Juan Carlos López asumirá hoy el cargo de procurador
general de la ciudad de Buenos Aires, pero desde ayer ya tiene trabajo:
patrocinar a Aníbal Ibarra en la causa judicial abierta para
investigar el espionaje en la Jefatura de Gobierno. La denuncia por
“violación de domicilio” y “daños”
la radicó el mismo López, y quedó en manos de
la jueza Ana Bulacio de Rúa. En la presentación judicial
se detalla el hallazgo en la oficina de Ibarra de “dos pequeños
transmisores empotrados en el interior del escritorio y conectados
a la red telefónica”. Esos micrófonos fueron descubiertos
por la empresa de seguridad privada AVE, contratada por Ibarra para
revisar su despacho. “El espionaje a Ibarra es un atentado a
la persona y al sistema democrático”, afirmó el
vicepresidente del bloque de legisladores de la Alianza, Cristian
Caram, y señaló que “los organismos correspondientes
deben investigar para hallar responsables”. |
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