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Por
Victoria Ginzberg
 ”La
justicia está llegando. Y esperamos que se aclare la participación
en el atentado de todos los responsables. Después de 26 años
se demostró que nuestra verdad estaba clara”, dijo temblando
Cecilia Prats, la menor del las hijas del ex jefe del ejército
chileno. El juez José Valentín Martínez Sobrino,
presidente del Tribunal Oral Federal número 6, acababa de anunciar
la condena de Enrique Lautaro Arancibia Clavel a reclusión perpetua
por considerar que participó de una asociación ilícita
–la Dirección Nacional de Inteligencia chilena (DINA)–
y del asesinato del general Carlos Prats y su mujer, Sofía Cuthbert.
Por primera vez, la Justicia argentina castigó un crimen cometido
por la dictadura pinochetista. La defensa anunció que apelará
el fallo.
Arancibia Clavel entró a la sala pasadas las siete y media de la
tarde. Llevaba una camisa gris de manga corta y el chaleco negro con capucha
que usó en todas las audiencias. Por la mañana, había
ingresado por la misma puerta para decir sus “últimas palabras”.
“No sería justo que me condenaran por este hecho. El estado
de derecho y la opinión pública sólo van a quedar
satisfechos cuando sean condenados los verdaderos asesinos del matrimonio
Prats. Me han usado como chivo expiatorio”, fueron algunas de las
frases pronunciadas en un escueto discurso por el entonces acusado. Si
su condena queda firme, el ahora condenado, que ya lleva cuatro años
preso, no podrá solicitar el beneficio de la libertad condicional
hasta haber pasado veinte años en prisión.
 Por la
tarde, con la custodia policial reforzada, la sala repleta y la presencia
del embajador chileno, Jorge Arrate; Martínez Sobrino leyó
la sentencia que dictó, por mayoría, el tribunal. Él
y la jueza María del Carmen Roqueta se inclinaron por la reclusión
perpetua. Horacio Vaccare, en cambio, votó en disidencia. Los fundamentos
de los fallos se harán públicos el lunes que viene. Los
magistrados resolvieron además que se inicie una investigación
por el secuestro de Laura Elgueta Díaz, una testigo que durante
su declaración reconoció a Arancibia Clavel como uno de
los represores que estaba en un centro clandestino de detención
mientras la torturaban.
“Este tribunal, por mayoría, ha resuelto: no hacer lugar al
planteo de doble juzgamiento hecho por la defensa” y “considerar
al acusado autor penalmente responsable de haber formado parte de una
asociación de tres o más personas destinadas a cometer delitos
que pusieron en peligro la constitución” y “partícipe
necesario” del asesinato del matrimonio Prats, expresó el
magistrado. Mientras hablaba, la familia del ex jefe del Ejército
chileno asesinado en el barrio de Palermo en la madrugada del 30 septiembre
de 1974, se entrelazaba las manos y no podía contener las lágrimas.
Sus tres hijas, sus yernos, sus nietos y hasta su bisnieta Antonia, de
un año y medio, asistían al inicio de un camino de justicia
que terminará sólo con la prisión del dictador Augusto
Pinochet. Con esta primera condena, la familia Prats recibió la
confirmación judicial de lo que sabe hace años: que el general
chileno y su esposa fueron asesinados por la policía secreta pinochetista
en una acción coordinada en Buenos Aires por sus propios hombres
y con participación de ciudadanos argentinos, en lo que fue un
adelanto del Plan Cóndor. El papel de Arancibia Clavel, según
varios testimonios, fue el “allanarle el camino” al autor material
del atentado, Michael Townley, apañado por el sistema de testigo
protegido en Estados Unidos.
Al final de la audiencia, la familia Prats repartió abrazos a sus
abogados, Luis Moreno Ocampo y Guillermo Jorge; al representante del estado
chileno, Alejandro Carrió; a su abogada chilena, Pamela Pereira
y a todos los que se acercaron para felicitarlas mientras hablaban para
las cerca de veinte cámaras de televisión presentes. La
familia del condenado, en cambio, optó por el perfil bajo y no
quiso hacer declaraciones. Cercada por los medios, una de las hermanas
del ex agente de la DINA, PatriciaArancibia, manifestó que no se
esperaba esta sentencia y que seguía creyendo en la inocencia de
su hermano. El vocero de los Arancibia fue su abogado defensor, Eduardo
Gerome, quien manifestó que el tribunal tomó una “decisión
política” y que apelará la condena a la Cámara
de Casación.
Los abogados de la familia Prats y del estado chileno expresaron su satisfacción.
“Después de 26 años es el primer día que hay
Justicia para la familia Prats. Y fue un honor representarla”, señaló
Moreno Ocampo. “El fallo es un mensaje fuertísimo para los
países del Cono Sur que unieron en un plan macabro y cometieron
delitos en nombre de un gobierno. Cuando la ley está por encima
de los individuos es cuando los países comienzan a ser serios”,
afirmó Carrió. Los letrados estaban conformes porque el
fallo coincidió con sus acusaciones: el tribunal aceptó
que la DINA fue una asociación ilícita agravada porque,
entre otras cosas, disponía de armas de guerra y de apoyo de funcionarios
públicos y rechazó el planteo de cosa juzgada que hizo la
defensa. Gerome impugnó los memos que Arancibia Clavel mandaba
a sus superiores, donde constan varios delitos de la DINA, porque fueron
tenidos en cuenta cuando el agente fue arrestado en 1978 por espionaje.
Para los Prats, la condena a Arancibia es el fin y el comienzo. Aún
esperan saber si Chile dejará que Argentina juzgue a otros responsables
de ese crimen. “Este es un gran paso para continuar”, dijo María
Angélica Prats, quien describió que cumplió “el
deber de hija y de madre, porque así mis hijos saben la verdad
y no van a tener que buscarla ellos”.
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Golpe
a la extradición de Pinochet
El
juez chileno Luis Correa Bulo renunció ayer al caso Augusto
Pinochet tras una sugerencia que le hizo el pleno de la Corte Suprema.
Esto significa que el magistrado no seguirá al frente del
pedido de extradición de Pinochet solicitado por el juez
argentino Juan José Galeano, en el caso del asesinato del
ex jefe del Ejército chileno, general retirado Carlos Prats,
en Buenos Aires. El juez estuvo sometido a diversas presiones externas
al tribunal como han sido acusaciones en su contra de sectores derechistas
que intentaron desprestigiarlo, según opinión del
propio afectado y sus cercanos. Diputados de la bancada de la Concertación
visitaron ayer a Correa Bulo en su casa para darle su apoyo. Ellos
dijeron que los ataques de la derecha se deben a que el magistrado
es partidario de investigar a fondo todos los casos de derechos
humanos, a lo que la derecha pinochetista se opone.
En el último pleno de la Corte Suprema, que se realizó
el viernes pasado, los ministros, tras pedirle a Correa Bulo que
abandonara la sala, votaron por instar al magistrado a que dejara
el proceso de extradición de Pinochet y se abstuviera también
de fallar otras causas que lleguen a la sala a la espera de las
resoluciones que adopte la comisión de ética del tribunal.
Correa Bulo había dictado la orden de arraigo del dictador
chileno, lo que prenunciaba la inminente orden de detención.
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