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Por Raúl
Dellatorre
 Formalmente, la Jefatura de
Gabinete se escudó en la necesidad de hacer “consultas legales”
para demorar por unos días más la definición de la
reforma previsional. Políticamente, la definición está
pendiente de las negociaciones que todavía están planteadas,
para adentro y para afuera de la Alianza, para buscar algún grado
de consenso antes de definir si sale por decreto o se envía al
Congreso con garantía de trámite rápido. Desde la
más estricta especulación política, fuentes próximas
al Ejecutivo aseguraban que el presidente de la Nación, Fernando
de la Rúa, esperará a la finalización del período
de sesiones ordinarias del Congreso (30 de noviembre) para lanzar con
posterioridad el decreto de necesidad y urgencia, de modo que no pueda
ser bloqueado en el Parlamento antes de marzo. La diversidad de escenarios
no hizo más que sumar incertidumbre en torno a una cuestión
que el Ministerio de Economía ha asumido como bandera ideológica
de su gestión, pero que no afectaría el apoyo del FMI ni
condicionaría el crédito de blindaje comprometido por esa
y otras instituciones.
Los técnicos de la Jefatura, bajo la conducción de Chrystian
Colombo, trabajaron arduamente hasta el viernes en los retoques al anteproyecto
de reforma previsional que les envió Economía. Las alternativas
sobre las que trabajaron fueron: dejar de lado el aumento de la edad jubilatoria
para las mujeres (“se paga un costo demasiado alto para un régimen
que recién tendrían efectos plenos a partir de 2010”,
reflexionaban), inducir a las AFJP a una baja en las comisiones (“se
habló mucho y nunca se hizo nada”) y establecer controles
más directos sobre las administradoras de fondos. Entre el fin
de semana y ayer los técnicos se tomaron un respiro, a la espera
de definiciones políticas.
Estas definiciones pasaban por las gestiones realizadas por José
Luis Machinea ante figuras políticas de primera línea y
la medición que hiciera De la Rúa del grado de consenso
alcanzado, así como los costos y beneficios de resolver la reforma
previsional por decreto eludiendo el trámite parlamentario. Quienes
estuvieron cerca del Presidente estos días, aseguran que es poco
proclive al decretazo, pese a que el jefe de Gabinete, Colombo, y el canciller
Adalberto Rodríguez Giavarini lo impulsan a resolver por esa vía
rápida. Con los días, Machinea se fue volviendo más
contemporizador, abandonando el fanatismo por el decreto y privilegiando
el consenso. El Frepaso mantiene la postura más extrema, amenazando
con romper la Alianza si no se respeta al Congreso.
Superada la discusión con los gobernadores justicialistas en torno
al pacto federal, el Ejecutivo se siente como reviviendo la experiencia
con el Frepaso. “Si en vez de hacer oposición por los medios,
se dedicaran a discutir políticamente, sería probable llegar
a un consenso”, se quejó anoche, ante la consulta de este
diario, un funcionario radical.
Lo concreto es que las negociaciones se prolongarán por unos días
más, siendo improbable, incluso, que hoy se conozca alguna definición.
En los pasillos de la Casa Rosada se mencionó que si las diversas
negociaciones se traban, al Ejecutivo le quedaría la opción
de esperar hasta después del 30 de noviembre para, una vez iniciado
el receso parlamentario, lanzar el decreto de necesidad y urgencia, eludiendo
hasta pasado el verano un eventual rechazo en el Congreso.
Colombo anticipó ayer, temprano, que durante el día realizaría
consultas con la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General
de la Nación para precisar los alcances legales de la reforma,
y evitar una catarata de juicios que algunos advertían que podrían
sobrevenir por no respetar derechos adquiridos.
Desde el punto de vista jurídico, los aspectos más cuestionables
del proyecto son la eliminación de la Prestación Básica
Universal para los futuros jubilados y la eliminación del régimen
de reparto (sistema público de retiro). El primero, porque afecta
la jubilación de quienes ya están aportando, a uno u otro
sistema (público o privado). El otro, porquesupondría la
renuncia del Estado a su obligación de garantizar la previsión
social y, además, obliga a los contribuyentes a aportarle sus fondos
a una entidad privada sin opción.
UNA
FORMULA QUE CONFORMA A LOS AUTOPARTISTAS
Acuerdo automotriz con Brasil
Por Claudio Scaletta
La forma de medición
del componente nacional de los vehículos fabricados en el Mercosur
será “por procesos” y no “pieza por pieza”,
como lo establece el decreto firmado por el presidente Fernando de la
Rúa durante la gestión de la ex secretaria de industria
Débora Giorgi. Las terminales automotrices y las autopartistas,
brasileñas y argentinas, llegaron a un acuerdo sobre la nueva metodología.
A última ahora de anoche el acuerdo privado fue refrendado por
el ministro brasileño para el Mercosur, José Botafogo Gonçalves,
y el secretario de Industria argentino, Javier Tizado.
Para garantizar un componente mínimo de piezas locales se acordó
elevar la medición del contenido local al 44 por ciento de los
procesos de fabricación, en los cuales se permitirá hasta
un 32 por ciento de componentes importados. El sistema supone una leve
disminución en el contenido de piezas argentinas. Según
confirmaron a Página/12 especialistas de la Secretaría de
Industria, dicho contenido final quedaría en el orden del 26 por
ciento. Con el acuerdo, la larga comedia de enredos desatada tras la firma
del decreto presidencial 660 parece haber llegado a su fin.
El argumento utilizado por los fabricantes de automóviles y partes,
es que la medición de contenido local por medio de un sistema que
analice pieza por pieza daría lugar a mecanismos de control sumamente
burocráticos. El caso extremo sería la apertura de un motor
para verificar el origen de cada una de sus piezas. La medición
por procesos eliminará, entonces, estos inconvenientes. Así,
si el motor es armado localmente, será nacional. En principio,
podría intuirse que este sistema afectaría a los fabricantes
de piezas, pero sucede que las autopartistas trabajan con el mismo sistema
que las terminales. Muchos de los componentes que producen están
integrados por piezas importadas.
“Esta discusión sobre cómo se mide el contenido se
politizó. Se trata de una discusión eminentemente técnica
que no le importa a la gente”, sostuvo ante este diario una fuente
de Adefa. “A la gente le importan otras cosas, por ejemplo, si los
precios de los autos van a bajar o si con la expansión de la producción
se conseguirán más empleos”, agregó. “¿Esto
servirá para que los precios de los autos bajen?”, preguntó
este diario. “En la medida en que se bajen costos por la menor burocracia,
sí”, concluyó.
El objetivo inicial de aumentar el contenido nacional de piezas pretendió
buscar el desarrollo de cadenas de proveedores locales. Sin embargo, en
línea con una estrategia de diversificación global de la
producción, las automotrices y autopartistas ya estaban especializadas
regionalmente. El controvertido decreto presidencial 660 las llevó,
una vez agotada la vía argentina, a enfrentar la nueva imposición
desde el lado brasileño. Cabe recordar que las firmas instaladas
a uno y otro lado de la frontera son las mismas. El acuerdo firmado por
Botafogo Gonçalves y Tizado tendrá carácter retroactivo
al 1 de agosto, fecha en que comenzó a utilizarse el acuerdo entre
privados.
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