|
 La Oficina Anticorrupción
(OA) presentó una denuncia contra empleados de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que habrían estafado al
Estado en por lo menos 1700 millones de pesos con jubilaciones “truchas”,
mediante la violación del sistema informático de la entidad.
La presentación del organismo, dependiente del Ministerio de Justicia,
sostuvo que esos agentes de la ANSES supuestamente habrían violentado
el sistema informático para incluir como beneficiarios de jubilaciones
y pensiones a personas que no lo eran o actualizar y reajustar haberes
que no existían legalmente.
Según la presentación, también se detectó
la inclusión de aumentos en retribuciones a beneficiarios de la
ANSES hasta alcanzar varios millones de pesos al año, bajo “pretexto
de una sentencia judicial que así lo ordenaba, la que en realidad
no existía o no reconocía tal aumento”.
La denuncia fue presentada por el director de Investigaciones de la OA,
Manuel Garrido, y quedó radicada ante la jueza federal María
Servini de Cubría, dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.
Los empleados de la ANSES sospechados por las investigaciones de la OA
y que figuran en la denuncia son 15, aunque sus identidades no fueron
dadas a conocer por los voceros. Los hechos investigados estarían
incluidos en la presunta comisión de los delitos de “fraude
en perjuicio de la Administración Pública” y “asociación
ilícita”, según la denuncia. Los involucrados son operadores
del departamento de aplicaciones informáticas o de cómputos,
dependientes de la Gerencia de Liquidación de Sentencias de la
ANSES, organismo que la semana pasada fue intervenido por el gobierno
nacional mediante el nombramiento de Rodolfo Campero.
En un comunicado de prensa, Campero precisó que la denuncia fue
formulada ante la OA por su antecesor en el cargo, Melchor Posse, y el
director del Area Beneficios, Alberto López Bujanda, en marzo último
y se comprometió a profundizar las investigaciones. “Seguiré
investigando y previniendo el fraude informático que había
sido detectado durante la gestión de Posse y que fue oportunamente
denunciado ante la Oficina Anticorrupción”, precisó
Campero y adelantó que procederá a la “exoneración”
de los responsables, independientemente de las penas que les correspondan
penalmente por el delito.
Según el escrito de la OA, en la Gerencia de Liquidación
de Sentencias Judiciales y en el Departamento de Aplicaciones Informáticas
de la ANSES se habrían producido “irregularidades que por
su dimensión pueden haber afectado en gran medida el presupuesto
de esa Administración”. Las investigaciones llevadas a cabo
por los especialistas habrían detectado perjuicios para la ANSES
por un total de 1700 millones de pesos.
“Podemos afirmar que la maniobra consistía en que habría
entre los operadores, referentes, empleados del archivo y del sector de
cómputos una coordinación para detectar expedientes que
estaban sin movimiento, en los que difícilmente sus beneficiarios
se presentasen ante la ANSES, procediendo entonces a modificar sus haberes
con la excusa de un reajuste por sentencia judicial inexistente”,
se destacó en el escrito. De este modo se hacía posible
la actualización de los haberes mensuales y la efectivización
de importantes sumas de dinero en concepto de retroactividad.
|
María Julia
con imán judicial
María Julia Alsogaray sigue juntando manchas en su historial.
La Oficina Anticorrupción (OA) la denunció ante el
juez Gustavo Literas por haber facilitado una contratación
espuria a favor del estudio de Jaime Fernández Madero mientras
era liquidadora de Entel. También demandó a Gustavo
Danieri, que era coordinador general de la empresa de telecomunicaciones.
Sucede que adjudicaron el contrato, violando las normas, a una firma
contable cuando lo que se requería era un servicio de asesoramiento
penal.
La presentación fue hecha por Manuel Garrido, director de
investigaciones de la OA, en base a una auditoría realizada
por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que dirige
Rafael Bielsa. Y pide que se indague a Alsogaray y Danieri por los
posibles delitos de violación de los deberes de funcionario
público y administración fraudulenta. La “mañosa
contratación”, en términos de la 0A, estaba destinada
a realizar la certificación y liquidación de contratos
de obra pública. Lo que se requería era un servicio
jurídico. Sin embargo, “ninguna firma legal fue participada
ni invitada”, sino que sólo fueron convocados “estudios
de contabilidad y auditoría”, dice el texto de la denuncia.
Según Garrido se utilizó un sistema que “se asemeja
al de contratación directa”, sin que medie una selección
justa. El beneficiado Madero era, dice el documento, “un conocido
de la casa”, vinculado al parecer estrechamente al coordinador.
|
LA
MAGISTRATURA POSTERGO LA CITACION DE LIPORACI
Cuando el juez puede esperar
Por
I.H.
A pesar del intento
del consejero Pablo Fernández de citar a declarar al juez federal
Carlos Liporaci la semana próxima, la Comisión de Acusación
del Consejo de la Magistratura resolvió postergar el debate sobre
el tema para el martes que viene. Liporaci –el magistrado que investiga
los supuestos sobornos pagados a senadores– es investigado por presunto
enriquecimiento ilícito por el Consejo y por la Justicia Federal.
Su testimonio es un paso clave en el proceso que podría conducir
a su destitución.
“En función de la gravedad de la prueba con que nos hemos
encontrado, hemos planteado con el consejero (Fermín) Garrote la
citación del doctor Liporaci. En ese sentido voy a solicitar que
la citación sea urgente”, planteó ayer Fernández
en la reunión de comisión y pidió que su propuesta
se tratara sobre tablas. Fernández, que es representante de Diputados
en el Consejo, había presentado el lunes junto con Garrote un dictamen
basado en las presuntas “inexactitudes, omisiones y contradicciones”
en relación al patrimonio declarado por el juez, los ingresos familiares
y su nivel de gastos.
La pesquisa del Consejo fue promovida por los consejeros Juan Gersenobitz
y Eduardo Orio a raíz de una publicación periodística
que decía que Liporaci se había comprado una casa nueva
en Vicente López a 1,5 millones de pesos (aunque él después
aseguró que se la había comprado a 610 mil). Gersenobitz,
sin embargo, se opuso al planteo de urgencia de Fernández porque,
dijo, menos de un día no había sido suficiente tiempo como
para leer y analizar el dictamen. Y aclaró que su posición
es independiente de su evaluación sobre los argumentos que usó
Liporaci por escrito. “Con las pruebas reunidas se puede acusar al
juez. Ese dibujo de números que hizo no cierran por ninguna parte”,
señaló.
Garrote, por su parte, dijo que estaba dispuesto a posponer el debate
sobre la citación al juez que investiga las coimas en el Senado.
Miguel Pichetto reclamó que se respete la modalidad de trabajo
habitual de la comisión “y se emita un dictamen conjunto la
semana que viene”. Enojada, Lelia Chaya se quejó porque los
dictámenes que presentó “se incorporaron al orden del
día mucho tiempo después”. “Pido igualdad de condiciones”,
protestó. Incluso se opuso a que sea tratado en siete días.
Ya cerca del mediodía, después de una ardua discusión,
Fernández dijo que, dado “el consenso entre los consejeros
tendré que aceptar que se resuelva el martes 28”. De todas
maneras, la mayoría de los consejeros presentes daban casi por
hecho que el juez Liporaci antes de fin de año tendrá que
dar explicaciones sobre su fortuna y sus gastos.
|
