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Por
Mariana Carbajal
 Argentina
no aprobó el examen ante las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos de las mujeres. Dieciocho expertos internacionales reunidos en
Ginebra para analizar la situación del país emitieron un
dictamen muy crítico, en el que recomendaron al Gobierno impulsar
la modificación de la legislación para ampliar la despenalización
del aborto a todos los casos de embarazo por violación y, a la
vez, expresaron su “inquietud” ante los aspectos “discriminatorios
de las leyes y políticas vigentes que da como resultado un recurso
desproporcionado de las mujeres pobres a un aborto ilegal y arriesgado”.
Además, el organismo aconsejó al Poder Ejecutivo que “reexamine
periódicamente las leyes y las políticas de planificación
familiar” para posibilitar el acceso a los métodos anticonceptivos
y de esterilización a todas las mujeres.
Los especialistas también manifestaron “especial preocupación”
por la “alta incidencia” de casos de violencia contra las mujeres,
así como la existencia de “acoso sexual y otras manifestaciones
de discriminación” en los sectores laborales públicos
y privados. En su informe, el organismo aconsejó al Gobierno desarrollar
una campaña de información “a gran escala” para
promover los derechos de las mujeres y los recursos con que cuentan para
ejercerlos.
El documento del Comité de Derechos Humanos de la ONU fue presentado
días atrás, luego que 18 expertos de distintos países
analizaron un informe del Gobierno sobre la situación de los derechos
humanos en el país, y contrastaron sus datos con otros dos confeccionados
por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de
la Mujer (Cladem). Una delegación gubernamental, encabezada por
el embajador Leandro Despouy y el titular del Instituto Nacional contra
la Discriminación (Inadi), Eugenio Zaffaroni, defendió el
reporte argentino entre el 25 y el 26 de octubre en la sede europea de
la ONU.
El Comité de Derechos Humanos monitorea el cumplimiento del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a la Constitución
nacional. Y uno de los aspectos evaluados es el respeto de los derechos
humanos de las mujeres. Los países signatarios del Pacto tienen
la obligación de presentar un informe cada cuatro años.
La Argentina tenía turno en 1999, pero debido a que se retrasó
recién expuso este año.
La penalización del aborto en el país fue uno de los ejes
centrales del dictamen del comité en materia de derechos humanos
de las mujeres. El organismo expresó su “preocupación”
por el hecho de que la “criminalización” del aborto “disuada”
a los médicos de llevar a cabo ese tipo de procedimiento sin una
orden judicial, incluso cuando la ley no lo castiga, por ejemplo, cuando
existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo
resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental. “Se
debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto
en todos los casos de embarazo por violación”, instó
el comité.
Otro aspecto abordado por los expertos fue el de los derechos sexuales
y reproductivos. En ese sentido, el comité recomendó que
se “reexaminen” periódicamente las leyes y políticas
en materia de procreación responsable, un tema que podría
debatirse el próximo jueves en la Cámara de Diputados, cuando
se trate –como está previsto– un proyecto de ley que
obliga al Ministerio de Salud a disponer de presupuesto para financiar
programas que incluyan suministro de anticonceptivos a toda la población
que lo demande, en los hospitales públicos.
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“Buenas
recomendaciones”
Por
M.C.
“Las
recomendaciones son buenas. Son aspectos sobre los que las mujeres
de la Alianza venimos peleando y hemos prometido llevar adelante
en la plataforma electoral”, admitió a Página/12
la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Carmen Storani,
sobre el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU
en relación a la situación de los derechos humanos
de las mujeres en el país. Pero la funcionaria hizo una objeción:
“Sin embargo, creo que el comité no ha tomado en cuenta
el esfuerzo de este Gobierno para poner en marcha medidas activas
para disminuir la mortalidad materna”, en referencia al Plan
Nacional de Disminución de Mortalidad Materno Infantil lanzado
meses atrás por las autoridades nacionales.
Las dos entidades no gubernamentales que presentaron un contrainforme
al comité, para contrastar con el reporte oficial, celebraron
el dictamen de los expertos de la ONU. “El dictamen nos pareció
altamente positivo”, resumió Viviana Della Siega, integrante
del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa
de los Derechos de la Mujer (Cladem). En el mismo sentido opinó
Marcela Rodríguez, asesora del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) para la redacción del capítulo sobre
los derechos de las mujeres. “El comité enfatiza situaciones
muy claras de violación de los derechos humanos de las mujeres”,
consideró Rodríguez.
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