Por José
Natanson
El Gobierno no quiere desaprovechar
el envión que significó la firma del acuerdo con los gobernadores
peronistas. Según aseguró a Página/12 una alta fuente
de la Jefatura de Gabinete, la idea es que el Senado apruebe mañana,
sobre tablas, el convenio que congela los gastos de la Nación y
las provincias hasta el 2005. En la Casa Rosada sostienen que el okay
de la Cámara alta estaría garantizado luego de que los mandatarios
del PJ aceptaran cerrar el trato. Algo que, a pesar del optimismo oficial,
no parece tan sencillo: no sería la primera vez que el Senado le
da un dolor de cabeza a Fernando de la Rúa. Y, según averiguó
este diario, los senadores peronistas no parecen tener la menor disposición
para acompañar la propuesta del Gobierno (ver nota aparte).
El lunes, después de una interminable semana de tires y aflojes,
el Gobierno logró cerrar la negociación con los gobernadores
peronistas, quienes con la excepción de Néstor Kirchner
se comprometieron a congelar los gastos de las provincias a cambio de
unos 250 millones de pesos extra para ayuda social. Junto a la demorada
reforma previsional, el pacto es una de las condiciones para que el Gobierno
acceda al blindaje financiero del FMI.
Por eso, aunque trabajoso, el resultado fue interpretado como un éxito
por los negociadores oficiales encabezados por Chrystian Colombo, quien
ayer se encargó de subrayar la importancia del acuerdo. Nos
vamos a tener que esforzar todos por cumplir el convenio. Es un compromiso
muy duro, con reglas de juego muy claras. Pero también es un paso
adelante muy importante para todas las provincias y para la Nación,
aseguró el jefe de Gabinete.
Envalentonados por el resultado positivo de la negociación, en
la Casa Rosada ahora pretenden que el acuerdo se convierta en ley lo más
pronto posible. Como se trata de una norma sobre fondos coparticipables
entre la Nación y las provincias, el trámite deberá
empezar por el Senado. El objetivo es que la aprobación se concrete
mañana, en una sesión sobre tablas, para lo cual el oficialismo
necesitaría el okay de los dos tercios de la Cámara.
Ayer, en el Gobierno estaban convencidos de que no habrá ningún
problema. Creemos que con el aval de los gobernadores la ley va
a salir. Sería una irresponsabilidad que los senadores la rechacen,
aseguraban cerca de Colombo. Según decía un funcionario,
el escándalo por las coimas potenció el desprestigio de
muchos legisladores, lo que contribuiría a acelerar el trámite.
No pueden aparecer justamente ellos trabando las cosas, explicaba.
A pesar del optimismo oficial, hay un pronóstico más pesimista
(y quizás más real): los senadores del PJ no responden automáticamente
a las decisiones de los gobernadores y amenazan por anticipado con la
posibilidad de no aprobar el compromiso fiscal.
En todo caso, no será la primera vez que la bancada peronista en
la Cámara alta se opone a una decisión oficial. En julio
el PJ había rechazado el recorte de los sueldos de los empleados
públicos dispuesto por el Gobierno. Aunque en las dos oportunidades
terminaron votando a favor, lo cierto es que antes la Alianza tuvo que
sentarse a negociar y hacer concesiones a los senadores peronistas.
LOS
LEGISLADORES PERONISTAS, EL PROXIMO ESCOLLO
El Senado quiere ir por la revancha
Por Fernando Almirón
Eduardo Duhalde dijo ayer que
nadie cree que se cumpla el acuerdo firmado el lunes entre
el gobierno nacional y los mandatarios justicialistas. Duhalde considera
que será imposible mantener congelado durante cinco años
el gasto provincial. Eso no va a suceder, presagió.
El ex candidato presidencial no es el único que duda sobre la perdurabilidad
del pacto fiscal. Según un mandatario del noroeste, el acuerdo
se basa en el ajuste que tendrán que hacer las provincias y cualquier
anormalidad social en nuestros territorios puede tirar el compromiso por
la borda. Los gobernadores peronistas dicen que ya apostaron su
esfuerzo a la gobernabilidad, pero ahora se lavan las manos de lo que
vayan a votar en el Congreso los legisladores justicialistas, quienes
deberán convalidar el pacto firmado con el Ejecutivo nacional.
El pacto deberá soportar un difícil tránsito por
el Parlamento. Sobre todo en la Cámara alta: no todos los gobernadores
justicialistas están en condiciones de comprometer el voto de respaldo
de los senadores de sus provincias.
No son pocas las internas que separan a los mandatarios de sus legisladores,
distanciamiento que se profundizó después de las denuncias
de sobornos para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. Por
entonces los caciques provinciales del PJ estaban dispuestos a sacar la
ley pero no lograban torcer el brazo de sus legisladores. Finalmente los
senadores aprobaron la propuesta del Gobierno, pero recién después
de que la negociación recayera en sus manos. En esta ocasión
puede suceder algo similar. Más aún: hay senadores que creen
que la oportunidad será propicia para volver a escena después
de un prudente período de perfil bajo.
Ayer, sin ir más lejos, asistieron a una reunión convocada
por el presidente del PJ Carlos Menem en Matheu 130, para
dar muestras de unidad partidaria cuando soplan vientos de fisura en la
Alianza, una veintena de senadores que hace tiempo no se sentaban juntos.
Los duhaldistas Jorge Villaverde, Osvaldo Sala y el disidente Héctor
Maya, codo a codo con los que están bajo la lupa del juez Carlos
Liporaci: Augusto Alasino, Ricardo Branda, Remo Costanzo y Emilio Cantarero.
La convocatoria de los senadores fue monitoreada por el salteño
Alberto Tell. Estaba todo el sub bloque Comodoro Py, describía
bromeando un diputado presente. Estos senadores les recriminaron a sus
pares el haberles prodigado una tibia defensa en medio de las denuncias
de sobornos.
La convalidación del pacto tampoco tiene buen pronóstico
en Diputados. En el bloque del PJ hay mayoría de adhesiones a los
argumentos del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien
ayer repitió que el acuerdo era infirmable. Es
el peor ajuste desde la época de (Domingo) Cavallo, ya que las
provincias resignan 9500 millones de pesos, aseguran.
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